La Jurisdicción Especial para la Paz publicó un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en relación con los ceses al fuego. El informe ha sido criticado por su metodología. VOZ habló con el exdirector del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Tanto la política de Paz Total, que se ha implementado en el Gobierno de Gustavo Petro, como los ceses al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con el Estado Mayor Central, han sido ampliamente criticados por los sectores de la oposición, quienes denuncian una presunta impunidad de los actores armados.
Al respecto, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 2022 y 2023, con resultados favorables para la política de Paz Total del Gobierno nacional. Sin embargo, el análisis ha suscitado una polémica por cuenta de la metodología usada por el alto tribunal.
Al respecto, VOZ habló sobre el informe, la Paz Total y los derechos humanos con José Antequera Guzmán, abogado y exdirector del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
La metodología
Hay un debate sobre la metodología usada para la recolección de la información en el reciente informe de la JEP, ¿qué pasa allí?
-Es un debate que tiene que ver con el carácter de la institución que publica el informe. Hay quienes argumentan que la JEP no es un observatorio del conflicto y de la Paz Total. Por lo tanto, cualquier metodología que aplique para tener datos certeros sobre impactos de la política del Gobierno nacional o el informe sobre el cese al fuego implica una suma de fuentes secundarias.
No obstante, la JEP explica muy bien que su naturaleza no solo es ser un alto tribunal de paz para juzgar a las personas que participaron en el conflicto armado, sino también una instancia para garantizar los derechos de las víctimas. En ese sentido, necesita información certera acerca de los impactos que tienen el cese al fuego y la Paz Total, particularmente en regiones que pueden considerarse favorables a la garantía de los mismos, puesto que serán en esos territorios donde se implementará esas medidas para esa satisfacción.
¿Se está vetando una publicación porque está elaborado con fuentes secundarias?
-Sí. Me parece que pretender vetar esta posibilidad de que la JEP produzca documentos, a partir de fuentes secundarias, es no comprender la naturaleza del informe, el cual pretende establecer magnitudes de riesgo. Eso es exactamente lo mismo que hacen muchos entes de la Alcaldía de Bogotá, que no tiene un observatorio único sobre medidas de satisfacción o garantías de derechos de las víctimas y, en gran medida, produce información que es absolutamente determinante para establecer a nivel de política pública las condiciones de riesgo para la población.
En ese sentido, esa es la naturaleza de ese informe. Pretender que tenga la misma categoría que tienen los informes donde hay investigadores en territorio puede llegar a ser errado; no obstante, en mi concepto, no se debe debatir en torno a que es inválido porque tiene fuentes secundarias, porque se estaría quintando el carácter informativo y público que tienen los demás observatorios que produjeron la fuente primaria. No hay un problema, pero sí se debe entender la categoría de dicho informe.
El informe y la política
La JEP no solo habla sobre la situación de la fuerza pública y los excombatientes, sino de diferentes ceses al fuego y la Paz Total en Colombia con diversos grupos insurgentes…
-Eso es lo que pretende el informe completo porque ellos no se nombran como un observatorio, pero saben que las personas necesitan información certera acerca de la situación de conflicto hoy en los territorios para la garantía de los derechos de las víctimas. En ese orden de ideas, era necesario que se incluyera información sobre otros actores armados diferentes a las Farc y el Gobierno, aunque la naturaleza del juzgamiento incluya solamente a esos actores.
Y es que el análisis del conflicto actual incluye al Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues, debe estar presente en el informe, como los demás grupos armados que tienen presencia en diferentes partes del país.
Indudablemente el debate también es político…
-La razón de ser de la crítica es fundamentalmente política. Hay una pretensión de calificar el informe como favorable al Gobierno actual, ya que los datos son favorables para la política de Paz Total, pero el texto no es para estar o no estar con el Gobierno, porque eso no lo encargó el presidente Petro o el Ejecutivo, porque no pretende dar cuenta de los éxitos.
Es un informe que analiza la situación del conflicto en determinadas regiones para la garantía de los derechos de las víctimas y da la casualidad de que se observa que el cese al fuego ha tenido impactos positivos en la sociedad.
Y eso, en términos políticos, parece ser una afirmación que se vuelve absolutamente polémica porque hay una preconcepción absolutamente definida por algunos como un dogma de que la Paz Total no puede dar ningún buen resultado.
Vulneración de los derechos humanos
Es notable la disminución de la vulneración de los derechos humanos en el país, pero todavía es alarmante los casos de asesinatos de líderes sociales y masacres. ¿Cuál es la lectura de esta situación?
-La sociedad colombiana y, particularmente, quienes apoyamos los procesos de paz, tenemos una preconcepción de que hay una situación grave de violación a los derechos humanos. Muchos tenían la expectativa que con la llegada de un gobierno de izquierda o progresista se redujera la situación de las vulneraciones; pero quienes participan de una propuesta electoral progresista y democrática saben que no necesariamente va a ser así.
Y no hay una afirmación que diga que a partir de la llegada del progresismo a la Presidencia las violaciones de los derechos humanos se acabarían. Al sustraer esos elementos de expectativa y realidad, lo más lógico de una situación grave a los derechos humanos es que se agudice en la medida en que llegara un gobierno progresista y democrático.
Es decir, ¿la situación se agudizó con la llegada de Petro?
-Sí, porque es un gobierno democrático que incentiva la participación y la exposición de liderazgos sociales, ambientales y demás. Ese tipo de participaciones afectan los intereses clientelistas tradicionales, lo cual significa que las violaciones a los derechos humanos podrían o tienden a agudizarse.
Al hacer este análisis, la situación de los derechos humanos en Colombia no es la mejor, pero no corresponde a una política en la que el Gobierno no ha hecho nada, porque no solamente hace cosas en materia de seguridad, sino también en participación, que termina exponiendo a los líderes y genera confrontaciones y, por ende, vulneraciones.
El informe de la JEP apoya una afirmación importante y es que no es cierto, como han venido diciendo muchos analistas y periodistas, que el cese al fuego lo que ha traído es impunidad a las organizaciones criminales y, en ese sentido, agudiza las violaciones a los derechos humanos. El informe de la JEP demuestra que el cese al fuego sí produce efectos positivos, es decir, que en muchos casos reduce las violaciones a los derechos humanos.
