Redacción Política
En un comunicado de prensa, emitido el pasado 23 de enero, el Partido Comunista Colombiano, PCC, rechazó la extradición a los Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
La organización política revolucionaria que hace parte del Pacto Histórico y del Gobierno nacional, argumentó que esta extradición “pone de nuevo en evidencia la impotencia del sistema judicial colombiano.
“Córdoba es una persona conocida y cercana a las luchas sociales y sufrió lo que se ha caracterizado como ‘entrampamientos’ coordinados por la Fiscalía, la DEA y grupos del narcotráfico al servicio de la política de sometimiento judicial y extradición a Estados Unidos”.
Luego de la captura, Piedad Córdoba afirmó que se trataba de una persecución contra ella y su familia por su regreso a la política. “Que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, dijo en redes sociales.
Por otra parte, en entrevista a la cadena radial Blu Radio, el pasado 13 de enero, el acusado expresó sobre su extradición: “El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en estos casos la extradición de un connacional. Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración, todas las observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el presidente”.
Córdoba demostrará su inocencia
En el mismo sentido se pronunció el PCC en su comunicación: “Una vez más la extradición desnuda su verdadero rostro de instrumento político de retaliación y ghetto social. Se trata de un tratado asimétrico que no resuelve la impunidad y que se constituye una vez más en un obstáculo al desenvolvimiento soberano de una política de paz total”.
Esta posición del PCC no toma por sorpresa a nadie, ya que su oposición a la extradición es conocida históricamente como un principio ligado a la soberanía nacional y a la autonomía judicial del Estado Colombiano.
Finalmente, el PCC planteó su confianza en que el afectado demostrará su inocencia, y dijo: “denunciamos la injerencia absoluta, permanente, fuera de control de la DEA y otras agencias estadounidenses con funciones colonialistas en Colombia, así como la complicidad de la Fiscalía”.
