El Gobierno puede orientar la política económica mediante una ejecución presupuestal para la reactivación. Simultáneamente, financiar la actividad productiva de los sectores popular
Carlos Fernández
La publicación de los resultados de la actividad económica al finalizar el primer semestre de 2023 es una ocasión propicia para determinar si el rumbo emprendido por el Gobierno nacional es el que se requiere, si es necesario introducir un golpe de timón, acelerar o desacelerar el ritmo.
Coincidió dicha publicación con la finalización del primer año del Gobierno, la cual ha dado pie a múltiples análisis, sesgados muchos de ellos, acerca de lo bueno, lo malo y lo feo del accionar del ejecutivo en todos los ámbitos de la actividad gubernamental.
Los resultados en materia de producción
El DANE indicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, durante el segundo trimestre del 2023 había sido tan sólo de 0,34%, en comparación con el mismo trimestre de 2022.
Por el lado del producto, los sectores que decrecieron, afectando la marcha general de la economía, fueron la industria manufacturera (-3,85%), dentro de la cual la industria textil y del cuero tuvo el mayor decrecimiento (-14,55%); la construcción de vivienda y de obras civiles (-3,70%), destacándose por su retroceso la construcción de carreteras y vías de ferrocarril junto con otras obras de ingeniería civil (-17,36%); el comercio (-3,14%) y la agricultura, ganadería y silvicultura (-1,59%), destacándose en este rubro el descenso de la silvicultura y la extracción de madera (-8,11%) y la producción de café (-7,36%).
Por el contrario, la minería y la extracción de bienes del subsuelo crecieron a una tasa de 1,7%, en tanto que el sector financiero, simple intermediario de la actividad económica, presentó un resultado positivo de 1,6% en el período considerado. Como puede verse, el núcleo central de la producción de la riqueza, es decir, la producción material directa, sufrió un importante deterioro.
La economía sigue siendo una economía extractivista, ligada al sector financiero, de baja productividad. Al cabo de un año de gobierno, obviamente, no se puede pedir un cambio estructural de la economía, tal como se plantea en el programa de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque cabe señalar que, si se comparan los resultados tomando el semestre completo y se relacionan con el primer semestre de 2022, el resultado es un tanto mejor, ya que el crecimiento del PIB fue del 1,7% entre esos dos períodos.
La situación por el lado del gasto
Al analizar las cifras del gasto se empieza a entender el porqué de los resultados observados en materia de producción. La inversión disminuyó notablemente en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo trimestre de 2022 (-22,22%). Por su parte, las importaciones descendieron -14,46%.
Estos descensos no pudieron ser compensados por el aumento en el consumo de los hogares (0,77%) ni en el consumo del gobierno (2,32%). Tampoco el aumento de las exportaciones logró contrarrestar el impacto negativo, aunque crecieron en 2,54%.
Cabe señalar que, si se toman las cifras del semestre completo y se comparan con el primer semestre de 2022, se mejora un tanto el panorama, pero se mantiene el mismo sentido en la evolución de las diferentes variables: la inversión desciende -15,53% y las importaciones lo hicieron a una tasa de -11,02%. Por su parte, el consumo de los hogares creció en 1,90%, el consumo del gobierno creció 1,03% y las exportaciones lo hicieron a una tasa de 2,56%.
El contexto internacional y nacional
El panorama no es halagador. Tampoco lo es para la economía mundial, en general. Ya hay varios países que han mostrado un decrecimiento, como Alemania, Austria, Suecia y Holanda.
Internamente, pesan factores como las elevadas tasas de interés, que encarecen los costos de las empresas (fenómeno mundial, también), inflación elevada, que afecta el consumo de las personas, en particular, de los sectores más pobres. De manera que ni el sector privado ha podido o querido realizar las inversiones que se requieren para lograr una reactivación en forma, ni el sector público ha ejecutado los presupuestos asignados, particularmente, en materia de obras públicas e inversión en general. El llamado de atención del presidente a los diferentes ministerios por la baja ejecución está más que justificado.
No obstante, hay que matizar. En materia de inversión privada, aparte de la elevación de costos a causa de las altas tasas de interés, se evidencia una desaceleración por causa de las expectativas que generan los enunciados de política pública del Gobierno y los enfrentamientos entre sector público y privado alrededor de las reformas presentadas y aún no aprobadas.
El reciente congreso de la ANDI pidió establecer lazos de confianza entre ambos sectores, pero en los discursos de sus dirigentes se puede ver que sólo les genera confianza un Gobierno que no introduzca los cambios estructurales prometidos.
La baja ejecución presupuestal puede explicarse por la necesaria revisión de lo que se venía haciendo, a fin de enderezar las cargas impuestas por gobiernos anteriores, pero ya es tiempo de acelerar el gasto, particularmente el de inversión.
En este aspecto, el gobierno se enfrenta a un círculo vicioso que, dadas las circunstancias políticas en que se ganaron las elecciones, es difícil de superar. Se trata de que una buena tajada del presupuesto debe ir a pagar la deuda pública, tanto externa como interna. Esto disminuye la capacidad de inversión pública y pone al gobierno ante el dilema de pagar o invertir.
Si no paga, los acreedores externos califican mal al país y los inversionistas se retiran. Si no paga las acreencias internas, la emisión de papeles pierde confianza entre los inversionistas, sobre todo los institucionales, es decir, principalmente, los fondos privados de pensiones y cesantías.
Además, el compromiso del Gobierno de respetar la regla fiscal, que limita la capacidad de ejecución presupuestal a un porcentaje determinado del PIB, hace más difícil la ejecución presupuestal.
¿Qué hacer?
Para estimular el consumo y la inversión productiva, el Gobierno ha tomado algunas medidas para controlar la inflación, la cual se resiste a caer al ritmo esperado. El consumo de los hogares se estimula mediante las transferencias monetarias que ahora se denominan Renta Ciudadana.
Si bien es cierto que se busca cambiar la estratificación social que sirve de base a la designación de los beneficiarios de las transferencias por el establecimiento de un registro único y universal de ingresos, no se están ligando las transferencias a programas productivos que vinculen a los beneficiarios con la economía popular y formal del país. El asistencialismo debe asumirse como una política necesaria que debe tender a desaparecer. No se puede trabajar con el mismo criterio clientelista de gobiernos anteriores.
El Gobierno tiene, pues, la posibilidad de orientar la política económica mediante una ejecución más acelerada del presupuesto hacia la reactivación, acelerando la inversión en obras civiles, vivienda social, infraestructura de transporte y otras.
Al mismo tiempo, debe reorientar la política de subsidios hacia la ampliación de la actividad productiva de los sectores populares. También, es necesario organizar un sector financiero que apoye a la pequeña y mediana empresa industrial y comercial.
Finalmente, seguir insistiendo con las reformas. Puro keynesianismo, se dirá. Las condiciones económicas y políticas, en el país y en el plano internacional, no dan para más. Pero hay que hacerlo.
