La riqueza de sus territorios solo es aprovechada por multinacionales que ni siquiera respetan la normatividad ambiental y laboral, mientras miles de sus pobladores están en la miseria
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Mientras un video muestra unas imponentes turbinas eólicas de 120 metros de altura, que sobresalen en un desierto de La Guajira, la voz de Luis Fernando Lobo Barrera dice: “Podríamos estar orgullosos de lo lejos que ha llegado la humanidad, teniendo el conocimiento para convertir la voluntad y la fuerza del viento en energía más limpia para el mundo, y menos contaminante para el planeta. Pero 120 metros más abajo, en el suelo, estar ante la miseria de nuestro territorio es algo desesperanzador.
“Esperando nuestro propio desarrollo; un anhelo simple, que no es tan complejo como el desarrollo económico no convencional, pero que parece ser imposible de lograr. Llegaron primero las máquinas que capturan el viento, que las tuberías del agua, llegaron primero los drones y los ejércitos y los tanques blindados, que los médicos y las enfermeras para salvar la vida de 16 mil niños en desnutrición; llegaron primero las redes y las torres de tecnología de punta, que la soberanía alimentaria”.
La pieza promocional que evidencia la paradoja de la riqueza, pertenece a la campaña a la Cámara de Representantes de la lista cerrada del Pacto Histórico por este departamento, y es la manera como las comunidades y los dirigentes sociales ven que sus riquezas solo han servido para el beneficio de unas pocas empresas, mientras ellos cada vez son más olvidados por el Estado. Por eso hacen su apuesta política con propuestas alternativas.
Abandono y desigualdad
De la lista hace parte Luis Fernando Lobo, un luchador social de Riohacha, sociólogo de la Universidad del Atlántico, que ha trabajado en programas de atención a primera infancia, con UNICEF y pertenece al movimiento social en defensa de los pueblos indígenas y afro, y del medio ambiente.
Con un grupo de amigos y simpatizantes de la campaña, recorre los alejados municipios y las diferentes comunidades convenciéndolas de la posibilidad de construir un departamento distinto, con oportunidades y desarrollo para todos. VOZ habló con él.
– ¿A qué atribuye que La Guajira sea un departamento tan olvidado por el Estado, con pobreza y con una gran desigualdad social?
– Lo primero es que el departamento de La Guajira no es pobre. Es un departamento donde hay unos intereses transnacionales, como en ninguna otra parte de Colombia. Tenemos la puesta en marcha de la economía extractiva, que lleva casi 40 años: Cerrejón. Hoy su dueño mayoritario es Glencore. Una de las empresas con peor imagen por abuso de los derechos humanos y del medio ambiente. Cerrejón provoca un pasivo ambiental y un pasivo social impresionante.
Tenemos también la explotación del gas en Manaure. Tenemos un departamento que tiene sal, que va a abrir una mina de cobre, pero que también tiene su puesta en marcha las economías extractivas, en las economías no convencionales, como la de los parques eólicos.
Este año se inauguran los primeros 16 parques eólicos de los 60 que están proyectados para la producción de energía. Además, está la posible explotación petrolera que se desarrollará en el departamento.
– Entonces, ¿con esas nuevas formas de producción de energía hay otras posibilidades?
– La trampa está en que en el Plan de Desarrollo de Duque se estableció que el 99% de las ganancias les corresponden a las empresas y solamente el 1% al Estado. En esa distribución, solamente 0,60% les corresponden a las comunidades indígenas, lo que implica que hay una distribución desigual de las ganancias que van a generar esos parques.
Tenemos unos parques, por ejemplo, que hoy están siendo custodiados por un ejército completo, un batallón y 145 carros de guerra blindados que donó el Ejército norteamericano. Y el Gobierno Nacional no ha entregado copia de las consultas previas que se han hecho con las comunidades. Y creemos que esas consultas tienen unos vicios porque las mismas comunidades han manifestado que ellos firmaron una consulta que no conocen, que no entienden por completo los impactos ambientales que podrían tener esos parques.
Las comunidades han quedado solas discutiendo la negociación con las empresas porque la Defensoría del Pueblo no ha ido a acompañarlas. Donde están ubicados los parques eólicos tenemos 16 mil niños en estado de desnutrición. No hay sistema de salud, hay hambre.
Norma incumplida
– ¿De qué trata la Sentencia T 302 de la Corte Constitucional?
– Declara para el norte del departamento el estado de cosas inconstitucionales. Quiere decir que en La Guajira los derechos son completamente vulnerados. La sentencia determina objetivos constitucionales fundamentales como el acceso al agua, a crear un nuevo sistema de salud, carreteras, un programa de alimentación para garantizar la soberanía alimentaria y educación. Pero no se ha cumplido.
Nosotros somos un departamento que está muy alejado de la media nacional en todos los indicadores de pobreza multidimensional. En el departamento el Estado colombiano, por ejemplo, en el tema del agua, no ha alcanzado el 20% de cobertura para zonas dispersas, en este caso para las comunidades wayuu. Y la sentencia, por ejemplo, ordena que debe haber un mínimo de agua, que son 22 litros diarios por persona. Eso no se da.
– Si el departamento no es pobre, ¿qué ha empobrecido a sus comunidades?
– Antes de la explotación del carbón, la agricultura representaba más del 40% del Producto Interno Bruto, PIB, con algodón arroz, café, ganadería, chivos, cerdos, maíz y frijol. Luego vino la bonanza carbonífera. Se pasó al modelo extractivista que concentró el desarrollo económico alrededor del carbón, a depender de él.
Nuestro deber es recuperar el modelo que se perdió porque tenemos 312 mil hectáreas cultivables, distribuidas en diferentes pisos térmicos que podrían ayudar a subsanar la crisis alimentaria. Eso requiere apoyo de la banca privada y pública, asistencia técnica, conectividad en vías terciarias y secundarias. Hay que fortalecer el turismo, utilizar los puertos para la exportación de otros productos más allá de los mineros. Todo con participación de las comunidades campesinas, indígenas y afro, que no beneficie solo a las multinacionales como sucede actualmente.
Soluciones, con las comunidades
– ¿Cómo el Pacto Histórico puede ayudar a que eso suceda?
– Con los puntos que propone el Pacto, porque sus propuestas ayudarían a solucionar los problemas de La Guajira. El cambio de modelo implica recuperar el trabajo y la productividad, entonces, en los parques de las energías no convencionales las comunidades deben ser accionistas y dueñas, porque esos territorios les pertenecen. Así sucede en el modelo danés, las comunidades son socias. Que las ganancias que les queden sirvan para superar las necesidades básicas insatisfechas.
Pero que esos parques también sirvan para darle energía a las zonas dispersas, priorizando hospitales, colegios rurales, instituciones públicas, que generen empleo local. De esa manera, la Universidad de La Guajira debería establecer carreras relacionadas con la producción de este tipo de energías.
Hay que fortalecer el turismo, la pesca, la ganadería y la agricultura, y ese es el corazón de las propuestas del Pacto Histórico.
Se debe discutir con las comunidades una transición energética en la que con el Estado y las empresas se decida cómo será la salida del carbón, para que mejore su calidad de vida. Eso se debe hacer en la construcción de una ley de transición energética.
