Camilo Rueda Navarro
La cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos volvió al debate público este fin de año, luego de que sectores políticos cuestionaron, una vez más, la veracidad y magnitud de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en el marco del conflicto armado.
Este número fue establecido por la JEP en el 2021, tras sus investigaciones por el caso 003, que se ocupa de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”. Se trata de civiles asesinados por miembros de la fuerza pública y presentados como guerrilleros abatidos en combate, una práctica que se extendió especialmente en el periodo 2002-2008, en el contexto de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La investigación de la JEP ha permitido corroborar que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica. Sin embargo, algunas uribistas, han cuestionado esta cifra, calificándola de inflada y sin evidencia suficiente, en una conducta propia de negacionismo.
Esta postura ha desencadenado ataques, burlas y amenazas contra las Madres de Falsos Positivos. El representante a la Cámara Miguel Polo Polo atacó una muestra artística en el Congreso de la República que rendía homenaje a las víctimas, muestra compuesta por botas de caucho, que se han convertido en símbolo de su causa.
La JEP rechazó esta actitud y la consideró como un “acto de odio” y una “falta de respeto hacia las víctimas, que han luchado por la memoria de sus seres queridos”. Además, la JEP reveló la identidad de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ya confirmadas, lo que representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos crímenes.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el negacionismo de los falsos positivos, que minimiza los hechos y estigmatiza a las víctimas. Contrarrestar el negacionismo es vital para salvaguardar la memoria y aportar a la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado.
