El genocidio contra la UP constituyó una agresión a este partido político y un ataque al movimiento popular, para cerrar el paso a la apertura democrática y facilitar la imposición del neoliberalismo. El año 1993 fue determinante en ese propósito
Alejandro Cifuentes
A mediados de 1993 el Partido Comunista y la Unión Patriótica, exigiendo garantías, denunciaron ante la Procuraduría, el ministerio de Gobierno y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux, los actos de violencia que se venían presentando contra ambas organizaciones en el país. Especialmente preocupantes resultaban los hechos de Urabá, el Magdalena Medio y el Cauca, donde el paramilitarismo y la fuerza pública, en cabeza de oficiales como Harold Bedoya, venían organizando la agresión contra campesinos y trabajadores sindicalizados.
Finalmente, el 29 de julio del mismo año, el ministro de Defensa de César Gaviria, Rafael Pardo Rueda, recibió a una delegación compuesta por Hernán Motta Motta, Manuel Cepeda, Ovidio Marulanda y Carlos A. Lozano. El grupo puso al ministro en conocimiento las numerosas denuncias sobre los actos de violencia llevados a cabo por militares contra integrantes de la UP y el PCC en todo el país, pero sobre todo en el Meta, Urabá, Magdalena Medio y Bogotá.
Pero la denuncia más importante que la delegación PCC-UP presentó al ministro Pardo –cocreador de las Convivir–, fue la referente al plan que venían orquestando los militares para liquidar y secuestrar a dirigentes de las dos organizaciones. La delegación señaló que el plan, conocido como “Golpe de gracia”, sería ejecutado por paramilitares de Puerto Boyacá y en su estructuración estaban involucrados altos mandos militares.
Los miembros de la delegación esperaban que el ministro investigara las graves acusaciones y parara el plan criminal. Sin embargo, Pardo, que se mostró absolutamente displicente, negó toda credibilidad a sus interlocutores, y acto seguido retó a Manuel Cepeda a que le montara un debate en la Cámara de Representantes. Poco más de un año después, Cepeda cayó asesinado en un operativo coordinado por el ejército y los paramilitares.
Los acuerdos de paz de La Uribe
La Unión Patriótica surgió como partido político en mayo de 1985. Esta organización se constituyó en una nueva iniciativa de unidad de la izquierda y los sectores democráticos y populares, que apareció en medio de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ambas partes habían firmado un acuerdo de cese al fuego y tregua el 28 de marzo de 1984.
El convenio también planteaba que el cese de hostilidades debería generar las condiciones para que la insurgencia pudiera hacer política de manera legal, y organizarse económica y socialmente según su libre decisión.
En este sentido, lo acordado en La Uribe, Meta, abría la posibilidad a que se formara un movimiento político que le hiciera posible a los alzados en armas participar del proceso electoral, otorgándoles garantías para ejercer sus derechos civiles. De esta manera, un año después de firmados los acuerdos, se hizo el lanzamiento nacional de la UP.
En esta organización confluían diversos sectores de la política nacional que estaban por la salida negociada al conflicto armado y además se abrió un espacio para que participaran algunos miembros de las FARC, quienes habían sido autorizados por el gobierno nacional para que ejercieran labores políticas y de activismo social. Además, la UP había sido presentada formalmente a principios de 1985 ante la Comisión de Verificación, creada para seguir los acuerdos, autoridades estatales y representantes del Congreso.
La actividad de la UP se fue intensificando por todo el país, y especialmente en municipios y zonas rurales periféricas, y así fue conformando una importante fuerza política, con amplio apoyo en las regiones del país, donde se despertó gran entusiasmo ante la posibilidad del avance de la paz.
El ascenso
Antes de que se terminara su gobierno, en 1986, el presidente Betancur acordó con las FARC prorrogar el cese al fuego, y con ello se permitió la participación de la UP en los procesos electorales de ese año. Además, el gobierno se comprometió a otorgar al nuevo partido garantías plenas para que ejerciera su acción proselitista y electoral en las mismas condiciones que las demás agrupaciones políticas del país. A su vez, este compromiso incluía el reconocimiento de garantías para que los militantes de las FARC se incorporaran a la actividad política legal.
La UP contó con solo cuatro meses para realizar su campaña, que la llevó a tener resultados únicos para un tercer partido político hasta ese entonces: el 9 de marzo de 1986 fueron electos 15 congresistas a Senado y Cámara, 18 diputados y 335 concejales; además, la UP consiguió que se nombraran 23 alcaldes municipales de su partido (en 1986, como resultado de los acuerdos de paz, se estableció en Colombia la elección popular de alcaldes, la cual no se materializó sino hasta 1988. Hasta ese entonces, los alcaldes eran designados por el ejecutivo).
Y en mayo, la UP dio un paso más en firme. En las elecciones para presidente, su candidato, Jaime Pardo Leal, alcanzó 328.752 votos. Aunque este resultado, comparado con los votos de los aspirantes presidenciales del bipartidismo, no resultaba tan impresionante, consolidó a la UP como la tercera fuerza política de la nación, lo que se reflejó en la personería jurídica, que le fue otorgada a esta organización en agosto de 1986.
El exterminio
Pero 1986 no fue solo un año de alegrías para la UP, pues en ese mismo momento se desató la persecución. El representante a la Cámara por Santander, Leonardo Posada Pedraza, fue asesinado. En muchos escenarios este hecho marcó el punto de inicio de una serie de homicidios, ataques y persecuciones que buscaban el exterminio de la organización. Desde entonces, comenzaron los asesinatos de senadores, alcaldes, concejales e incluso dos candidatos presidenciales.
Pero no podemos reducir la agresión a la UP a los asesinatos de los principales líderes del partido, sino que esta se desató contra toda la militancia, y en mayor medida, contra las personas que tenían incidencia en amplios sectores de masas y las organizaciones sociales.
Desde mediados de la década de 1980, muchos de los integrantes de la UP que, por ejemplo, incidían entre los trabajadores sindicalizados de la zona bananera en el Urabá o en la lucha popular por la vivienda organizada desde la Central Nacional de Provivienda, Cenaprov, comenzaron a ser víctimas del exterminio.
Entre 1985 y 1993 se calcula que habían sido asesinados cerca de 1.100 integrantes de la UP, mientras otros tantos estaban desaparecidos. Ese último año fueron asesinados Miller Chacón, quien era además secretario de organización del PCC, y Henry Millán González, quien fuera representante la Cámara por Caquetá. El asesinato de Chacón había puesto en marcha el plan “Golpe de gracia”, denunciado ante el ministro Pardo.
Hoy sabemos que esta operación fue diseñada en 1992 y tenía como objetivo desarticular a la dirección partidaria, contemplando los asesinatos de Manuel Cepeda, Aida Avella, Carlos Lozano, Álvaro Vásquez, Hernán Motta y Gilberto Vieira.
Pero en 1993 también se puso en marcha un plan para diezmar secciones completas de la UP. La idea era borrar del mapa a la organización en regiones como Meta, Caquetá y Urabá, y en ello fue muy importante el plan “Retorno”, con el que se buscaba eliminar a los upecistas para devolver el control de las regiones a los gamonales bipartidistas.
Así pues, el genocidio contra la UP significó no solo la agresión contra una estructura partidaria, sino también un ataque al mismo movimiento popular en Colombia, todo ello para cerrar el paso a la apertura democrática y aceitar el avance del neoliberalismo.
