Ya hay suficientes experiencias sobre lo negativo de la venta de las empresas de energía. Aun así, el Gobierno insiste en estas transacciones que solo benefician al capital extranjero
Redacción Economía
Desde hace décadas, las electrificadoras han sido víctimas de reestructuraciones y venta de sus activos al capital privado, especialmente, al foráneo. Fue así que en los noventa hubo una gran privatización de estas empresas de varias regiones del país, especialmente de la Costa Atlántica.
Buscar inversión, limpiarlas de la corrupción y hacerlas rentables eran algunos de los argumentos que se esgrimían para justificar su enajenación. Años después, la realidad ha demostrado la falsedad de esas justificaciones, pues para muestra un botón, en casos como Electricaribe no fue así y el servicio fue costoso, de mala calidad y de las garantías laborales y sindicales ni hablar…
El vicepresidente nacional de Sintraelecol Wilson López Díaz tiene una visión similar. Explica que luego de la apertura económica y la ola de privatizaciones se presentaron resultados negativos para la sociedad. Que, en el caso de la energía, en la década de los noventa las electrificadoras de la Costa Atlántica, desde La Guajira hasta Córdoba, fueron vendidas a españoles a través de Gas Natural. En este y otros casos argumentaron que un privado haría mejor gestión, que haría inversiones, que se eliminaría la corrupción y serían mejor administradas, y que las empresas tendrían un mejor futuro y, por lo tanto, los usuarios, un mejor servicio.
“En este y muchos otros casos, hoy vemos que todo eso es mentira, porque, por ejemplo, en la Costa se necesitó la intervención del Gobierno a Electricaribe y tuvo que ser vendida al grupo EPM y al grupo Ríos Velilla. Y si se habían vendido unos activos de la Nación se supone que era para tener mejor servicio y empleo más digno, pero, sobre todo, para tener una reposición de activos que es lo que se necesita en el sector eléctrico”, explica el vicepresidente del sindicato.
Es necesario anotar que Sintraelecol es un sindicato que ha mantenido coherencia con la naturaleza de su existencia, y con base en sus principios afirma que en todo el mundo los Estados deben tener claro que hay sectores que no deben ser sujetos de privatización como la educación, la salud y los servicios públicos.
Insisten en la venta
Acerca de la reposición constante de activos, el dirigente sindical hace referencia al cambio constante de redes, transformadores, sobre todo en la Costa donde por su cercanía al mar la salinidad deteriora la infraestructura con mayor rapidez.
“Pero hay cosas que no están claras, como qué se hizo con una cantidad de dinero que el Gobierno invirtió a través de la Superintendencia de Servicios Públicos cuando intervino Electricaribe y Electrocosta, que no está y que no se ve en el cambio de redes, de postes, o de transformadores”, cuestiona Wilson López.
Es conocido que estos grupos económicos hacen grandes negocios con estas empresas, el sindicalista comenta que, por ejemplo, compran una en cien mil millones de pesos, las administran dos o tres años y las venden en un billón.
Ante la evidencia de que no ha dado resultados vender activos, Sintraelecol argumenta que hay que recuperar estas empresas porque son altamente rentables, y que al ser manejadas por la nación dando prioridad al respeto a los clientes y al empleo, se avanzaría en planes para reducir la tercerización y recuperación de áreas misionales.
El vicepresidente nacional de Sintraelecol hace énfasis en que actualmente el Estado quiere vender todas las electrificadoras que le quedan, como la del Meta, Huila, Caquetá, Guaviare, Nariño y la participación que tiene en Cauca, “Lo que pasa es que la coyuntura política los paró, están trancados por el tema electoral. Pero dependiendo del Gobierno que quede se puede vender porque consideran que el déficit económico del presupuesto de la Nación se debe cubrir con la venta de los activos”.
colombianos. Foto Twitter Sintraelecol
Corrupción y relaciones laborales
El sindicato también denuncia que hay algunas electrificadoras, como la del Meta, Caquetá, Guaviare y Huila que están tomadas por la corrupción política, porque al estar a cargo del Ministerio de Minas y Energía y el de Hacienda son utilizadas como las cajas mayores de los partidos de Gobierno de turno. “Sin embargo, aún con eso son empresas rentables. Consideramos que con la experiencia de Electricaribe, creemos que el país debe tener activos para tener respaldo económico hacia el futuro, que solo vivirá de impuestos y no de gestión de sus empresas. Este es un país que vendió absolutamente todo. Vendió parte de la empresa de Energía de Bogotá, vendió parte de Ecopetrol, vendió ISA. Se ha demostrado que cuando esas empresas están en manos del Estado, departamentos o ciudades como en el caso de Bogotá, han sido rentables y con algún respeto por los derechos sindicales y las garantías laborales”.
Ahora bien, los derechos de los trabajadores también se han visto afectados. Con el grupo Ríos Velilla aparecieron una serie de conflictos en las relaciones obrero-patronales como la violación de la convención colectiva de trabajo, despido de trabajadores convencionados y malas relaciones laborales. Además, en la prestación del servicio no han fortalecido la infraestructura, señala López.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en el ámbito nacional hay alrededor de 15 mil trabajadores del sector eléctrico en empresas públicas y privadas, de los cuales alrededor de 8.500 son convencionados y están sindicalizados. Al privatizarse las empresas, las condiciones laborales se desmejorarán, como ya ha ocurrido.
“Con la privatización en la Costa salieron alrededor de seis mil trabajadores y hubo precarización laboral. En Bogotá, salieron cuatro mil. Todos estos trabajadores actualmente son contratistas, no tienen convención colectiva, solo ganan un poquito más del mínimo. Tienen un trabajo totalmente precario”, anota el dirigente sindical.
Ojo en las elecciones
Como sindicato, hacen un llamado a la sociedad a votar por quienes quieren fortalecer los bienes del Estado y se oponen a su venta. A los trabajadores y sindicatos y medios de comunicación los invitan a denunciar y exteriorizar lo que sucede en las empresas en cuanto a la corrupción: “Queremos a trabajadores, sindicatos, usuarios y comunidades vigilando, con los ojos abiertos. Las electrificadoras no pueden ser las cajas menores de los políticos de cada región que hacen festines con los contratos”. Esa invitación la hacen porque -asegura- no existen entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría, confiables por hacer parte del Gobierno.
“Todos debemos actuar para que las empresas sean rentables y ajenas a la corrupción. Hoy vamos a defender a Meta y a Huila por ser activos de la Nación, pero no para que la del Meta la siga manejando manguito, el senador afín al Centro Democrático, no vamos a defender a la Electrificadora del Huila para que el señor Andrade la siga manejando. Porque los contratos y todo lo que debe ser utilizado para un mejor crecimiento de las empresas, desarrollar energía solar, desarrollar energía eólica, se va para la corrupción. Sí las vamos a defender, pero para que su rentabilidad sea traducida en mejoras y que vuelvan a vincular trabajadores de manera directa que eso dinamiza la economía de las regiones, porque serán muchos los trabajadores que podrán consumir más”, concluye el vicepresidente nacional de Sintraelecol Wilson López Díaz.
