Sergio Estevan García Cardona
@SergioEstevan22
En la noche del lunes se hizo público el video de la intervención del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Medellín, en una de las ya conocidas correrías nacionales que viene desarrollando en calidad de ‘jefe natural’ de Cambio Radical, de cara a las elecciones de octubre.
Aunque su estilo arrogante hace tiempo es usual para la opinión pública, esta vez sus declaraciones fueron a más. Con tono amenazante, expresó -en medio de quienes parecían ser empresarios y aliados políticos-: “muchos empresarios me han manifestado: nosotros sí tenemos un Plan B. Antes que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar a miles y miles de personas; pero no se quedarán trabajando amparados por esas normas…”.
Ya veníamos viendo cómo los representantes del empresariado se unificaban en torno al rechazo del proyecto de ley de Reforma Laboral, arguyendo despropósitos técnicos y ceguera frente a la nueva realidad laboral global; sin embargo, lo de Vargas Lleras desnudó el ‘espíritu empresarial’ colombiano, que bien podría resumirse en la frase “o precariedad o desempleo, ustedes escogen”. Pero estamos seguros de que esa corta alocución tiene un trasfondo mucho más profundo. Veamos.
En primer lugar, porque lo de Vargas Lleras no fue la transmisión ingenua del mensaje de ‘ciertos’ empresarios, sino un llamado al gobierno, en condición de portavoz de un amplio sector del gran empresariado nacional, a retirar la Reforma o a atenerse a las consecuencias: “si se aprueba el proyecto de ley, vienen el desempleo, la escasez y la carestía”; manida pero efectiva fórmula de desgaste de la normalidad democrática; es la crisis económica convertida en golpe de Estado ‘pacífico’. ¿Tendrá que ver esta intimidación empresarial con el apoyo que hace un par de semanas brindara el exvicepresidente a los sectores golpistas de la Reserva Militar?
En segundo, porque demuestra Vargas Lleras que su preocupación, y la de la clase que representa, no es la protección de la Economía (con mayúscula), sino la de sus ganancias, obtenidas de siempre con la precarización de las clases trabajadoras. Fijémonos solamente en las últimas dos grandes reformas laborales: la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, de autoría intelectual y puesta en marcha del hoy también opositor Álvaro Uribe Vélez.
La primera de ellas, con el pretexto de adaptar la economía a la nueva realidad global, insistió en que la flexibilización laboral era la única posibilidad para hacer crecer la economía nacional, y así eliminó la presunción de laboralidad, diversos tipos de estabilidad laboral reforzada, y la contratación a término fijo por periodos inferiores a un año.
Y la segunda, que fue incluso peor: introdujo los contratos de aprendizaje del 50 al 75% el SMMLV, extendió la jornada diurna hasta las 10 p.m., redujo pago de horas extra (recargos festivos y dominicales), y restringió las indemnizaciones por despidos sin justa causa. Cifras de la Escuela Nacional Sindical exponen que, en el periodo 2003-2017, los empresarios se embolsillaron 28 billones de pesos producto de las gabelas que el gobierno de la seguridad democrática les dejó. De nuevo, ¿economía para quién?
Y tercero, porque su frase, indicativa del desprecio por las clases trabajadoras, es también un fuerte indicio del temor que guarda el empresariado por una clase obrera organizada. La lucha por los derechos laborales, décadas de resistencia frente a los embates de la patronal, han permitido unas mínimas garantías de negociación, organización y democracia económica que, no obstante, han sido de manera progresiva, a sangre y fuego, revertidos y restringidos.
El proyecto de Reforma Laboral plantea una nueva relación económica entre trabajadores y empresarios, que reconfigura políticamente el conflicto de suyo inherente. En la medida en que revierte las contrarreformas patronales de 1990 y 2002, o sea, que recupera para los trabajadores lo que el empresariado les arrebató en las últimas décadas, también eleva y protege los procesos de asociación, organización, movilización y negociación sindical, y robustece la garantía de sus derechos, dotando al Estado y a la clase obrera de nuevos instrumentos para la defensa de sus libertades constitucionales.
Lo que le molesta al exvicepresidente, y que lo obliga a amenazar al tenor de la frase “no se quedarán trabajando amparados por esas normas” es, ante todo, el sobresalto y el pánico que le produce pensar en la libertad de los trabajadores y trabajadoras de este país. No olvida este personaje, esculpido tan a la medida de las estatuas de la derecha continental, que el primer efecto de unas mejores condiciones de trabajo es sin duda la elevación de la conciencia: el trabajador que ya no se preocupa por la inmediatez de la producción de su vida, puede dedicársela con tranquilidad a la lucha por cada vez más derechos.
Así es como, hay que decirlo, el Plan B de Vargas Lleras no es nuevo, pero sí peligroso: está advirtiendo que los grandes sectores empresariales y sus operadores políticos tratarán de imponer por la fuerza lo que no pudieron por el consenso. En este pulso, ¿quién prevalecerá?
