Luis Jairo Ramírez H.
Hace dos años, en medio del furor por el triunfo electoral, protagonizado por once millones de votos libres que definieron una hoja de ruta al gobierno del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro se adelantó a proponerle al país hacer esfuerzos en la búsqueda de un acuerdo nacional por la vida y la paz.
Se trata de transitar hacia un cambio de época, dejar atrás seis décadas de violencia y avanzar hacia un escenario político y social de coexistencia entre las fuerzas contendientes que han protagonizado la vida nacional: sacar las armas del ejercicio político.
Las elites tradicionales intentaron resolver la profunda ruptura del país, provocada por la violencia sectaria bipartidista de los años 40 y 50, con el pacto del Frente Nacional, que resultó en una democracia recortada, por las alturas y excluyendo a más de la mitad de la población. Los trescientos mil muertos quedaron en la impunidad y, de ahí en adelante, los gobiernos fueron impuestos en medio de una enorme abstención electoral.
El país pasó de protagonizar una violencia entre dos facciones de las elites dominantes, a una nueva etapa de la violencia entre las fuerzas del capital, que controlan el Estado con sus partidos títeres, y las fuerzas organizadas del movimiento obrero y popular. Una categórica lucha de clases entre la oligarquía y un movimiento revolucionario decidido por el cambio de la sociedad.
El Frente Nacional desató, entonces, una nueva fase de violencia y tierra arrasada para mantener su modelo de acumulación capitalista, exclusivista y precario.
Un país, en el que una quinta parte de la población ha sido víctima de la violencia terrateniente y bipartidista, tiene la generosidad de acoger un acuerdo nacional con los beneficiarios de la violencia crónica; pero las preguntas que están sobre el tapete son muchas, dejó al lector las siguientes:
¿Están dispuestos empresarios y terratenientes, organizados en gremios económicos y partidos tradicionales, a renunciar al instrumento del paramilitarismo, contribuir a su desmantelamiento ideológico, político, económico y militar, y facilitar la depuración de la fuerza pública?
¿Están dispuestos los sectores del capital a decir la verdad sobre la violencia, aceptar su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas?
¿Las fuerzas del capital facilitarían depurar el sistema judicial de los remanentes paramilitares y familiares que permanecen allí y que tienen entrabada la verdad y la justicia para la mayoría de los colombianos, como lo han confesado ya algunos generales y jefes paramilitares?
¿Están dispuestos a desconcentrar la propiedad ociosa de la tierra, no evadir los impuestos y contribuir con la reactivación industrial y la producción agraria?
¿Están dispuestos a facilitar las transformaciones para que todas las fuerzas políticas y sociales, sin excepción, puedan ser alternativa de poder y gobernar libremente en el marco de una Constitución?
¡Un acuerdo tal requiere voluntad y compromiso de paz!
