María Eugenia Londoño
El Sistema General de Participaciones, SGP, es una herramienta clave en la aplicación de políticas neoliberales y la racionalización del gasto público, impactando la garantía de derechos fundamentales; su desarrollo e implementación es producto de una acción legislativa que aprobó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, lo cual no ocurrió sin que se dieran multitudinarias acciones de movilización, que confrontaron su aprobación.
Fue creado con el objetivo de descentralizar la administración de los recursos públicos y garantizar una distribución en apariencia, más equitativa. En teoría, esto fortalecería la autonomía regional y promovería un impulso más equilibrado hacia la justicia social. No obstante, en la práctica, la implementación de este sistema ha reflejado una tendencia hacia la reducción de transferencias, la racionalización del gasto, la imposición de criterios de eficiencia y la desfinanciación. Modelo neoliberal puro.
Fecode ha criticado persistentemente el SGP y ha demandado una reforma al sistema de transferencias, pues la reducción de recursos enviados a los departamentos y municipios, ha llevado a un deterioro de las condiciones en las que se garantiza el derecho a la educación, dejando siete brechas educativas y más de 300 billones de pesos de desfinanciación histórica. La imposición de criterios de eficiencia, que a menudo priorizan el recorte de gastos sobre la inversión social, ha generado que las necesidades básicas de la población no están adecuadamente atendidas, tanto en educación, como en salud, agua potable, saneamiento básico, entre otros.
Los criterios de distribución de recursos deben basarse en necesidades objetivas y en el impacto social, sin embargo, se ven subordinados a una lógica de austeridad que prioriza el equilibrio fiscal sobre la equidad social. La presión por la eficiencia y la reducción de costos ha conducido a minimizar el gasto en áreas fundamentales como la canasta educativa, infraestructura, alimentación escolar.
Es esencial cuestionar el modelo actual del SGP, pues no está cumpliendo su función de manera justa y equitativa; urge una reforma constitucional que permita garantizar una financiación adecuada a la educación, mitigando la deuda histórica y cerrando las brechas educativas.
Para que el SGP cumpla efectivamente su propósito, se requiere un enfoque que priorice las necesidades de la población y la equidad regional sobre la mera eficiencia fiscal, la participación activa de las entidades territoriales y una revisión crítica de las políticas de distribución, así como una nueva fórmula macroeconómica fundamentada en los ingresos corrientes de la nación, lo que puede contribuir a una distribución más equitativa y efectiva de los recursos públicos.
La reforma al SGP debe estar guiada por un compromiso con la justicia social y el bienestar del pueblo colombiano. En este “segundo tiempo” del Gobierno del Cambio, las comunidades educativas, el magisterio, el sector salud y, en general, la ciudadanía, consolidaremos un gran frente social por la financiación de la educación y con la fuerza popular movilizada, para concretar una reforma constitucional al SGP.
