Editorial VOZ 3153
Tras la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2011 y 2014, se desató una fuerte polémica alrededor de los documentos de la institución, debido a que esta desempeñó un rol clave en el conflicto armado y en la cruenta historia reciente del país, se considera que su archivo es un eslabón fundamental para el esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad histórica de las élites y los agentes estatales en la guerra.
Como sabemos el DAS se originó durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) en 1953, y que, entre otras cosas, estuvo encargado de la represión de quienes se oponían al régimen. Tras la caída de la dictadura, el SIC cambió de nombre, pero siguió cumpliendo el rol asignado por Rojas, al punto de que fue un actor fundamental en el desarrollo de los grupos paramilitares al finalizar el siglo XX.
Además, a principios del siglo XXI, durante los gobiernos de Uribe, se sumaron los escándalos por los seguimientos ilegales a jueces, políticos opositores y periodistas y su participación en los asesinatos de intelectuales, recuérdese el del profesor Correa de Andréis.
Ante esta situación, en 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos decidió cerrar esta institución. Como parte del proceso de supresión del DAS, en 2014, Santos decretó enviar el archivo del extinto ente de seguridad al Archivo General de la Nación (AGN); la documentación, compuesta de 15 mil cajas ubicadas en seis depósitos blindados, quedó bajo reserva legal, por lo que en este momento solamente pueden acceder a esta las autoridades judiciales.
El AGN, oficialmente, está encargado de custodiar la documentación, mientras que la Procuraduría es la responsable de vigilar el proceso de custodia, consulta y depuración de los datos contenidos en los archivos de inteligencia.
Sin embargo, desde que el gobierno inició la supresión del DAS, se han venido presentando diversas irregularidades en torno a la conservación del archivo. La periodista Claudia Julieta Duque, víctima de interceptaciones ilegales, denunció que durante la depuración del archivo para su traslado al AGN, se presentó pérdida de material documental tanto en soportes físicos como digitales; y en 2014, estando ya en custodia del AGN, esta periodista señaló que la Fiscalía encontró irregularidades en los depósitos y falencias de seguridad en las bóvedas.
Además, hay exagentes que anónimamente han asegurado a diversos medios que mucha información se filtró entre 2011 y 2013 a empresarios, políticos de la derecha y agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña.
Y es que este archivo inquieta a todos aquellos quienes temen el esclarecimiento de la verdad histórica, empezando por el uribismo. Esta fuerza, que se ha opuesto a la salida negociada del conflicto, ha sido especialmente crítica del sistema de verdad creado por el Acuerdo de Paz de La Habana, y por eso, tras el ascenso de Duque al poder en 2018, mucho se temió sobre el destino de la documentación del DAS.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha intentado dar garantías para la preservación de estos documentos, y por medio de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, confirmó medidas cautelares sobre el archivo del DAS, considerando que esto responde a la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas.
No obstante, este archivo sigue cerrado al público. El gobierno del Pacto Histórico, buscando reafirmar su compromiso con la paz total, ha comenzado a buscar mecanismos para que las víctimas, los historiadores y otros investigadores tengan acceso a estas fuentes que contienen información necesaria para identificar la verdad sobre el conflicto que causó tanto daño a las personas, a la institucionalidad y a la convivencia democrática.
Para sembrar la Paz Total esos documentos que contienen tanta información sobre hechos y actores de esa época, es inobjetable que deben ser liberados a la consulta pública con prontitud. Porque de no hacerlo con la rapidez requerida se corre el riesgo de que sean escamoteados, alterados, incluso, destruidos.
La posibilidad de permitir esa consulta ha generado la reacción de diversas voces de la política y de agentes de inteligencia, e incluso de personajes reconocidos como demócratas, que, a través de los medios tradicionales, han señalado que abrir los archivos del DAS es una amenaza contra la seguridad nacional y la estabilidad del Estado. E incluso, han afirmado que la iniciativa sería una manifestación de la sed de venganza de líderes de izquierda ahora en el poder.
Estos son argumentos para impedir que rápidamente se haga la apertura de esos archivos que darán acceso a la verdad que tanto necesita el país y las entidades internacionales que han aportado a la convivencia y a la protección de los derechos humanos en esta nación. Por esas razones y porque allí se encuentra información relevante para el entendimiento de la política contrainsurgente, basada en la doctrina del enemigo interno, impuesta por USA.
Por esas razones el Partido Comunista, las víctimas, la academia, la conciencia pública exigen que Gustavo Petro, permita el acceso a esos archivos. Esa acción será garantía para la no repetición y paso seguro para coronar la Paz Total.
