Comunidades campesinas en el Magdalena Medio se movilizan en contra de licencias ambientales para la explotación minera que favorecen a la multinacional Colcco S. A.
Comunicaciones Credhos
Desde el pasado 9 de enero, las comunidades campesinas de municipios de San Vicente de Chucurrí, el Carmen de Chucurrí y Barrancabermeja, se dieron cita a la altura de La Lizama, vía panamericana, con el objetivo de cerrar totalmente la carretera ante el rechazo e indignación por la aprobación de la Licencia Ambiental FLL-082 que la Corporación Autónoma de Santander le otorga a la multinacional Colcco S. A. para la explotación de carbón a cielo abierto en territorios de gran importancia para las comunidades.
“Las comunidades campesinas nos hemos declarado en asamblea permanente, con el objetivo de rechazar el otorgamiento de la licencia ambiental a la minera Colcco, en el que se verían afectadas cerca de 2.000 hectáreas en el Carmen del Chucurí”, manifiesta Oneida Suárez activista defensora de la naturaleza, opositora a la minera y el fracking.
La licencia citada no solo ignoró el ordenamiento comunitario de las comunidades, sino también las apuestas productivas agrícolas y la riqueza ambiental del territorio. “De acuerdo con el cotejo de las personas y sus vivencias territoriales, no están delimitadas las fuentes hídricas en el estudio de impacto ambiental. No existe la totalidad de los cultivos, el estudio demográfico tiene falencias, los polígonos dicen que no hay existencia de fuentes hídricas alrededor de las zonas que buscan explotar”, asevera Oneida.
Licencia asesina
Edwin Fabián Romero Morato, habitante del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, manifiesta que “son 1.949 hectáreas, que comienza desde la vereda Rancho Grande y los Aljibes y termina en la vereda Palmira del municipio de San Vicente. Nosotros los campesinos no queremos abandonar nuestros territorios, queremos seguir en las montañas cultivando la soberanía alimentaria”.
Frente a esa arremetida ambiental, las comunidades campesinas han desarrollado una serie de acciones con el fin de resistir a la “licencia asesina”. Exigen que se “revoque la licencia ambiental, de acuerdo a los vicios en los que fue dada y de acuerdo a todas las cosas que se pasaron por encima desde un escritorio y que existen en los territorios”, dice Oneida.
Además, este proyecto mega minero, puede impactar en corto plazo a la serranía de los Yariguíes, “porque esta licencia contempla la sustracción de terrenos de la Zona Protegida de la Serranía de los Yariguíes. El polígono de explotación que ellos demarcan como zona de interés, está arriba de la bocatoma de los acuíferos importantes”.**
Este megaproyecto también contempla el desplazamiento de territorios que son habitados por campesinos y campesinas. Este es el caso de Camilo Ochoa, un joven que resiste para que su hogar no sea desplazado de la zona donde nació, creció y se formó.
“Estoy acá resistiendo en nombre de mis compañeros y de mi familia, evitando que la licencia asesina entregada a la multinacional Colcco llegue a nuestros territorios, lleguen a saquearlos y repetir lo mismo que se realizó en la época de la colonia. Vengo a proteger lo mío, mi casa, la casa de mis padres, porque nosotros estamos dentro de lo que quieren ocupar y explotar. Estoy a punto de perder mi hogar, mis padres están a punto de perder el único bien material que tienen en la vida”, exclama con indignación Camilo.
Frente a las amenazas
Después de cuatro días de agitación y protesta en el sector de Oponcito, Lizama y Campo 23, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, emitieron un comunicado señalando su oposición y rechazo ante las protestas realizadas por las comunidades. En el documento amenazan a los líderes y lideresas que allí resisten.
“Esas han sido formas de coaccionar y amedrentar las acciones adelantadas por las comunidades, que están denunciando el impacto ambiental que ocasiona este tipo de producción económica extractivista”, manifiesta María José Hernández, consejera de juventudes de San Vicente de Chucurrí.
No obstante, los manifestantes han sido en múltiples ocasiones hostigadas mediante la toma de fotografía y seguimientos por desconocidos. “Han hecho todo lo posible por imponer el miedo y temor en nosotros”, comenta María José.
Las amenazas han sido constantes hacia los líderes y lideresas sociales, señalándolos de objetivo militar, tal cual como lo mencionan los comunicados emitidos los días 13 y 15 de enero y el último comunicado emitido el 27 de enero por las AGC, en el que declaran a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones sociales de objetivo militar, por el respaldo, apoyo y acompañamiento a las diferentes jornadas de movilización y protesta social. La respuesta de las comunidades ha sido: “Así nos cueste la vida, no vamos a abandonar el territorio”.
Los acompañamientos
Dada la importancia y el gran impacto ambiental que produciría este proyecto mega minero, diferentes organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, apoyaron estas jornadas de protesta recalcando la exigencia de revocación de la licencia ambiental a Colcco.
“Sabemos que la riqueza de nosotros es el agua y el suelo y de esta forma nos unimos con los compañeros y compañeras, porque donde se pretende hacer un proyecto mega minero es atentar contra la seguridad alimentaria, la vida y el agua”, manifiesta Yuli Andrea Velásquez presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan.
Así mismo, estos acompañamientos de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, han sido la forma de respaldar la justa lucha social y ambiental de las comunidades que exigen vida digna y permanencia en el territorio.
Las respuestas de las autoridades regionales
Al tercer día del paro, Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, director de la CAS, estuvo en el sitio de la protesta pacífica, escuchando a las comunidades y visitando la zona. En asamblea, las comunidades le exigieron al funcionario visitar la zona, debido a que esta licencia y sus otorgadores no conocían el impacto de esta licencia en el territorio. “El director de la CAS no conoce la riqueza ambiental y agroalimentario que tiene la zona donde se piensa desarrollar este proyecto minero”, manifiesta Oneida.
Sin embargo, el lunes 16 de enero, la CAS dio a conocer un comunicado en el que exponía en ocho puntos su respuesta ante la problemática planteada por las comunidades y en el que manifiesta que “está a la espera del concepto técnico del Ministerio de Medio Ambiente”.
“Todas estas entidades vienen con pañitos de agua tibia”, responde Oneida Suárez, ante las diferentes visitas que han realizado la CAS, la Gobernación de Santander, la ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente. Hasta el momento el deber ser de la CAS, es abordar y solucionar esta problemática, “lo que queremos es que se revoque la Licencia Ambiental que emitió la CAS para la explotación de carbón a cielo abierto en el territorio”.
Ante ello, las comunidades requerían la presencia del Gobierno nacional, escuchando las problemáticas y abordando el tema, ante la necesidad de un país que avance hacia la transición energética.
Fue así, como después de casi 15 días de resistencia en las vías de los municipios de San Vicente, el Carmen de Chucurrí y Barrancabermeja, arribó a la capital petrolera de Colombia, una delegación de viceministras y viceministros, quienes establecieron un escenario de diálogo con las comunidades.
Fueron cerca de 12 horas de discusión en torno a las exigencias por parte de las comunidades, en el que se concertaron restaurar el paso del tráfico y establecer garantías para la no estigmatización de los manifestantes y la solución inmediata a este conflicto socio ambiental.
