En Bogotá, los indígenas continúan en el abandono

0
159
Por más de siete meses, 1.600 indígenas estuvieron en el Parque Nacional esperando soluciones o cumplimiento a los acuerdos. Ahora, desde otros puntos de la ciudad, exigen que no les tomen más del pelo. Foto archivo

Los disturbios en la capital del país, en el contexto de una protesta la semana pasada, recordaron la exclusión y los incumplimientos gubernamentales con estas comunidades. Ahora, sí tienen esperanza en el Gobierno Nacional

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

“Desde la ciudad de Bogotá hemos garantizado todos los derechos a la comunidad Emberá. Hemos avanzado en cinco retornos con más de dos mil personas retornadas a sus territorios de origen, hemos hecho las caracterizaciones. Hemos dispuesto hogares, dos alojamientos temporales, para las diferentes comunidades Emberá asentadas en Bogotá. Hemos cumplido todos y cada uno de los acuerdos que firmamos en el Parque Nacional. Desde la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y toda la Alcaldía estamos siempre en disposición del diálogo, pero ante la violencia, ante hechos vandálicos lo que requerimos es contundencia y judicialización…”.

Así lo dijo el secretario de Gobierno de Bogotá Felipe Jiménez Ángel, luego de los disturbios del pasado 19 de octubre en los que hubo indígenas y policías heridos en una manifestación en el centro de la ciudad.

La protesta, que según líderes fue saboteada por infiltrados, fue precisamente argumentando todo lo contrario a lo expuesto por el funcionario distrital: incumplimiento de los puntos acordados en el Parque Nacional entre las comunidades indígenas, la Alcaldía Mayor, el viceministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas.

Antecedentes recientes

Es necesario recordar que estas comunidades, organizadas en el proceso de Autoridades Indígenas Bakatá, habían tomado este espacio en el centro de la capital del país, el 29 de septiembre de 2021, por los incumplimientos de la alcaldesa Claudia López en 62 acuerdos que estarían en el Plan de Desarrollo de la ciudad, en los que había un enfoque étnico que reconocía sus formas organizativas y costumbres, para el goce de sus derechos.

Después de 266 días de resistencia, el 12 de mayo acordaron salir con un pacto que se iniciaría a cumplir pasados 25 días de suscrito. Con el gobierno distrital en posibilidades de vivienda, educación, atención en salud, y con los entes del Gobierno nacional, condiciones para el retorno a sus tierras para quienes lo desearan.

No obstante, Leonival Campo, autoridad mayor Embera Katío, le dijo a VOZ que eran mentiras las palabras del secretario de Gobierno: “No hay nada, no han cumplido nada. Por eso fuimos al Parque Santander y revisamos con el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, y le pregunté por qué decía en noticias que estaban cumpliendo. Por eso protestamos y se generaron los enfrentamientos con la Policía”.

Por otra parte, Jairo Montañés, líder del pueblo Wuayuu e integrante del Autoridades Indígenas Bakatá, comentó que cuando les dicen a la Alcaldía que cumplan, les responden que no tienen recursos. “Por eso nos manifestamos y hemos puesto las quejas en los organismos de control, pero es muy poco lo que se avanza. Por el incumplimiento sistemático, la negativa, la desidia por parte del Distrito decidimos salir y desafortunadamente el alcalde local de Santa Fe solicitó la recuperación del bien inmueble, ya que según él se tenía secuestrado el Edificio de Avianca”.

El acuerdo del Parque Nacional

Para que los 1.600 indígenas que había en el Parque Nacional salieran y se trasladaran a otros puntos de albergue, se firmó un acuerdo que incluye aspectos como un plan de choque en el que el Gobierno Distrital se comprometió a cumplir las acciones afirmativas del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital. Se trata de las 62 medidas que serían resueltas en los próximos meses.

También se convino que las comunidades indígenas tendrían una participación real en la reformulación de la Política Pública Indígena para la capital del país.

Acerca del retorno a sus resguardos, quienes decidieran hacerlo tendrían el acompañamiento y la financiación del Gobierno Nacional, para la ejecución de proyectos productivos en sus respectivos territorios. De igual manera, las comunidades accederían a ofertas de inclusión económica. Y, que sería la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas la encargada de acompañar el plan de retorno, dándole prioridad a los indígenas de Chocó y Risaralda.

En vivienda, tanto el Gobierno Distrital como el Ministerio de Vivienda instalarían una mesa de trabajo para ofrecer soluciones a quienes las requirieran.

En cuanto a retorno, se logró en el gobierno de Duque que regresaran a sus territorios alrededor de 4.500 personas indígenas, pero al mes volvieron a Bogotá por los incumplimientos en temas como vivienda.

“El Ministerio del Interior de ese entonces había manifestado que iba a hacer unos planes de fortalecimiento comunitario organizativo, nunca llegó. El departamento dijo que iba a hacer inversiones para el tema de educación y salud, y nunca llegó. La gente llegó allá con las manos vacías, sin acompañamiento y no pudieron mantenerse y eso los obligó a volver”, comentó a VOZ Jairo Montañés.

Política pública

Los líderes de estas comunidades afirman que de estos acuerdos, nada o casi nada se ha cumplido. Luego de las manifestaciones, se reunieron con el presidente de la República Gustavo Petro: “Nos dijo que iba a cumplir todo, que los indígenas teníamos la razón, que no debíamos estar desplazados en Bogotá, que iba a garantizar condiciones de seguridad. También en temas de agua, alimentación y kits de noche que los iba a entregar y hoy (23 de octubre) entregaron como 600 colchonetas, sábanas y cobijas, aunque no de buena calidad”, explicó Leonival Campo.

Por el momento, Jairo Montañés espera que Bogotá los incluya en la reformulación de la política pública: “En el marco del Plan de Desarrollo se hicieron unas concertaciones para con estas comunidades, que hacen parte de Autoridades Indígenas Bakatá. Hay temas en cuanto a ser parte de la política pública para los pueblos indígenas, para los que no retornan hay que generar vinculación, que nos garantice el goce efectivo de los derechos con participación en las localidades, donde siempre nos han cerrado la participación.  Debe reflejarse en temas como educación y salud, sin discriminaciones por ser indígenas”.

Estigmatización

Otro de los acuerdos que se había pactado, aunque no por escrito, eran acciones contra la segregación, la estigmatización y la discriminación contra las comunidades indígenas en Bogotá.

Por lo contrario, denuncian que la misma alcaldesa se ha encargado de continuar estigmatizándolos. Se refieren a que dijo haber invertido nueve mil millones de pesos en ellos y que los indígenas “se gastan las ayudas en licor”.

Jairo Montañés aclara: “Esa plata son gastos administrativos de la Alcaldía, como pagar sus gestores. Los gastos de alimentación, por ejemplo, se hacen en un comedor comunitario, no recibimos dinero. Salud va con una estrategia que se llama Médico en Casa, es de la Secretaría y las subredes que temporalmente van a las casas, y los Gestores de Convivencia no están asignados solo para La Rioja, sino que son trabajadores del Distrito”.

Sobre algunos cumplimientos de la Alcaldía, hubo una vinculación de algunos niños de la comunidad Embera Katío en un colegio de Ciudad Bolívar, pero son hablantes de lengua y ningún profesor la habla. “Bogotá carece de enfoque diferencial, y así como han desarrollado políticas públicas para mascotas, LGTBI y demás poblaciones, nos gustaría que se vincularan nuestros derechos con enfoque diferencial”, anota Montañés.

Por ahora, son 94 pueblos indígenas, con alrededor de 90 mil personas, asentados en Bogotá quienes esperan que el Gobierno Nacional cree un plan de acción para mejorar su calidad de vida, ya sea en los territorios, en los resguardos, o en cualquier parte del país.