El reciente principio de acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional abrió el debate sobre la soberanía política y económica, y las estrategias de crecimiento con inclusión social y mejora de las condiciones de vida del pueblo
Gastón Ángel Varesi (*)
El principio de acuerdo entre el gobierno argentino de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional, FMI, hay que evaluarlo teniendo en cuenta procesos de carácter más estructural y de largo plazo y otros fenómenos más propios de la coyuntura.
En primer lugar, hay que señalar un factor preocupante del orden estructural. La aprobación del acuerdo con el FMI implica la convalidación de un proceso de endeudamiento plagado de irregularidades que, incluso permiten cuestionar su legalidad.
El origen del problema se encuentra en el acuerdo entre la organización financiera internacional con el gobierno de Macri en 2018, el cual involucró una toma de deuda de 50 mil millones de dólares (la mayor de la historia tanto nacional como del propio Fondo Monetario Internacional) y que fue realizada sin dar participación al Congreso argentino e incluso violando los estatutos del propio FMI, ya que fue utilizada para financiar la fuga de capitales frente al estallido de la burbuja financiera que el propio gobierno de Cambiemos (2015-2019) había creado a través de una feroz desregulación del sector financiero, alza de tasas de interés internas, y el armado de fabulosos negocios especulativos.
El problema del acuerdo actual sería el de perpetuar un péndulo donde gobiernos neoliberales endeudan al país y restringen su soberanía económica, y luego gobiernos progresistas o populares terminan convalidando la deuda y pagándola a costa de las necesidades populares, en un país donde la pobreza alcanza al 40% y la primera deuda que habría que saldar es con los trabajadores y las mayorías populares.
Endeudamiento criminal
Parece perderse entonces, la posibilidad de llevar a cabo una investigación y enjuiciamiento de los responsables de este endeudamiento criminal, que constituye una genuina deuda odiosa, realizada a espaldas de la sociedad con fines que no fueron la mejora de las condiciones de vida de la población o el desarrollo de obras de infraestructura económica o social sino el cierre de uno de los ciclos de valorización financiera más brutales que vivió el país, por el nivel de intensidad del endeudamiento en un corto plazo y por las restricciones que dejó hacia adelante y que estuvo al servicio de catapultar las rentas de sectores altamente concentrados.
Éste y todo acuerdo con el FMI para los países de la periferia implican una pérdida de soberanía. En Argentina, pasamos desde el fin de los tratados con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner y un ciclo de desendeudamiento continuado durante las administraciones de Cristina Fernández, a un ciclo de hiperendeudamiento durante el período de Macri y, actualmente, un nuevo acuerdo bajo el gobierno de Alberto Fernández que involucra la evaluación constante de la organización financiera internacional sobre las políticas económicas nacionales.
Sobre este punto, vale la pena recordar que el rol del FMI no es el de un prestamista cualquiera sino un organismo de dominación geopolítica al servicio de un orden global regido por el imperialismo norteamericano, el cual identifica a los países latinoamericanos como un territorio próximo bajo su gestión, el famoso “patio trasero”.
Debemos tener en cuenta que el propio ministro de economía Martín Guzmán señaló que en los próximos dos años y medio habrá diez revisiones trimestrales por parte del FMI y del resultado de esas revisiones va a depender el refinanciamiento (o no) de los vencimientos previstos.
Los costos del ajuste
También es cierto que hay diversos factores de la coyuntura que el gobierno argentino sopesó a la hora de acordar. Por un lado, el ejecutivo plantea que fue una negociación dura pero exitosa ya que el acuerdo no involucra la imposición de reformas estructurales de corte neoliberal, como la reforma laboral y la reforma previsional que suele demandar el organismo. Además, en la propia declaración pública del FMI se sostiene que el acuerdo permite “aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados”.
Asimismo, desde el gobierno dejan traslucir que la caída en un default, en los contextos de debilidad de reservas que tiene la Argentina, hubiera dejado al país en un estado crítico para resistir las presiones y corridas cambiarias, teniendo en cuenta que toda devaluación trae aparejado un fuerte incremento de precios, y éstos mayores aumentos de la pobreza. Señalan que es un éxito haber sorteado por lo pronto ese escenario para “tranquilizar” la economía y dar previsibilidad al proceso de crecimiento que se inició en 2021.
Por otro lado, no puede eludirse que hay metas rigurosas que implican el recorte del déficit fiscal primario (de 2,5% del PIB en 2022; 1,9%; en 2023 y 0,9% en 2024), aumentar las reservas internacionales y restringir la emisión monetaria. Esto abre un debate acerca de sobre quiénes van a recaer los costos del ajuste.
Un rubro a debatir son los subsidios a las tarifas de servicios públicos, particularmente las de energía (lo cual también puede tener un impacto de aumentos que afecten a los hogares y que suban costos a las empresas con un correlato inflacionario), en un contexto donde, salvo que se realice una reforma tributaria muy progresiva que afecte a las grandes fortunas asociado también a un fuerte crecimiento económico, probablemente los “esfuerzos” vayan a tender a recaer sobre las mayorías, limitando la necesaria recomposición de las condiciones de vida de un pueblo que viene padeciendo cuatro años de devastación neoliberal con el macrismo y dos años de pandemia.
La espada de Damocles
Finalmente, si el gobierno cumple con lo pautado (en un acuerdo del cual falta aún conocer la “letra chica”), el primer desembolso se pagaría recién en 2026, o sea cuatro años y medio después, y se terminaría de pagar en 2032. Muchos críticos plantean que la deuda sigue siendo impagable incluso en esos plazos, pero más allá de esto, si el FMI no aprueba con sus evaluaciones constantes el cumplimiento de las pautas establecidas, el acuerdo se caería adelantando una situación de casi imposible resolución por la magnitud de la deuda, dejando una “espada de Damocles” pendiendo sobre la cabeza de la sociedad argentina.
La definición parece estar cada vez menos en manos de los mecanismos soberanos del Estado nacional y más en las oficinas del FMI instaladas ya de forma permanente en el país y en las de Washington donde se va a definir la aprobación de dichas evaluaciones.
Como síntesis, el gobierno compró un alivio coyuntural ya que evita el pago de 2.800 millones de dólares el próximo 21 de marzo (monto que subía a USD 19 mil millones en todo el año), vencimientos que nuestro país no está en condiciones de pagar por la escasez de reservas internacionales, pero dejó sin resolver el tema central y el ciclo de endeudamiento se perpetúa en América Latina.
Incluso bajo condiciones de nula legitimidad y dudosa legalidad como el mega préstamo que tomó el gobierno de Macri y que en vez de hacerlo responsable a él junto a las corporaciones del capital concentrado que se beneficiaron con la especulación y fuga de capitales, ahora todo el pueblo argentino va a terminar pagando.
(*) Secretario político del Partido Comunista de la Argentina – La Plata
