Una de las particularidades de la crisis institucional en el país andino es que las bandas criminales, haciendo ostentación de su poder, han decidido intervenir en política. El crimen de Fernando Villavicencio es un ejemplo
Ricardo Arenales
El asesinato del candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, en Ecuador, ocurrido el pasado miércoles 9 de agosto, se ha constituido, sin dudas, en el acontecimiento criminal más importante de la política ecuatoriana en la historia reciente.
En primer lugar, por la forma en que las bandas, particularmente las vinculadas al narcotráfico, irrumpen en la vida de los ciudadanos. Segundo, por el momento en que ocurre, a menos de dos semanas de una contienda electoral que puede ser definitoria para el futuro de la nación ecuatoriana.
Lo menos que ha provocado el crimen, es que ha sacudido el panorama político, pues el inmolado se disputaba el segundo lugar en las preferencias de los electores, y había montado su campaña precisamente con las banderas de la lucha contra la corrupción y el combate a las bandas criminales en su país.
Además, el crimen puede trastocar el resultado final de las urnas, por el estado de desestabilización institucional que se vive en el país, el miedo generalizado entre los candidatos y los ciudadanos, y otras expresiones de violencia criminal que hoy cobran relevancia.
Acciones del crimen organizado
Además de que el presidente decretó el estado de excepción por 60 días, el resto de aspirantes presidenciales decidieron suspender sus actos de campaña electoral que, por cierto, en su mayoría se venían realizando a puerta cerrada por el temor frente a las amenazas.
Las crónicas de prensa local han recordado que el magnicidio de Villavicencio no ha sido el único. Hace apenas unos días registraron el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Itriago. De la deportista Ariana Chancay y de otras 30 personas. Además, impusieron un motín carcelario en distintos penales, lo que elevó la discusión sobre la violencia criminal que azota a Ecuador.
Los sicarios del crimen organizado han quitado la vida a concejales electos, alcaldes y a candidatos en distintas corporaciones públicas.
En este contexto, abundan las críticas de numerosos observadores políticos, investigadores sociales y los propios candidatos presidenciales a la gestión del presidente Guillermo Lasso quien se ha mostrado absolutamente incapaz de contener el avance de la criminalidad. Más que eso, algunos lo acusan de cierta complacencia y tolerancia ante las bandas criminales, que han permeado el aparato del estado, haciendo del Ecuador un ‘Estado fallido’.
Crisis institucional
Al menos así lo asegura el expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, quien asegura que “Ecuador se ha convertido en un Estado fallido”, y que las mafias del narcotráfico permean diferentes instancias del poder político, la justicia, los órganos de control, las fuerzas armadas y los medios de comunicación.
Por cierto, una de las particularidades de la crisis institucional del país andino, es que las bandas criminales, haciendo ostentación de su poder, han decidido intervenir en política y el crimen de Fernando Villavicencio es expresión de esta situación.
El mismo día en que se conoció la noticia del crimen, la banda denominada “Los Lobos”, publicó un video en el que se tribuye el asesinato y anunció que no será el último: “Se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra”.
Ingobernabilidad
“Los Lobos” es considerada como una de las dos mayores bandas criminales del país, con más de ocho mil miembros, distribuidos en varias prisiones. Se consideran aliados del Cartel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a un reporte reciente del medio local Ecuavisa.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Diana Altamaint, denunció que miembros de ese organismo han recibido llamadas amenazantes, incluso “de muerte” en las últimas horas. La delicada situación contrasta con la poca gobernabilidad que le queda al presidente Lasso, que con pocas semanas que le quedan en el poder se muestra impotente para enfrentar la situación de inseguridad que embarga al país.
En estas condiciones, todos los candidatos asumen que el principal problema que deberán enfrentar apenas lleguen al gobierno es el de la inseguridad ciudadana, tema novedoso para la política ecuatoriana, más acostumbrada a las crisis sociopolíticas y los levantamientos indígenas, pero no al auge delictivo. Esta situación hace que de por medio esté el deterioro de la democracia formal ecuatoriana.
Índices de criminalidad
La situación de inseguridad es novedosa, porque hace veinte años los índices de criminalidad eran muy bajos. Hoy la situación es completamente diferente y se convierte en un fenómeno que le explota en la cara a los ciudadanos, que vieron caer acribillado a uno de sus candidatos presidenciales.
El embate de las organizaciones criminales hizo que la tasa de homicidios se duplicara entre 2021 y 2022, cuando se registraron 25 asesinatos por cada cien mil habitantes. Pero al final del año pasado Ecuador cerró con la mayor tasa de muertes violentas de su historia: 25.32 por cada cien mil habitantes, la mayoría vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.
Estadísticas de la policía nacional revelaron que entre enero y junio de este año se registraron 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58 por ciento con respecto al año anterior.
Camino diferente al neoliberalismo
En medio de este caos, Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, y Yaku Pérez, del Movimiento del Agua, mantienen una postura que combina la persecución policial con un discurso de prevención, atención social y mejora en los niveles de educación de los ecuatorianos.
En los pocos días que faltan de campaña, la situación transcurre en medio del miedo, la incertidumbre y la discusión en torno a cómo los candidatos presidenciales prometen enfrentar el crimen organizado. Probablemente, quien presente el discurso más convincente para enfrentar el problema, llegue al primer lugar en el podio electoral.
Es el momento en que Ecuador debe decidir entre un conjunto de propuestas políticas neoliberales, que plantean la privatización de la seguridad pública, al estilo Bukele, y la oferta de Revolución Ciudadana de Luisa González en fortalecer el Estado, para impedir su colapso, ante la poderosa embestida del narcotráfico, que mete sus narices en la política doméstica ecuatoriana.
