Editorial VOZ 3165
Esta semana se radican en el Congreso algunos de los proyectos de reformas sociales que han marcado el rumbo de este gobierno. La Reforma laboral y pensional constituyen puntos clave en el empeño de arrebatar al capital el copamiento del ejercicio de derechos fundamentales que interesan a las mayorías de la sociedad colombiana. Salud, derechos laborales, pensiones, son temas que interesan vitalmente a la fuerza de trabajo.
El Estado, de brazo con las y los trabajadores, la concertación con sectores empresariales, incluso con el asentimiento del Fondo Monetario Internacional, asume la recuperación de derechos anulados y perdidos en el marco de las contrarreformas neoliberales y restituye en parte los espacios de garantías en el mundo del trabajo. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Coordinador de Fuerzas Sociales por el Cambio y otras centrales, impulsan la gran movilización organizada del 16 de marzo en seis ciudades fundamentales del país como una demostración de respaldo a estas transformaciones necesarias.
La derrota electoral de la extrema derecha uribista abrió el margen de legitimidad de un nuevo gobierno con un programa, un proceso de ruptura con el neoliberalismo y con algunas de sus peores medidas en pro de la precarización laboral. Varios de sus ministros y ministras han buscado el diálogo, la concertación, los acuerdos, una vía de civilización política correcta, porque no se trata de atizar las contradicciones realmente existentes, en un contexto de acciones para materializar el programa de un gobierno de vocación democrática, con dificultades del orden burocrático heredado, que corresponden a una institucionalidad creada para la inercia y no para el cambio.
La inconformidad y las protestas heredadas de la desigualdad, la sobreexplotación, el manejo represivo y violento del Esmad y el paramilitarismo como instrumento del sistema social, económico y político dominante, plantean ahora la concreción de los cambios de signo social en la conducción y solución adecuada de los conflictos producidos por el sistema de explotación neoliberal.
La unidad de acción política y programática en desarrollo debe guardar coherencia en la aplicación de la línea social de esta administración y de su conjugación con los acuerdos con los movimientos populares de base. El signo de este gobierno que es esencialmente el signo social debe ser visible y verificable como orientación permanente.
La complejidad surge de las características de una sociedad plena de inconformidades que ha aprendido a desarrollar la protesta, la movilización, la reclamación, la exigencia y que espera de este gobierno, una comprensión y una actuación resolutiva, acorde con los delineamientos programáticos, junto con un nuevo trato a la problemática social.
La experiencia de Los Pozos en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, indica que son necesarios mayores esfuerzos para darle salidas oportunas, funcionales y convincentes a las manifestaciones de inconformidad. Ciertamente, no todos los casos son iguales ni pueden mirarse de la misma forma, tal cual el paro minero en Antioquia, Córdoba, Cesar. Pero deben ser objeto de un tratamiento político y no solo represivo. No es dejando que se acumulen y condensen los conflictos sociales reconocidos y evitables, porque, como en el caso del Caquetá el Estado colombiano es responsable de los acuerdos con las inmensas movilizaciones rurales de Altamira y Villavicencio de agosto y septiembre de 2021, en el marco del paro nacional y, consecuentemente, a este gobierno del cambio le corresponde avanzar en las soluciones como finalmente al parecer lo está intentando.
El diálogo, la atención directa, la búsqueda de soluciones y la ejecución de las políticas sociales en desarrollo deben acompañar tales soluciones: nos referimos a la política de reforma agraria y rural que no requiere en este momento de aprobación en el Congreso de la República, que ya existe y está ejecutándose en varias regiones del país, entregando tierras a las y los campesinos sin tierra o con poca tierra a través de las organizaciones agrarias populares, la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesinas ZRC y los consejos rurales.
La base social de la guerra ha sido el mundo rural. La Paz Total no es reductible solo a temas judiciales. La política agraria representa un cambio en las relaciones de producción histórica basadas en el monopolio terrateniente y su instrumento de sometimiento, sujeción y exilio forzado con el terror social: el paramilitarismo, corazón de la contrainsurgencia como línea del Estado en el largo plazo que aún no termina de concluir.
Hay un vínculo estrecho entre la Paz Total y las reformas sociales al restituir derechos y ciudadanías. El sujeto social de la Paz Total en los territorios y en las situaciones de conflicto heredadas del neoliberalismo y de la guerra contrainsurgente son los campesinos y las culturas étnicas rurales, sometidas a victimización prolongada, que ahora resurgen con vigor a la vida democrática. También el proletariado está en las calles por el cambio.
