jueves, marzo 28, 2024
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Justicia para la Unión Patriótica

Editorial VOZ 3159

Varias figuras públicas colombianas se han ufanado en muchos espacios de que nuestro país constituye el gran ejemplo de solidez democrática de América Latina. Sin embargo, el devenir del siglo XX muestra que tal afirmación se cae por su propio peso.

Luego de los años de la violencia, que se dieron en medio del estado de sitio y de un régimen donde el poder legislativo quedó prácticamente sometido al ejecutivo, se le prometió al pueblo colombiano el retorno a la democracia y el avance de la paz. En lugar de ello se instituyó un régimen de democracia restringida, monopolizado por los partidos tradicionales y donde se violaron muchas libertades civiles.

Para 1980 en el mandato de Julio César Turbay, con el Estatuto de Seguridad, el país superaba la cifra de desaparecidos bajo las dictaduras militares de Pinochet en Chile y Videla en Argentina. El Estatuto concedía facultades de policía a las fuerzas militares, permitió el juzgamiento de civiles en consejos de guerra verbales y puso al país bajo estado de sitio.

Bajo las banderas de la seguridad se encubrió el objetivo central del poder en Colombia: frenar las luchas sociales. El Estatuto de Turbay se conectó con la doctrina de seguridad de los Estados Unidos que, bajo la política de Guerra Fría, inscribió al Estado colombiano en la lógica de la guerra contrainsurgente, considerando a los sectores populares organizados como la principal amenaza a la seguridad.

El campesinado, la clase obrera, el estudiantado, los comunistas, sectores de la izquierda, quienes luchaban por la vivienda digna, eran potenciales enemigos de la nación.

Todo esto ocurría mientras los presidentes, electos en las urnas, se sucedían en medio de los marcos constitucionales. Esto era posible porque siempre que el monopolio del poder de las oligarquías bipartidistas se veía puesto en tela de juicio, y con ello los privilegios de las élites sociales, la violencia oficial aseguró el freno al auge popular.

El tratamiento militar a proyectos políticos alternativos como el gaitanismo o la Unión Nacional de Oposición, o las diversas experiencias de poder popular que se dieron durante toda la pasada centuria dan fe de lo anterior. Precisamente la Unión Patriótica se inscribe en esta historia.

La UP surgida del esfuerzo de paz entre la insurgencia de la FARC y el Gobierno nacional presidido por Belisario Betancur, representó los más profundos anhelos de cambio en amplios sectores de la sociedad colombiana. Tal cosa se vio en las conquistas de la colectividad en los procesos electorales de 1986 en adelante, cuando por primera vez un tercer partido político, de carácter popular, representó un desafío abierto al bipartidismo logrando numerosos escaños en distintas corporaciones públicas, el Congreso de la República y los gobiernos locales.

Los poderes tradicionales le cobraron el atrevimiento de la UP desatando una campaña de exterminio sistemático, que llevó no solo al asesinato de las figuras más visibles de la organización, que lograron importantes cargos públicos, sino que también implicó la desaparición de líderes viviendistas, sindicales, comunales y culturales, que cotidianamente trabajaban para lograr las principales reivindicaciones sociales del pueblo colombiano.

En lo corrido del siglo XXI instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, han establecido que la UP fue objeto de un genocidio que cobró la vida de cerca de 5.000 personas adscritas a la organización. En este exterminio, ejecutado por casi tres décadas, han tenido responsabilidad la fuerza pública, los aparatos de seguridad del Estado y los políticos de extrema derecha que crearon el paramilitarismo, configurando un entramado que llevó a Colombia por una terrible senda de violencia en los años finales del siglo XX y los primeros del XXI.

Para nuestro país, sin dictaduras militares como las coordinadas por el Plan Cóndor, la consecución de la paz es el principal camino para lograr la apertura democrática. Esta no se podrá logar sin la verdad. Hoy estamos ante un hecho trascendental, pues por más de treinta años, no hemos logrado un verdadero esclarecimiento de los hechos que rodearon el genocidio político.

Con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da un paso firme para superar la impunidad que ha rodeado este exterminio. Esperamos que de esta manera se abran caminos hacia la justicia y la verdad histórica. Es también una razón que sustenta el cese de la impunidad, la no repetición y la ruptura democrática con el pasado de la antidemocracia, la contrainsurgencia y la política anticomunista como política de Estado.

La sentencia condenatoria al Estado colombiano no es contra Colombia, es contra un sistema político y social de gobierno, connivente con el genocidio continuado y extendido de un grupo nacional reconocido, bajo pretextos ideológicos anticomunistas.

El PCC rinde homenaje a la Unión Patriótica y a los miles de militantes comunistas, de simpatizantes de la unidad, activistas de las luchas sociales y agrarias, maestros, mujeres, jóvenes, intelectuales, defensores de los derechos humanos y defensores de los Acuerdos de Paz, asesinados, desaparecidos, amenazados, presos y perseguidos políticos. A la Corporación Reiniciar nuestro reconocimiento por su abnegada lucha en estos treinta años por lograr justicia.

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