La Instancia Especial de Mujeres, IEM, creada por la inclusión del enfoque de género en el Acuerdo de La Habana, presentó a la ciudadanía su informe de gestión 2023
Dilcia Benítez Aguirre, Instancia Especial de Mujeres
Colombia en su historia ha acumulado una enorme deuda con las mujeres porque ha invisibilizado su aporte en la construcción de la paz. La principal razón es el enquistamiento del machismo y el patriarcado en todas las geografías, culturas, creencias, modelos sociales y políticos. La paz ha sido una de las principales luchas dadas en medio del dolor, la tragedia, el miedo y la zozobra que trae la guerra.
La firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP es un claro ejemplo, debido a que incorporó el enfoque de género en los seis puntos de la negociación. Esta decisión no fue iniciativa de las partes negociadoras, sino por la incidencia, el poder de movilización y convicción de las mujeres colombianas, haciendo sonora una de las ideas, fuerza que salió de las mesas de trabajo en La Habana: las mujeres quieren ser “pactantes y no pactadas”.
Un espacio autónomo
Entre las medidas de género se acordó conformar la Instancia Especial de Mujeres para la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, IEM. Este es un espacio de debate autónomo, técnico y político, conformado por mujeres de la sociedad civil que representan a mujeres campesinas, víctimas, firmantes de paz, población diversa, organizaciones de plataformas nacionales y de territorios, negras, raizales y palenqueras. Tiene como misión principal hacer el seguimiento a la implementación de las medidas de género pactadas en los seis puntos del Acuerdo de Paz.
En este orden de ideas, la IEM presentó el último informe en el mes de noviembre de 2023, como resultado de encuentros con mujeres, funcionarios públicos y firmantes de paz en los territorios beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
Claves del informe
El informe es un reflejo de lo que viven las mujeres en los territorios en materia de implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz. Si bien existe un compromiso decidido del gobierno que preside Gustavo Petro y Francia Márquez con la implementación, siendo este un cimiento fundamental para la política de la Paz Total, se evidencia en gran medida el coletazo que dejó la gestión de la administración de Iván Duque en su idea de hacer trizas la paz.
Frente a la Reforma Rural Integral, el documento plantea que existe un rezago pese a los esfuerzos del actual Gobierno nacional en el incremento del presupuesto y apuestas para cumplir con todos los compromisos. La adjudicación de tierras refiere que desde 2017 las mujeres han recibido el 48 por ciento del total de hectáreas, sin embargo, menciona que persisten obstáculos relacionados por la falta de conocimiento sobre las características legales y físicas de los terrenos ingresados al Fondo de Tierras.
Cabe resaltar que el nivel de adjudicación en general es muy bajo. Los proyectos de transformación territorial de las zonas PDET en su mayoría son de infraestructura y carecen de la incorporación del enfoque de género.
Con respecto al punto dos Participación política: Apertura democrática para construir la paz, el Sistema Integral de Seguridad de la Política, SISEP, se valora la adopción reciente de la “Política Pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz, incluidas las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
No obstante, esta política aún no ha iniciado con su implementación. Por eso, el informe de la IEM hace un llamado de urgencia porque en los contextos de los territorios no existen las garantías reales para la participación política en los liderazgos de las mujeres.
Asimismo, recomienda la necesidad de incluir indicadores de seguridad para medir su impacto en la seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos. Con relación al Acto Legislativo 02 de 2021 sobre curules de paz, asegura que la paridad solo llegó hasta la inscripción y no se materializó en el proceso de elección.
Sobre el punto tres del Acuerdo, denominado Fin del Conflicto, el informe de la IEM cita que a julio de 2023 hay 12.138 personas en proceso de reincorporación, de las cuales 3.075 son mujeres. Señala, además, la preocupación de las mujeres reincorporadas por el aumento de los factores que ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Por otro lado, el informe menciona los obstáculos que tienen “para su empleabilidad, por ejemplo, el no tener títulos de formación secundaria y universitarios, y cuando se presentan las ofertas, estos no contemplan horarios que vayan acordes a sus necesidades específicas y menos garantías para el cuidado de sus hijos”.
A propósito del punto cuatro, Solución al problema de drogas ilícitas, el documento señala que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, fracasó en su implementación. Las razones son la baja cobertura en los territorios e incumplimiento de los acuerdos sostenidos con la población cocalera, especialmente con las mujeres.
El informe de la IEM identifica que al PNIS se han vinculado 99.907 familias entre cultivadoras, no cultivadoras y “raspachines”, evidenciando que no existen planes para las cocineras de las fincas y las quimiqueras.
Con respecto a las víctimas, punto cinco del Acuerdo de Paz, el apartado de género en el informe y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad son valorados, como también, la apertura del macrocaso once que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.
Pactantes y no pactadas
De igual forma, el documento valora positivamente la creación del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, que a su vez conforma la IEM, y la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos, IEANPE, pues han garantizado el seguimiento a los enfoques de género y étnico.
Finalmente, el informe señala el persistente trabajo de las mujeres por la implementación del Acuerdo. La propuesta de pactantes y no pactadas ha evidenciado ese compromiso, que nace y se consolida en los lugares excluidos de la Colombia profunda.
