Economía política de los Acuerdos de La Habana: Reformas para el progreso

Un pacto para salvarnos del retorno a un pasado de guerra y el desangre económico del país exige deponer las pasiones y los resentimientos, para darle una oportunidad al progreso con democracia, la redistribución de la riqueza generada por los trabajadores y la desconcentración del poder político.

Nelson Fajardo

Luego de los resultados del plebiscito, en los cuales ni ganó el no ni perdió el sí, pero perdió la nación, es conveniente ver el tema del proceso de paz desde los aspectos financieros. Ante todo por el terrorismo económico desatado por los directivos de la campaña alineada por el no.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaboró un documento que utilizó una base de datos procedente de la Universidad de Uppsala de Suecia, que permite cruzar 16 variables para clasificar 36 países, según la intensidad del conflicto que se divide, en 31 con acuerdos de paz y 5 con victoria militar. Luego se cruzaron las variables incluidas en el proceso de paz colombiano, se obtiene una muestra de 18 países. Los resultados arrojan los siguientes datos, para Colombia:

Los datos de la tabla son altamente optimistas y representan la visión del Estado sobre el impacto de la inversión, la cual será estimulada por los ingresos de la nación, las donaciones y los préstamos. En esta dirección Estados Unidos y Alemania ya colocaron unos recursos con préstamos de largo plazo y óptimas condiciones, por un monto de 250 millones de dólares.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) conformó un Fondo por US$ 11.500 millones, para que Colombia y otros países se beneficien. A ello se agregan los ingresos obtenidos como producto de la reforma tributaria, que debe convertir el fondo de impuestos pagos por el capital para la guerra en impuesto para la paz permanente, estable y duradera; sin afectar el consumo popular con las históricas alzas del IVA.

De otro lado, hay quienes sin ser tan optimistas asumen una posición más moderada y evalúan críticamente los efectos de la economía política para la paz.

Así, Marc Hosftetter, profesor de la Universidad de los Andes, considera que habrá efectos negativos sobre la asistencia y la calidad de la educación, rechazo a correr riesgos por traumas psicológicos, desplazamiento y ajustes en el plano territorial y efectos sobre el medio ambiente. Frente a esos efectos negativos, el profesor sugiere cinco retos importantes a tener presentes.

Primero, lograr sostener tasas de crecimiento de la economía estables o ascendentes; segundo, alcanzar un crecimiento de 5,9 por ciento para no afectar los dividendos alcanzados por la paz.

Tercero, una tasa de crecimiento alta, a largo plazo y sorprendente, no se alcanza exclusivamente por el hecho de haber apaciguado una guerra civil sin derrota de una de las partes en conflicto; cuarto, sostener las tasas de crecimiento en los sectores productivos es difícil, si partimos de un estudio histórico del progreso industrial de un país como Colombia, donde efectivamente, el grado de industrialización sigue incompleto.

Y quinto, los dividendos por sectores de la producción son difíciles de alcanzar, no solo por la industrialización inconclusa, sino también porque la estructura de la actividad económica es deficiente.

Si bien, esos planteamientos son válidos, al profesor Hosftetter le faltó un aspecto fundamental, cual es la falta de interés del modelo de acumulación que rige los destinos económicos de la nación y su posición desindustrializante, que ha reducido parte sustantiva de la inversión a la importación para el consumo directo de la población; de ahí el crecimiento de los centros comerciales; mientras que la inversión en nuevas fábricas y empresas productivas no se ve desde décadas atrás.

En lo que refiere al gasto público, que se incrementa cuando vivimos el proceso de paz; los ingresos tienen un crecimiento inferior, lo que puede obligar al endeudamiento, posible si partimos de la enorme liquidez actual de la economía y su aporte tributario para alcanzar los 160 billones de pesos requeridos a diez años para alcanzar la paz con justicia social.

La necesidad de un pacto nacional para salvarnos del retorno a un pasado de guerra sin triunfo de ninguna de las partes y el desangre económico del país exige deponer las pasiones y los resentimientos, para darle una oportunidad al progreso con democracia, la redistribución de la riqueza generada por los trabajadores y la desconcentración del poder político.

Para esto, el diálogo entre el Estado y la sociedad civil (capitalistas transnacionales y nacionales, latifundistas en proceso de modernización y los trabajadores asalariados, campesinos, indígenas y afrodescendientes) debe profundizar en lo aportado por los diálogos de La Habana, ajustarlos para mejorar y crear un frente amplio que incluya todas las fuerzas vivas de la sociedad y la política, para no volver atrás. Esta es la hora y el momento para emprender transformaciones significativas, expresadas en las 297 páginas de los Acuerdos de La Habana.