viernes, junio 14, 2024
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Estatales: Negociación para un millón 200 mil empleados

Los trabajadores hacen sus peticiones antes de las discusiones que habrá en el Congreso de la República sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Salarios, ampliación de plantas y estabilidad, temas medulares

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

De no lograrse acuerdos entre los empleados estatales y el Gobierno Nacional, habrá un cese de actividades. Así lo determinó el encuentro nacional sindical realizado el pasado mes, en el que participaron 500 delegados de alrededor de 160 sindicatos de todo el país.

El pliego que fue presentado con una movilización en Bogotá, el pasado 26 de febrero, busca mejoras laborales para un millón doscientos mil empleados públicos del orden nacional y consta fundamentalmente de cuatro puntos:

Un reajuste salarial en el que solicitan un porcentaje igual a la inflación del año 2014 más nueve por ciento, en la perspectiva que el incremento de los estatales siempre ha sido menor al del salario mínimo. En 2014, el aumento del mínimo fue 4,5 y para los estatales 2,92. “En los últimos 10 años los estatales han perdido el 10 por ciento de poder adquisitivo de sus mesadas”, argumenta Francisco Maltés, del ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

El segundo tema es la nivelación salarial para cumplir el precepto constitucional: a trabajo igual, salario igual. “Actualmente, una auxiliar de enfermería que necesita sexto de bachillerato y un curso del SENA de 600 horas, en Bogotá se gana un millón cuatrocientos mil, pero si se fuera a Pasto ganaría el salario mínimo, teniendo los mismos requisitos y las mismas funciones. Así hay casos en todos los cargos de la administración pública, por eso la importancia de este punto”, explica Francisco Maltés.

También está la ampliación de las plantas de personal o un ataque a la tercerización. “Hay un estudio de la DIAN que dice que hay alrededor de un millón de tercerizados en las entidades del Estado. Por eso exigimos que el Gobierno cumpla las sentencias 614 y 171 que es para el sector salud, y que se inicie un proceso de ampliación de plantas en todas las entidades, que se haga lo mismo que se empezó a hacer en el SENA”.

En este punto se recogen los intereses de los contratistas en todo el país, quienes están vinculados al Estado por outsourcing, cooperativas de trabajo asociado, SAS, prestación de servicios y otras formas deslaboralizadas.

Por último, está la financiación de la salud, la educación y la justicia; que se asuma la deuda de las EPS con los hospitales, el pago de la deuda con los profesores de educación primaria, secundaria y universitaria, y un aumento de presupuesto. De la misma manera para la rama de la justicia, donde debe haber una ampliación de planta y la conversión en salario de las actuales bonificaciones.

Crisis: el pretexto

El petitorio también contempla la exclusión del Plan Nacional de Desarrollo, PND, de artículos que atentan contra los derechos de los trabajadores y otros que pretenden cortar los subsidios a los servicios públicos de los estratos más bajos de la población.

Acerca del contexto socioeconómico en el que se desarrollará la negociación y un PND al que se le han recortado billones de pesos, el dirigente de la CUT anota: “Creemos que hay un modelo económico erróneo por parte del Gobierno que ha privilegiado al sector minero-energético sobre la industria y el agro. Creemos que es un error económico importante, eso tiene que ver con la actual crisis económica.

“El gobierno ha anunciado que va a recortar el presupuesto para la presente vigencia fiscal en seis billones de pesos, 4.8 billones para inversión, lo que quiere decir que van a disminuir los recursos para salud, para agua potable. Para funcionamiento anunció que se recortarán los recursos en 1.2 billones de pesos; con funcionamiento es que se pagan salarios.

“El argumento nuestro tiene que ver con lo siguiente: cuando la economía iba bien, cuando el precio del petróleo estaba a más de 100 dólares, nunca se hicieron aumentos a los empleados estatales por encima de la inflación. Es decir, un aumento digno, con el falso argumento que había que ahorrar para las épocas de crisis; decían que si nos aumentaban los salarios se generaba inflación y ahora que estamos en crisis tampoco se puede.

“Esto lo que demuestra es que ha habido una política del Gobierno en contra de los derechos de los empleados estatales. Y, por supuesto, vamos a exigir que la crisis no la paguemos nosotros, ya que no somos los causantes de ella, sino que debe darse una reforma tributaria que aumente los impuestos a la renta y los impuestos progresivos -como dice la Constitución-, se desmonten las exenciones que hay al capital que cuestan cerca de 10 billones de pesos al año y por supuesto que se persiga la evasión. El director de le DIAN ha dicho que por evasión al año Colombia pierde 15 billones de pesos. Si vemos todo eso, hay recursos que van más allá de lo que le hace falta al presupuesto nacional”.

Para la negociación entre los representantes del Gobierno y de los trabajadores, se instalará una mesa principal con tres voceros de cada central obrera y tres de las federaciones estatales. También se abrirán otras siete, cada una para sectores como salud y justicia, con la idea de vincular a todos los trabajadores del Estado.

La negociación debe durar 20 días, prorrogables otros 20, tiempo en el que caerá una gran responsabilidad en la mesa central porque tratará que las demás vayan al mismo ritmo. Asimismo, se deberá articular y coordinar con las mesas que negociarán los trabajadores de alcaldías, distritos y hospitales, en el territorio nacional.

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