Mientras en los territorios hay una notable agudización de la violencia, el Gobierno nacional y la bancada parlamentaria del cambio presentan un proyecto legislativo para modificar la ley de orden público y abrir la puerta del diálogo a distintos actores armados. Sin embargo, el ELN ha rechazado la iniciativa, lo que aumenta la incertidumbre
Simón Palacio
@Simonhablando
Viernes 2 de septiembre. Ocho policías son víctimas de un atentado con artefacto explosivo en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, Huila. En el acto terrorista mueren los intendentes Wilson Jair Cuéllar y Luis Alberto Sabi; los patrulleros Duverney Carreño y Jhon Fredy Bautista; y los bachilleres auxiliares Santiago Gómez, Cristian Ricardo Cubillos y Arlés Mauricio Pascuas. Sobrevivió el joven auxiliar Gustavo Alberto Esquivel.
Sábado 3 de septiembre. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunció la masacre número 74 en 2022. Los hechos ocurrieron en Santander de Quilichao, Cauca, donde tres personas fueron asesinadas en el sector de San José. El vehículo en el que se desplazaban fue interceptado y hostigado por hombres armados.
Domingo 4 de septiembre. En Leticia, Amazonas, es ultimado William Pedraza, reconocido líder social, presidente de la junta administradora de la urbanización Ñia Neemechey y miembro de la Red de Veedurías del Amazonas. Precisamente, Pedraza era una de las fuentes que, en el artículo La corrupción de las casas mal hechas publicado por este periódico, denunciaba serias irregularidades en las políticas de vivienda para las comunidades más pobres del municipio.
Aunque no son los únicos episodios a nivel nacional, los tres hechos evidencian que el país pasa por un momento preocupante donde se ha agudizado exponencialmente la violencia, al mismo tiempo que le pone palos sobre la rueda a la política de “paz total” que viene gestionando el Gobierno nacional.
Paz como política de Estado
Al respecto, en la mañana del miércoles 31 de agosto el ministro del Interior Alfonso Prada, el ministro de Defensa Iván Velásquez y la bancada de gobierno en el Congreso de la República liderada por el senador Iván Cepeda, presentaron el proyecto de ley que modifica la ley de orden público que data de 1997 y que se enfoca en la paz como política de Estado.
Según Cepeda, “la política de paz será prioritaria en los asuntos del Estado, tanto en la implementación de los acuerdos alcanzados, como en el desarrollo de futuros procesos de negociación y diálogo”. Esta iniciativa liderada por el gobierno del cambio, entiende que las instituciones deben orientar su política en la prevención, donde los derechos humanos serán el indicador más importante en materia de seguridad.
“Con autorización presidencial, autoridades locales podrán adelantar diálogos y gestiones humanitarias para limitar el impacto de los conflictos armados sobre la población y que se respete el Derecho Internacional Humanitario”, resaltó Cepeda. Además, de acuerdo a lo dicho por el parlamentario del Pacto Histórico, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los planes regionales se fijarán políticas, programas y proyectos dirigidos al logro de la paz entendida como desarrollo social equitativo donde se integra a la mayor cantidad de territorios, en especial, los más afectados por la violencia.
En el articulado presentado se crearía el gabinete de la paz, se autorizaría al presidente de la República para que promueva regiones de reconciliación (articuladas a las zonas PDET y municipios vulnerables), además de reglamentar la iniciativa del Servicio Social para la Paz, donde la juventud podrá cumplir con misiones de alfabetización digital, trabajo con víctimas y ejercicios para proteger la naturaleza.
Finalmente, la iniciativa quiere evitar la dispersión institucional que facilita el robo de los recursos destinados a la paz. “Serán unificados los tres fondos en uno solo bajo la administración del Alto Comisionado para la Paz”, comenta Cepeda. Este esfuerzo legislativo fue identificado como el proyecto de ley de la “paz total”, concepto que ha sido priorizado por el gobierno del cambio como la hoja de ruta en el sector y como la puerta de entrada para negociar con los diferentes actores armados.
La crítica del ELN
Días después, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, respondió negativamente al proyecto de ley de la “paz total”. Por medio de un comunicado publicado en el portal ELN Voces y firmado por el Comando Central, la guerrilla refutó la intención que tiene el ejecutivo de negociar con otros actores armados y le pidió que no se les iguale con las bandas criminales.
Luego de hacer una caracterización de lo que han sido los distintos procesos de paz, entre ellos el liderado por el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, la guerrilla dice que el proyecto de la “paz total” que modifica la ley de orden público, “pretende que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital, tengan el ropaje que el Derecho Internacional Humanitario sólo otorga a partes contendientes; así, implica dos grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente, por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico”.
Para el ELN es un exabrupto calificar a bandas del crimen organizado, sin motivaciones de alzamiento armado, como organizaciones con estatus político.
Por su parte, la insurgencia definitivamente dejó claro que no van a seguir el modelo que reincorporó a las antiguas FARC a la vida civil, al calificar aquel proceso como un “fracaso”. “Un horizonte de salida política dialogada y negociada podrá generar una nueva legitimidad, no antes, el ELN mantiene sus propias normas, sus estructuras, sus programas, su sistema de resistencia, por lo tanto, la legitimidad no deriva de la capacidad de fuerza sino de los valores de un proyecto político e histórico que supere el desastre de la política de Desarme, Desmovilización y Reincorporación, DDR”.
Finalmente, el grupo insurgente propone un proyecto común por una Colombia democrática, sobre el cual se pueda conversar “para encaminar los cambios de fondo que el pueblo necesita”.
Una posible hoja de ruta
Si bien el futuro de negociación con diferentes actores armados aún es incierto, con el ELN ya se reactivó la mesa que durante cuatro años estuvo congelada. Según lo dicho en Twitter por el investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, Luis Eduardo Celis, puede existir una secuencia:
“Primero, en septiembre hay que definir equipos negociadores por parte del gobierno y el ELN. En segunda medida, en octubre deben establecer formalmente la mesa para adelantar balance de lo construido entre el gobierno del presidente Santos y esta guerrilla, a mi juicio lo más importante de este proceso son la agenda, protocolos, experiencia de cese bilateral y participación. Tercero, las dos partes deben establecer el diseño del proceso, lo cual debe quedar establecido en una agenda y un diseño del proceso, a mi juicio la agenda de Quito sigue vigente en su esencia, requiere ajustes de menor ‘calado’. Cuarto, una vez las partes cuenten con diseño del proceso reflejado en una agenda: el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, deben trabajar en medidas de confianza, asuntos humanitarios en las regiones y comunidades que sufren. Y finalmente, la participación debe estar articulada al proceso de formulación del Plan Nacional Desarrollo”.
En definitiva, los próximos meses serán determinantes en los caminos espinosos por alcanzar la “paz total”. Y en este contexto la movilización de la sociedad en su conjunto tiene un papel protagónico para que estas nuevas negociaciones signifiquen implementación de los puntos transformadores del Acuerdo de Paz y nuevas rupturas que deriven en un alto a la violencia, además de más justicia social y más democracia.
