Editorial 3217
“Cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado. Diferentes estudios están poniendo de manifiesto que las redes criminales no se dedican exclusivamente a actividades ilegales económicas. Además, están ejerciendo tareas correspondientes a los Estados”. Esta cita tomada de la introducción que hace Sonia Alda al libro Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina (Madrid, mayo de 2021) es perfecta para develar la acción realizada por fuerzas especiales del Estado ecuatoriano contra la Embajada de México.
El asalto a la Embajada como territorio mexicano para secuestrar a Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018, gran parte de ese periodo bajo la presidencia de Rafael Correa, es un acto que no puede tener otra caracterización: una acción criminal. Por eso, la ruptura de relaciones ordenada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con el Ecuador es lo menos que podía provocar la decisión del presidente Noboa de irrumpir por la fuerza en la sede diplomática. En un mensaje en la red social X, López Obrador calificó el hecho de “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”.
El hecho reviste tal gravedad que la presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, ayer 9 de abril convocó una reunión cuyo segundo punto de la agenda será dedicado a “Proponer a la firma de los presidentes la firme condena de la CELAC al Estado de Ecuador por el ingreso ilegal de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito, haciendo uso indebido de la fuerza, violentando el principio de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, ocurrido el pasado 5 de abril de 2024”.
No es un hecho aislado y aventurero de un gobierno. Es la acción coordinada de una extrema derecha latinoamericana y mundial que actúa bajo la orientación de los Estados Unidos en el desarrollo de lo que al parecer es un nuevo “Plan Condor de la Américas” y la estrategia de la “internacional reaccionaria”. El Estado ecuatoriano violó todas las leyes internacionales y los acuerdos latinoamericanos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención de Carcas de 1.954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1.961, además, violo un principio universal del derecho internacional de los derechos humanos y civiles como es el del derecho al asilo, como principio legal y humanitario.
¿Porque Noboa se atrevió a tanto? Primero, viene de capa caída en las encuestas de aceptación ciudadana y buscó producir un impacto para mover un favoritismo a tres semanas del referéndum que él ha convocado para consolidar su modelo neoliberal. Segundo, la presión de Estados Unidos para detener cualquier posibilidad de que el correísmo con su propuesta progresista vuelva al poder en Ecuador. Hay que recordar que, siendo presidente, Correa recuperó para los y las ecuatorianas la base de Manta, otrora enclave militar y económico del Pentágono. Y tres, fortalece la idea de una derecha con poder que puede llevarse por delante todo el andamiaje del derecho internacional, considerado un obstáculo para sus intereses.
En buena hora Venezuela y Colombia con Nicolás Maduro y Gustavo Petro la cabeza de cada país, enfrían las tensiones y buscan trabajar sobre los consensos de Unasur y la Celac, ejemplo que debe seguir el presidente Lula Da Silva. Enfrentar esta estrategia criminal de la derecha requiere unidad.
