La estrategia del presidente salvadoreño consiste no solo en meter los “delincuentes” a la cárcel. También consiguió el control del poder legislativo y el nombramiento de jueces cercanos al Gobierno, sin cumplir los requisitos
Ricardo Arenales
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha cumplido cuatro años en el poder. Con este motivo, ha hecho un balance de su gestión, basada en lo fundamental en lo que ha denominado la ‘guerra contra las pandillas’; pero ha trazado nuevos objetivos a su administración. Dijo que cambiará el mapa político, al pasar de 262 municipios a 44 y reducir el Congreso de la República de 84 diputados a 60.
Anunció además su intención de lanzarse a la reelección en las elecciones del próximo año para continuar su campaña contra la inseguridad. En principio, la constitución salvadoreña no ha contemplado la figura de la reelección. Pero Bukele consiguió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificara la Carta Política de la Nación, abriendo un boquete que le permita asegurarse cinco años más de mandato.
Y de hecho ha comenzado ya su campaña, a pesar de las acusaciones de organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, de que viola los derechos humanos y la Constitución. Las reformas que anuncia, reduciendo el campo de acción de la vida municipal y el número de curules en el parlamento, ciertamente apuntan a facilitar el proceso de reelección.
Camino del autoritarismo
En América Latina, azotada por el crimen y la violencia, algunos comenzaron a ver en la guerra contra las pandillas de Bukele, un ejemplo de mano dura contra el crimen organizado, que vale la pena repetir. Lo que algunos no ven con claridad es que ese también es el camino para lanzar a gobiernos de la región por el despeñadero del autoritarismo, incluso de dictaduras.
Son ciertamente los sectores más reaccionarios y de derecha los que ven con cierta fascinación la obra de gobierno del salvadoreño.
La estrategia de Bukele consiste no solo en meter los malos a la cárcel. También consiguió el control del poder legislativo, el nombramiento de jueces cercanos al gobierno, sin el lleno de requisitos legales. El control del aparato judicial como objetivo final, lo que rompe la división de poderes, que tanto preocupa a las burguesías latinoamericanas -caso Pedro Castillo- pero que las seduce cuando se trata del modelo Bukele.
Ya sin el equilibrio de poderes, sin contrapesos en el manejo del gobierno, se teje un entramado de leyes que riñen con los principios del Estado de Derecho. Así, la estrategia de lucha contra las pandillas hace parte de una mirada a corto plazo, que reporta mucha popularidad, pero evade la responsabilidad de atender las causas profundas de la inseguridad, que tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad social.
El último eslabón
En Guatemala hoy se atacan las pandillas de la misma manera que lo hace Bukele, pero es una persecución que apunta al eslabón final de la cadena, no al problema en su integralidad. Se mete a la cárcel a los pandilleros y no se toca a quienes lavan activos ni se corta la penetración de los capitales del narcotráfico en las altas esferas del poder. Lo mismo que en El Salvador.
En ambos países, muchas de las personas encarceladas no necesariamente son culpables, ni van a ser reconocidas como tales. Son víctimas residuales de procesos policiales en los que el fin justifica los medios. Son objetivo de ‘falsos positivos’, como es la expresión colombiana en casos similares.
El gobierno de Bukele es apoyado por la mayoría de los salvadores. A la gente le gustan los resultados rápidos. Pero es una mayoría que se reduce con el tiempo. El problema es si esa política que ejecuta es sostenible y va a apuntar a la solución de otros problemas vitales como la falta de empleo de calidad, la pobreza, la falta de educación, agua potable, servicios de transporte eficientes. La verdad es que los índices de pobreza en El Salvador, crecen de año en año.
Riesgo para la democracia
El riesgo grande es que esa política cortoplacista, eficaz pero que sacrifica la democracia, se extienda como modelo en América Latina, al menos en un importante número de países.
Durante los últimos años, la delincuencia común ha crecido de forma desproporcionada en varios países del continente. Los ciudadanos se sienten más inseguros en las calles y reclaman acciones contundentes de los gobiernos.
México pasó de 17.8 homicidios por cada cien mil habitantes a comienzos de siglo, a 25.2 en 2022. Chile de 2.7 a 4.6. Venezuela de 15.2 homicidios a 40.4 el año pasado. En 1980, Colombia tenía las tasas más altas de homicidios de América Latina, hasta la primera década del presente siglo, cuando fue superada por Guatemala y El Salvador.
Los homicidios llegaron a ser la primera causa de muerte en Colombia, por encima de las enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Entre 1998 y 2012, la tasa promedio fue de 51.5 homicidios por cada cien mil habitantes, pero ese último año, la tasa para esos doce meses fue de 77 homicidios por cada cien mil habitantes. Desde entonces, los índices se han venido reduciendo.
Estrategia regional
Frente a esta realidad, hay quienes siguen creyendo que el crecimiento de la delincuencia obedece a la falta de medidas de mano dura como las que ha puesto en marcha la actual administración de El Salvador.
Criminalistas y defensores de los derechos humanos coinciden en que, a pesar de que se trata de delitos en auge, muchas veces ligados a organizaciones criminales transnacionales, el modelo Bukele no es la salida. Para que funciona se necesitan gobernantes que pasen por encima del Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Ante la magnitud del problema, unos y otros recomiendan poner en marcha alianzas de países para enfrentar el crimen transnacional y trazar estrategias que garanticen la convivencia y seguridad de los ciudadanos.
En el caso de El Salvador, lo que está en juego no es solo un modelo represivo contra una modalidad de delincuencia extendida. Se juega también la democracia que, en opinión de las organizaciones de derechos humanos, ha sido arrasada.
En El Salvador basta la palabra Bukele para juzgar y condenar opositores. Lo paradójico es que basta también invocar la palabra Bukele para proteger a funcionarios corruptos, para que no rindan cuentas sobre el destino de millones de dólares que pasan por sus manos.
El propio Bukele, jamás ha hecho rendición de cuentas de su mandato. El Congreso le ha aprobado medidas que tienden un manto de impunidad para sus funcionarios y amigos cercanos. ha anunciado una falsa guerra contra la corrupción que, si quiere erradicar, debe comenzar por levantar las sábanas con que se arropa.
