Detonan artefactos explosivos en el caso urbano de San José de Apartadó

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Preocupa la ausencia de protocolos de seguridad encaminados a proteger a la población civil durante los operativos de desactivación de las cargas explosivas (alarmas de aviso, evacuación de la población en las zonas inmediatas y aledañas a los artefactos, etc.)

INGMIL

Comité de y Para los Derechos Humanos de San José de Apartadó

Son actos de guerra ilegítima los que ejecutan los actores armados del conflicto transgrediendo los mínimos del Derecho Internacional Humanitario, estos son, los que se cometen contra las personas que no hacen parte del conflicto o cuando se ejecutan mediando métodos de lesa inhumanidad, tales como: los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como: la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; los castigos colectivos; la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; el pillaje; las amenazas de realizar los actos mencionados; entre otros[1. Ver: Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, Titulo II, Articulo 4°.].

Terror, indignación y desesperanza son los sentimientos de los que hacemos eco hoy en nombre de la población de San José de Apartadó. Incertidumbre, miedo y zozobra generalizada frente a la catástrofe humanitaria que se avecina y que desde ya, y mucho antes, venimos anunciando sin que nadie se inmute; ni la llamada sociedad civil, ni las instituciones, ni los organismos humanitarios. Nadie parece otorgarle la importancia a los actos de terror como métodos ilegítimos de guerra que se vienen cometiendo en contra de los pobladores indefensos de San José de Apartadó, como población especialmente protegida por el DIH.

Por eso hoy, con un profundo reproche no solo contra los perpetradores directos de las acciones terroristas que se vienen cometiendo en contra de las personas y bienes civiles de San José, sino además, nuestro reproche tiene que alcanzar a los perpetradores indirectos de tan terribles atrocidades como son los que teniendo el deber de impedirlas, no lo han hecho, a pesar de nuestros insistentes llamados y denuncias. A esos hoy les decimos que con la presente se entienden informados, con las respectivas responsabilidades constitucionales y legales que ello implica. En estos términos denunciamos que:

1. El día 2 de junio de 2014, en el casco poblado del Corregimiento de San José de Apartadó, siendo las 8:00 am aproximadamente, fue detectado un artefacto explosivo, al parecer sin que nadie se hubiera percatado de la presencia del objeto, extrañamente los miembros del ejército nacional que hacen presencia permanente en el poblado llegaron directamente hasta donde se encontraba la bomba, con todos los elementos preparados para llevar a cabo su desactivación mediante explosión controlada. La onda explosiva causó gran terror en todos los habitantes.

2. El día de ayer (3 de junio de 2014), en las mismas circunstancias antes descritas, es decir, antes de que alguien se percatara, siendo aproximadamente las 9:00 am, un grupo de soldados hizo presencia dentro del casco urbano de San José de Apartadó con el objetivo de desactivar dos artefactos explosivos, dejados a un costado de la casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal. los explosivos fueron retirados por los soldados hasta el lugar donde se encuentra la estación de policía, donde fueron activados de manera controlada. La aparición de estos explosivos cerca de las casas de los civiles y la onda explosiva han causado gran terror en los pobladores.

Antecedentes:

1. El día 26 de marzo. A las 10:00 de la mañana, en momentos en que se realizaba en el corregimiento el taller preparatorio para el evento de la Constituyente Campesina por la Paz con Justicia Social el Ejército inició una maniobra para desactivar lo que llamaron un artefacto explosivo, que según ellos había sido arrojado en un recipiente de basuras ubicado en la calle principal, junto a la puerta del centro de salud, para lo cual llevaron patrullas con perros y desplegaron un cable para detonaciones controladas.

Tal parece que luego de verificar la presencia del artefacto, el Ejército procedería entonces a explosionarlo en el mismo lugar. Pero los participantes en los talleres y algunos pobladores del caserío denunciaron que momentos antes habían visto a miembros del Ejército depositar un paquete justo en el mismo recipiente de basuras. Y al cuestionar a los militares, éstos exigieron la identificación de los pobladores, y en el cruce de palabras y alegatos el Ejército decidió retirarse del lugar, recogió el cable y retiró las unidades con perros antiexplosivos, y fue abortada la operación para desactivar el supuesto artefacto.

2. El día 28 de marzo de 2014 a las 10:00 horas de la mañana los integrantes del Comité de Derechos Humanos denunciaron ante los miembros de la Policía Nacional, ante la Defensoría del Pueblo Comunitaria para el corregimiento de San José de Apartadó y ante la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia que justo a diez metros del colegio de dicho Corregimiento se encontraba un paquete (un bulto) con contenido desconocido. Y específicamente le solicitaron a la Policía que hiciera presencia para verificar el contenido del paquete.

Los miembros de la Policía Nacional respondieron que tal situación no era de su competencia, y por tal motivo el Comité y la Defensoría del Pueblo se pusieron en contacto con el Ejército Nacional para que estableciera los protocolos para la verificación de la situación. Pero ambos llamados fueron desatendidos, y mientras tanto el coronel Quintero, responsable de la Brigada XVII, negaba en la emisora Antena Estéreo del municipio de Apartadó que el Ejército hubiese recibido comunicación alguna de parte de la Defensoría respecto de la situación.

El paquete que denunciamos se encontraba a cincuenta metros de la base militar del Corregimiento y es un paso obligado para las rondas de patrullaje diario de los militares. No existe otro acceso desde el puesto militar hacia el caserío, pero no dejamos de señalar que desde la mañana del lunes 28 hasta la madrugada del miércoles 30 de marzo, no sólo se suspendieron los patrullajes sino que la denuncia no había sido atendida.

Avanzada la noche del día 29 algunos habitantes de la comunidad notaron la presencia de un sujeto que vestía prendas negras y que se paseaba de un lado a otro del puente que une el caserío con la base militar –el objeto se encontraba en este paso nivel-, individuo que permaneció en el lugar hasta las dos de la madrugada del día 30, momento en el cual hizo presencia un nutrido grupo de militares, y sólo a partir de las seis de la mañana de este día éstos empezaron a desplegar los operativos del grupo antiexplosivos, quienes desactivaron mediante explosión controlada lo que en efecto resultó ser un explosivo.

3. El día 12 de mayo de 2014 a la 1:00 pm aproximadamente, miembros de la comunidad informan a organismos competentes y a organismos de derechos humanos la aparición de un paquete o bulto sospechoso y con contenido desconocido que se encontraba a escasos 20 metros frente a la sede comunal de nuestro corregimiento.

Pasadas las 3:00 pm el ejército hizo presencia en la zona extrañamente acompañados de periodistas de la región e iniciaron lo que al parecer fue una operación de desactivar un artefacto explosivo.

Queda clara la sistematicidad de la modalidad terrorista desplegada por los actores del conflicto armado en contra objetivos no legitimados por el Derecho Internacional Humanitario. Nos sigue preocupando la ausencia de protocolos de seguridad encaminados a proteger a la población civil durante los operativos de desactivación de las cargas explosivas (alarmas de aviso, evacuación de la población en las zonas inmediatas y aledañas a los artefactos, etc.).

Así mismo, nos sigue preocupando la ausencia de protocolos legales, tales como la necesaria presencia de autoridades judiciales, que puedan garantizar los procedimientos de carácter jurídico-penal y administrativos de manera objetiva e imparcial, la protección de la cadena de custodia del material probatorio y demás, encaminadas a esclarecer las responsabilidades subjetivas y conjurar así la esfera de impunidad que permite que estos nefastos sucesos sigan ocurriendo.

Reiterando que la ausencia de estos protocolos jurídicos, permite que solo el Ejército pase a ejercer todas las acciones de control y juicios, como ha sucedido recientemente en los tristes, atroces y recientes eventos de los llamados “niños bomba” de Tumaco y los falsos positivos de tres campesinos y un indígena el sábado 17 de mayo en el Alto Amarradero, zona rural en límites de los departamentos de Nariño y Putumayo.

Responsabilidades

Hacemos responsable directos a los actores armados (FARC-EP y Estado Colombiano a través del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional), a las entidades públicas garantes de la protección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Ministerio Público-Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal de San José de Apartadó, Defensoría del Pueblo), Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía general de la Nación y demás entidades del orden estatal garantes de dicha protección, de lo que pueda ocurrir en materia humanitaria a los pobladores del Corregimiento de San José de Apartadó.