El feminicidio es un crimen de odio, basado en discriminación debido al sexo y las identidades y orientaciones sexuales; es una clara aversión hacia las mujeres y una expresión de la misoginia.
Chila Pineda Arboleda*
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, es pertinente hacer una reflexión sobre el feminicidio, como categoría de análisis; su naturaleza, alcance y características y la responsabilidad que le compete al Estado en la prevención, sanción y protección de la vida de las mujeres.
El concepto feminicidio sitúa su antecedente en la voz inglesa femicide, enunciado formulado en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Russell y Jane Caputi a principios de la década de 1990; las autoras incluyen en este concepto las muertes violentas de mujeres que se ubican en el extremo de un continuum de violencias que termina en feminicidio, cuya esencia remite al sustrato sexista de numerosos asesinatos y muertes de mujeres, presentadas neutras como homicidio, que oculta el signo androcentrista y patriarcal del fenómeno.
El concepto de feminicidio conduce a desarticular sistemas de creencias que naturalizan las violencias y revelan el carácter eminentemente político del asesinato de mujeres, como un producto de las relaciones de poder desiguales entre los varones y las mujeres.
La responsabilidad directa o indirecta del Estado en este fenómeno, dadas las deficiencias en el juzgamiento por parte del sistema jurídico, cuestiona el Estado Social de Derecho, la democracia y hace del feminicidio un drama humano que nos cuestiona como civilización. El feminicidio es un crimen de odio, basado en discriminación debido al sexo y las identidades y orientaciones sexuales; es una clara aversión hacia las mujeres y una expresión de la misoginia.
El feminicidio se fortalece por la indiferencia institucional, la responsabilidad social de quienes crean opinión y, como consecuencia, la tolerancia social a la violencia contra las mujeres; es una violencia ilegal, pero legitimada; encuentra en la cultura la naturalización de dicha violencia, a través de imágenes, símbolos, lenguajes que la legitiman.
La violencia basada en el género es integral y está validada en todo el orden social, la sociedad acepta que haya violencia contra las mujeres, la ignora, silencia, invisibiliza, desvaloriza, minimizan las violencias que van generando mecanismos violentos de relación y trato con las mujeres; al respecto dice Marcela Lagarde: «Identifico algo más que contribuye a que los crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: es la inexistencia del Estado de Derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo”.
Las mujeres tienen derecho a tener derechos
El feminicidio se define como el asesinato de mujeres por el hecho de serlo, es expresión de relaciones de inequidad, exclusión, subordinación e injusticia social. No es un asunto privado, sino un fenómeno histórico, de orden social, que ocurre para perpetuar el poder masculino en las sociedades patriarcales y capitalistas.
El feminicidio también se define como el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres, basadas en que las mujeres son usables, prescindibles, desechables, maltratables con monumental crueldad[1. El Tiempo.com virtual, noviembre 18 de 2016. “en lo corrido del año en el Valle, incluido Cali, 124 mujeres han sido asesinadas y 10 de esos casos reúnen las características de feminicidio. En la unidad de cuidados intensivos del hospital San José de Buga permanece una mujer de 44 años, cuya identidad reservamos, que fue atacada, abusada y empalada en su residencia. Tiene daños cerebrales, además, la agresión le produjo afectaciones en un pulmón y ya se le han hecho seis cirugías.], es una violencia paulatina y creciente, antes de que haya un golpe suele haber gritos, empujones, amenazas y otras formas de maltrato; a manos de sus esposos, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o desconocidos[2. Para el 2016 según el registro de la Defensoría del Pueblo, en el país 6.219 mujeres han reportado algún tipo de amenaza, de las cuales 1.658 son catalogadas críticas. El 50% de las amenazas provienen de compañeros sentimentales, el 30% de exparejas y el 10% de esposos y novios.]; identificar estas conductas y actuar sobre ellas oportunamente hace que la violencia se reduzca o finalice; cuando no se enfrenta la situación o no se identifican las señales de alarma, puede aumentar el riesgo de muerte.
Estos hechos no son el producto de casos inexplicables, o de conductas desviadas o patológicas; por el contrario, son el producto de un sistema estructural de opresión, la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado, mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las mujeres. Si esto no es comprendido también por los operadores de justicia, lo que ocurre es que se ahondan las inequidades y la violencia estructural aumenta, creando prácticas sociales, políticas y culturales sistemáticas y generalizadas, dirigidas a las mujeres por ser mujeres. Es una tarea revolucionaria de hombres y mujeres de izquierda defender la vida y los derechos de las mujeres
Lo privado es político
Las feministas han demostrado que lo privado es profundamente político, lo que permitió descubrir las múltiples violencias, físicas, psicológicas y sexuales, que se ejercen como un poder sobre los cuerpos y las mentes de mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido las feministas de todos los pueblos del mundo han luchado por devolver su cuerpo y dignidad a las mujeres. Un Estado que no prevenga, investigue o sancione con la debida diligencia el feminicidio ya sea que se cometa en la esfera pública o privada, incumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres[3. En el año 2016, febrero comienza con altas cifras de feminicidios, abusos policiales contra trabajadoras sexuales y casos de violencia en contra de las mujeres por parte de altos funcionarios públicos que deberían garantizar sus derechos, fuente: Red de Derechos Humanos del Sur Oriente Colombiano].
Poner en práctica el principio de igualdad lleva necesariamente a la adopción de medidas institucionales, sociales y culturales adecuadas para poner fin a la exclusión o restricción de derechos. Este principio, que está en los acuerdos de La Habana, se constituye en un reto su implementación a profundidad y poner fin a las profundas desigualdades, que nos colocan como uno de los países con una precaria democracia y más desigual.
Leyes:
Se ha avanzado en una normatividad internacional[4. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belém do Pará, cbdp)] y nacional para la protección de las mujeres, el número de países de América Latina y Caribe que han tipificado el feminicidio en sus leyes penales subió de cuatro a 16. En Colombia tenemos la ley 1257 de 2008[5. Ley 1257 de 2008. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.], la ley 1761 del 6 de julio de 2015[6. Ley Rosa Elvira Cely o de feminicidio, como delito autónomo. Ley propuesta por la Honorable Senadora Gloria Inés Ramírez.], la ley 1773 del 6 de enero de 2016[7. Ley Natalia Ponce, contra los ataques con agentes químicos. En el 2015 se registraron 92 casos de ataques con ácido contra las mujeres, para 2016 hasta la fecha van 12 casos.], herramientas jurídicas para la adopción de medidas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencias públicas y privadas. Es urgente poner en práctica esta normatividad.
Cifras:
Según Medicina Legal, en Colombia, en el 2010 fueron asesinadas 1.303 mujeres, en el 2011, hubo 1.215 feminicidios, en el 2012 se registraron 1.146 casos, en el 2013 fueron asesinadas 1.163 mujeres, en el 2014 ocurrieron 1.007 feminicidios, entre 2014 y finales de octubre de 2015 se habían presentado 1.481 feminicidios; lo que significa un incremento de este flagelo, hasta junio de 2016 se registraron 399 feminicidios y 1.321 casos de violencia sexual, para el mismo periodo; de 2004 a 2012, se estima que cuatro mujeres fueron asesinadas diariamente; en los casos que una persona es asesinada por su pareja, en el 81% de ellos la víctima es mujer, entre el 2010 y el 2015 solo el 3,6 por ciento de los procesos fueron tramitados por la Fiscalía y hubo una sentencia condenatoria, lo que significa el 90% de impunidad.
El enfoque de género, satanizado de manera irresponsable por sectores religiosos y la ultraderecha en la discusión sobre la paz, es lo que necesitamos incluir e implementar en los acuerdos de La Habana y en todos los tipos de violencias de Colombia.
Acción política
En contexto de amenaza a los acuerdos de La Habana, por parte de la ultraderecha colombiana, las mujeres este 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, marchamos hacia la Plaza de Bolívar, con las mujeres del Chocó, las cantaoras de Bojayá, las de Putumayo, el Cauca, Nariño, Valle, Tolima, con la exigencia de la implementación de los acuerdos ya, y derechos para una vida digna, el buen vivir para mujeres y hombres y no más feminicidios.
