El problema de la inseguridad debe ser atendido con medidas integrales que reconozcan la complejidad del fenómeno y garanticen el pleno goce de los derechos, la humanización de la Policía y el efectivo castigo a los delincuentes
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Ya es un lugar común decir que la inseguridad está disparada -nunca mejor dicho- en Colombia. El progresivo empobrecimiento de amplias capas de la población, el agravamiento de la situación por cuenta de la desatención del Gobierno a los sectores más vulnerables y las fallidas estrategias adelantadas por los gobiernos, han provocado que todos los índices de hurtos aumenten dramáticamente, lo que se manifiesta en una percepción generalizada de desazón entre la ciudadanía, que se siente desamparada por las autoridades y a merced de los delincuentes.
En general, el problema de la seguridad ha sido un discurso de cómodo manejo por parte de la derecha, pero la izquierda se ha negado a asumirlo con una propuesta seria y que forme parte de su programa político. Tal vez porque siempre se ha considerado que la inseguridad es consecuencia de la desigualdad socioeconómica, la izquierda se ha quedado en ideas que no pasan de fortalecer las medidas sociales como fórmula mágica para garantizar la protección de, como dice la Ley, la vida, honra y bienes de la ciudadanía.
Problema complejo
Lo anterior es cierto, pero insuficiente. Es verdad que la pobreza y la desigualdad son causas directas de la inseguridad, como se comprueba comparando los índices de hurtos entre los países más desiguales y los más equitativos, pero una problemática como la que nos ocupa requiere un análisis de fondo y una propuesta que reconozca la complejidad del fenómeno y, en especial, la urgencia de atenderlo. Urgencia que deberá afrontar el próximo Gobierno popular del Pacto Histórico. En ese sentido, se esbozan a continuación algunas ideas que podrán formar parte de la estrategia de seguridad a implementar a partir del próximo 7 de agosto.
Lo primero debe ser reconocer que el problema de la inseguridad es complejo, tiene muchas aristas y por ello debe ser atendido con una política integral. En lenguaje académico, se puede afirmar que la seguridad es una variable dependiente, es decir, su comportamiento depende de factores ajenos, que inciden en él y por ello deben considerarse las diferentes causas que determinan el aumento o la disminución de las situaciones que ponen en riesgo a las personas.
En otras palabras, la seguridad no depende de sí misma sino de factores como la equidad socioeconómica, la cultura política y la eficacia del sistema judicial, entre otros.
Por ello, es cierto que debe procurarse un cambio en el modelo económico que promueva la generación de empleo de calidad y bien remunerado. Una sociedad con bajas tasas de desempleo y pobreza es una sociedad proclive al respeto por la propiedad. Dicho de otro modo, si todos pueden acceder a unas condiciones mínimas de dignidad, habrá menos estímulos para que las personas tengan que robar para sobrevivir.
Ciudades para la gente
Un segundo aspecto tiene que ver con la concepción de ciudad que impera en nuestro país. En Colombia aún estamos anclados en la vieja idea de que el espacio público es para las personas “callejeras” y que las personas decentes permanecen en casa. Por ello, alcaldías como las de Mockus y Peñalosa en Bogotá, se esforzaron por mantener los andenes “limpios” de trabajadores informales y los parques despejados de jóvenes que comparten en los espacios públicos. Todo bajo el supuesto de que el espacio público debe permanecer lo más vacío posible.
Ello es un error. Las ciudades deben ser pensadas como espacios para compartir, integrarse, divertirse y trabajar. Debe avanzarse hacia ciudades de 24 horas, bien iluminadas, con servicios para todos y todas y donde las personas ocupen de forma permanente el espacio público. La gente en las calles desestimula la presencia de ladrones y otros delincuentes.
Una nueva Policía
Se ha discutido mucho sobre la necesidad de adelantar una profunda reforma a la Policía Nacional, propuesta que no es nueva, pero que se hizo urgente a raíz de la masacre perpetrada por agentes de la institución durante el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y el comportamiento desmedido del Esmad durante el pasado Paro Nacional.
No obstante, ello no es suficiente, no basta con reformas cosméticas como la del cambio de uniforme, el desmonte del Esmad o el traslado de la Policía al Ministerio del Interior. Hacen falta medidas más audaces. El próximo Gobierno popular deberá desmantelar la actual Policía como se hizo con el extinto DAS y crear un nuevo cuerpo civil de seguridad ciudadana, aprovechando la experiencia de los mejores hombres y mujeres de esa institución -que los hay, y muchos-, destituir y encarcelar a los corruptos y criminales y jubilar a quienes hayan demostrado ineficacia en su labor policial.
La nueva Policía deberá ser un cuerpo realmente civil, efectivamente adscrito al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, que no esté cobijado por el Código Penal Militar, con una doctrina que no promueva el maltrato hacia la ciudadanía, con una nivelación salarial y buenas condiciones laborales que desestimulen la corrupción, que fortalezca la prevención por encima de la represión y con un cuerpo antidisturbios al que accedan los mejores agentes de la institución y no al contrario, como ocurre en la actualidad.
Además, es necesario profundizar en la propuesta de Gustavo Petro de promover el acceso a la educación superior de los policías para que se integren verdaderamente a la ciudadanía y superen la condición de cuerpo separado del resto de la sociedad que ostentan actualmente.
Todo ello deberá redundar en una nueva actitud de la Policía frente a la ciudadanía. Debe ponerse fin a los perfilamientos, es decir, a la proclividad de los agentes de hostilizar a personas pobres y jóvenes que usan el espacio público para su recreación. Dicho de otro modo, que el policía deje de perseguir y extorsionar a los jóvenes que, por ejemplo, consumen licor o marihuana en las calles y se ocupe de prevenir el delito persiguiendo y atrapando a quienes realmente representan un peligro para la ciudadanía, como los ladrones.
Menos impunidad
Por supuesto, debe hacerse también una profunda reforma al sistema judicial, aumentando su presupuesto y fortaleciendo los mecanismos de control interno. Porque no basta con una reforma al Código Penal que, por ejemplo, castigue a los reincidentes con mayor severidad o que haga más expeditos los procesos penales (la famosa queja de que cuando atrapan un delincuente, el juez lo deja en libertad).
Sin dejar de ser garantista, el nuevo Código Penal deberá diseñar las formas para que los delincuentes sean efectivamente castigados y se supere la sensación de desamparo que todos en Colombia tenemos frente a la justicia. Y claro, será necesario un sistema judicial que castigue a los llamados criminales de cuello blanco, es decir, aquellos que se roban las carreteras, las hidroeléctricas o los Planes de Alimentación Escolar. Un sistema que castigue con severidad -mucha severidad- a los corruptos, promoverá la idea de que efectivamente “el que la hace, la paga”.
En resumen, si un gobernador -por ejemplo- es condenado a cuarenta años por un desfalco y si el policía tiene estabilidad laboral y es respetado al interior de su institución, estará menos motivado a incurrir en actos de corrupción.
El problema es complejo, como se ve. El Pacto Histórico debe profundizar en este debate y en el diseño de una propuesta integral de seguridad, porque a partir del 7 de agosto quienes deberemos atrapar a los ladrones, seremos nosotros.
