En el Huila piden justicia ante la JEP

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Víctimas de crímenes cometidos por el Ejército son escuchadas por la JEP

27 militares son señalados de asesinar a 255 campesinos y hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Familiares le piden a la JEP que les garanticen la verdad y la justicia

Carolina Tejada

El departamento del Huila está considerado como uno de los territorios claves del país y por el que las agrupaciones armadas se han disputado su control territorial. El  departamento del Huila está ubicado en la región andina y limita con departamentos como el Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y el Cauca.

Esta posición geoestratégica, además de ser una región de muchas experiencias de resistencia social y política, ha estado marcada por varias olas de violencia que, como saldo, según el Registro Único de Víctimas, con corte del 30 de abril, existen 223.494 que declararon algún hecho víctimizante, entre estos 198.451 declararon desplazamiento forzado, 23.605 homicidio y 3.206 declararon desaparición forzada.

Producto de estos niveles de violencia y luego del Acuerdo de Paz, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Obsurdh y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, identificaron y sistematizaron varios hechos en contra de la población civil, solo en la temporalidad de 2003 al 2009, en que unidades militares del Batallón de Infantería N°26 ‘Cacique Pigoanza’ y el Batallón de Infantería N°27 Magdalena (BIMAG) y de la IX Brigada, son señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad.

En total, el Obsurdh documentó 127 hechos con 255 víctimas y 19 aún sin identificar en los que los municipios de mayor ocurrencia son: Garzón, Pitalito, Neiva, Gigante, Acevedo, Algeciras y San Agustín. Estas cifras de crímenes, los testimonios de sus víctimas fueron presentados ante la JEP como el Caso 03, en Audiencia de observaciones de las víctimas, Subcaso Huila, durante los días 16 y 17 de mayo en la ciudad de Neiva.

Hay que decir que, en la temporalidad de esta investigación, en Colombia se ejecutó la Política de Seguridad Democrática plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, del gobierno de Álvaro Uribe.

“El dolor y la soledad”

Eran padres, hermanos, primos, tías, esposos, hijas e hijos que desarrollaban labores como campesinos, como escolta, publicista, vendedor ambulante, entre otros, sus familias le piden a la JEP, que estos casos no queden en la impunidad pues, durante años, han estado cargando con su “dolor y la soledad que se siente” tratando de buscar la verdad y exigiendo justicia, como menciona Esther Julia Trujillo, madre de Wynther Jackso Trujillo, asesinado en Garzón en el 2007.

En el marco de la audiencia se escuchó a las familias víctimas, con el propósito de que sus opiniones sobre la información entregada en las versiones voluntarias sean tenidas en cuenta en las próximas decisiones del subcaso. Esta jornada se dio inicialmente, con la escucha por parte de la magistratura de un total de 16 víctimas en la Audiencia Pública de Observaciones Orales a las versiones voluntarias, quienes ofrecieron su testimonio sobre la forma en la cual estos crímenes fueron cometidos.

“Me mataron a mi esposo delante de mis hijos y en el patio de la casa (…) su mamá no pudo con el dolor, está discapacitada porque ellos (los soldados) lo mataron y le pusieron las armas delante de ella” luego de estos hechos, asegura Elsa Díaz, su esposo, Saúl Ortiz, fue presentado como baja en combate por los medios de comunicación.

En los testimonios las víctimas reconstruyeron las historias, contaron quienes eran sus familiares y la forma en la que el Ejército Nacional se los llevó y los asesinó. El documento producto de la investigación que elaboraron entre el Observatorio y el Cajar, consiste en un análisis cualitativo que permitió la constatación de la información obtenida en las diligencias en las que fueron oídos los militares sobre su conocimiento y participación en los crímenes investigados y perpetrados en el Huila.

Igualmente, “se argumentó la existencia de un contexto general en el cual fueron ejecutados los crímenes; las serias contradicciones sobre la presentación hecha por los comandantes e integrantes de las planas mayores de las unidades tácticas y el estado mayor de la unidad operativa menor antes mencionadas sobre el ambiente operacional; el contexto normativo sobre el cual se promocionó y aseguró impunidad para los responsables de estos hechos victimizantes, entre otros aspectos relevantes para concluir la existencia de dos patrones macrocriminales”.

Uno de los patrones que asegura el equipo de trabajo de estas dos organizaciones se configuró en estos crímenes, fue el del asesinato de personas fuera de combate señaladas de ser delincuentes comunes, milicianos o guerrilleros o de ejecutar actividades delictivas en las jurisdicciones de las unidades tácticas de forma previa a su reporte ilegítimo como bajas en combate.

El otro patrón fue la selección de personas vulnerables, aparente desarraigo, por parte de los militares involucrados, para trasladarlos con engaños o a la fuerza desde sus lugares de procedencia hacia los sitios en los que posteriormente fueron asesinados y presentados ante los medios como bajas, evidenciando la efectividad de la política de seguridad democrática del gobierno nacional.

El dolor y la soledad, dicen las víctimas, ha estado marcado por la ausencia de justicia, desconfianza en las instituciones, el señalamiento y el daño al buen nombre que el Ejército hizo de sus familiares y que los medios de comunicación, sin investigaciones profundas, replicaron, ayudando a profundizar el dolor.

La búsqueda de verdad y justicia

“Todos tenemos que morir, pero de esa forma no lo aceptamos”, expresa Eyra Urquina, hermana de Ever Urquina, quién fue asesinado el 17 de enero del 2008 por miembros del batallón Magdalena, compañía Azteca en una zona boscosa del municipio de San Agustín. A Ever también lo reportaron como guerrillero dado de baja en combate. Según su hermana, “nosotros iniciamos la búsqueda de la verdad, porque sabíamos que no era un guerrillero o un delincuente como se intentó tildar en esa época y a cada uno de nosotros nos pasa igual”.

El joven, luego de ser asesinado; lo hallaron como NN en San Agustín, “luego hicimos el proceso para trasladarlo a Pitalito. Pero no todo acabó ahí, luego de hallarlo empezaron las persecuciones de miembros del Ejército o allegados al Ejercito, a hacernos intimidaciones, a hacer seguimientos, a preguntar a mis hermanos que viven en la finca cuantos éramos en la familia, qué hacíamos, dónde vivíamos, cuántos perros teníamos (…) A mí me amenazaban, nos decían “es mejor que dejen las cosas así, el Ejército somos muchos”.

“Nosotros dijimos no nos dejemos intimidar, unámonos como familia porque en ese entonces no podíamos confiar en el Estado, en nadie. Y con los que nos comunicábamos nos decían que no hiciéramos nada por aquí si no por Bogotá, precisamente gracias a dios encontramos al Cajar, y nos ha venido apoyando en ese proceso”.

El miedo de las familias sobre el Ejército creció, según Eyra, “mis hijos no podrían salir tranquilos, el dolor que ellos cargaban contra el Ejército, nosotros le teníamos miedo al ejército, pero como digo no fueron todos, entonces empezamos a sanar ese dolor. Y hoy queremos buscar en ellos esa verdad, esa verdad sincera, esa verdad que llene nuestros vacíos y el dolor que cargamos, que podamos subsanar tanto sufrimiento y estamos dispuestos, yo estoy dispuesta, a darlo si ellos de verdad lo hacen sinceramente”.

Luz Mary Martínez, es hermana de Jaime Martínez Rodríguez, lo sacaron de su casa y lo asesinaron, ella mencionó que no podía decir mucho porque los comparecientes no los han llamado, dirigiéndose directamente al coronel Jaime Lasprilla, y pide que digan la verdad, “porque sacaron a mi hermano de la casa, porque lo asesinaron, él era quien respondía por mi madre, mi mami tiene 87 años, es discapacitada, él era el que veía por ella, trabajaba e iba cada ocho días y le hacía el mercadito y volvía a irse a trabajar”.

Luz Mary relata que su madre le había servido la comida para que cenara y a las 7 de la noche se lo llevaron.  Jaime “fue torturado, a mi hermano le pegaron ocho tiros, y de esos ocho tiros (…) él no tiene orificios en la ropa para nada, le metieron un culatazo con un fusil y le hundieron corazón, pulmones, riñones, todos los órganos se los explotaron, hicieron con él lo que quisieron (…) mi hermano no era ningún guerrillero”.

Sobre este caso se propuso la consideración de once máximos responsables del BIPIG y dieciséis del BIMAG en la imputación que la Sala realice en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas por la comisión de los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada y crímenes de guerra de homicidio en persona protegida. Se espera que con JEP se haga justicia.