Yezid Arteta, ex miembro de las FARC, explica por qué ahora la paz sí es posible.
Si yo quisiera, por ejemplo, laborar en una biblioteca pública de Barranquilla, trabajar de maestro de religión en una escuela de primaria estatal en una vereda remota del departamento de Vichada o aspirar al Concejo municipal de Cartagena del Chairá, no podría. La razón es muy simple: Hice parte de la guerrilla y aunque pasé 10 años y 12 días físicos en la prisión pagando una condena, la pena accesoria que me impuso un juez de la república me impide contratar con el Estado o aspirar a un cargo de elección popular. Es lo que dice el actual marco constitucional de Colombia y contra esto no valen aleteos.
He sido testigo de cuatro procesos de paz con las FARC. Dos los viví en el monte. Uno lo vi por televisión desde una celda. El actual lo vivo desde el exilio. Con distintos lenguajes, el gobierno de Santos y la guerrilla de Timoleón están demandando la ayuda de la sociedad colombiana a fin de que entre todos encontremos la manera de cerrar el ciclo de violencia política. Dejarles la guerra a los historiadores para que, escribiendo libros y dictando conferencias, continúen ganándose noblemente el pan.
Al Gobierno de Santos le doy el crédito de ser el único en la historia del conflicto que tiene, por ahora en el papel, una visión estratégica sobre la paz. En el pliego que leyó el comisionado Sergio Jaramillo en la Universidad Externado prima la idea de una “paz territorial”, un viejo reclamo de los marginados, violentologos y demagogos. Humberto de la Calle, por su parte, escribe, en términos pedagógicos y con cierta nostalgia kantiana, que el concepto de justicia no se puede ceñir a lo penal, tal como lo piensan los tinterillos y los juristas de ocho cuartos.
Con las políticas de las FARC se puede estar o no de acuerdo, pero hay que reconocerles que le están picando la cresta al gallo. Leen un comunicado en La Habana y se abre el debate. Para la salud pública es mejor debatir ideas que contar muertos. Lástima que metieron en un mismo saco el cuento del aplazamiento de las elecciones con otras ideas bien puestas. Querían decirlo todo al tiempo, cosa que a veces no es buena, y los redactores de noticias, como siempre sucede en estos casos, se quedaron con el grano y le dieron la paja a la gente. Los delegados de las FARC hablan de seguridad jurídica para todos los combatientes –guerrilleros y militares-, comisión de la verdad, identificación de todas las víctimas, en fin, de todo lo que se grita en las calles, se pide en los foros y se murmura en las sociedades secretas.
Para las FARC la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una idea fija desde cuando se quedaron por fuera de la que fue elegida el 9 de diciembre de 1990. Ese día, mientras la gente votaba, el presidente César Gaviria ordenó bombardear y asaltar el cuartel general de las FARC en la quebrada Las Mil. Esa mañana yo estaba cruzado de brazos con un fusil colgado en el hombro viendo votar a los campesinos en un caserío nariñense cuando nuestro radista nos pasó la chiva. Nos miramos las caras con los lugareños y nos dijimos: No queda otra, vámonos, seguimos con el rollo de los tiros. Esto es historia. Hablemos del presente.
Es ingenuo pensar que las FARC quieran que otros hagan política por ellas. Desean hacerla ellos mismos. Se han ruñido el cuero por su causa y es justo que reclamen su medalla. El problema es con qué combatientes van a participar en la vida política legal -sin armas, por supuesto- si, como dicen los más gritones, todos tienen que ir a la cárcel.
El delito político existe formalmente en la legislación colombiana y por esta razón se pueden conceder amnistías e indultos a los delincuentes políticos. La legislación internacional también lo contempla y por eso se habla de refugio y asilo.
Pero en realidad el delito político no existe en Colombia. ¿Por qué? Muy sencillo. La Corte Constitucional le dio la razón en 1997 al general Harold Bedoya Pizarro, quien demandó el parágrafo del artículo 127 del Código penal de entonces, que contemplaba la conexidad de la rebelión con otros delitos como el homicidio en combate y otros tipos penales de naturaleza común.
Los jueces de la Corte, influidos por el romanticismo decimonónico, declararon la inexequibilidad del parágrafo del artículo 127 argumentando que la rebelión se debía consumar de manera pura, virginal. En otras palabras, en Colombia había que hacer la rebelión a gritos y empujones y no con armas, como lo han sido todas las rebeliones desde los tiempos de Caín. La mayoría de los jueces del alto tribunal echaron los tratados de Luis Carlos Pérez a la basura. Sólo los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero se opusieron a la sentencia e hicieron salvamento de voto.
A partir de ese fallo la casi totalidad de los rebeldes capturados o condenados in absenta pasaron a ser delincuentes comunes y por tanto no se les puede amnistiar o indultar según la Constitución vigente. La rebelión se volvió un agravante del delito común. En estricto derecho, como decía mi inquietante profesor de derecho procesal, encontrar “rebeldes puros” en las filas de la guerrilla colombiana es una tarea para brujos.
Hacer una quita del artículo que impide a los exguerrilleros participar en política. Hacer una quita del artículo que da facultades a un solo hombre de liquidar de por vida a un político que le caiga mal, como sucedió con Piedad Córdoba y otro por allí. Hacer un artículo para sacar del hueco a los militares que les estuvieron cuidando el trasero a muchos políticos. Hacer un artículo que dé facultades al presidente para otorgar perdón a quien fue condenado por error o por razones de interés público. Quitar y poner artículos. No es fácil en un país donde todo el mundo se cree abogado. Sale más barato convocar una Asamblea Nacional Constituyente que haga la faena de un solo tirón.
El Gobierno y las FARC pueden firmar, como clamamos todos, un arreglo político en La Habana. Acuerdo que hay que refrendar por vía popular. Es un acuerdo político que requiere una arquitectura jurídica resistente. Atemporal. Que pueda resistir el paso del tiempo y salir ileso de los ciclones políticos de ahora y del futuro. Un diseño jurídico que permita al Estado colombiano cumplir sus obligaciones internacionales y no quedar como un hampón ante el mundo. Una construcción legal que deje en firme el futuro jurídico de los combatientes. Una obra que garantice el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.
Hay que pasar del bla bla al esbozo de la fórmula. Si los juristas colombianos no son capaces de encontrar un diseño legal que asuma con realismo el tiempo de guerra que vivimos y advierta un tiempo de paz, quiere esto decir que las escuelas de derecho del país se quedaron sin imaginación. Cuando un país se va quedando sin imaginación… todo termina pudriéndose… como Celia.
