En medio de la ofensiva de los sectores del gran capital, que han privatizado el acceso a la energía eléctrica, y la oposición de la vieja clase política a la política energética del Gobierno, entrevistamos a Nelson Mauricio Rey, director de energía eléctrica del Ministerio de Minas y Energía. Rey compartió los aspectos centrales de la estrategia de transición energética justa y sus impactos
René Ayala B.
@Reneayalab
Uno de los escenarios de contradicción más fuertes y mediáticos entre el gobierno del cambio y los sectores políticos y gremiales del viejo poder es sin duda el energético. El Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro ha puesto en el centro la transición energética justa y la transformación de la matriz de energías fósiles a limpias, lo que ha desatado la ira santa de quienes representan el modelo basado en el carbón y el petróleo. Este viejo modelo pone en riesgo la existencia de la misma especie humana, pero deja elevados réditos económicos a expensas del futuro del planeta.
Una de las iniciativas más solidas ha sido impulsar desde el Ministerio de Minas y Energía las acciones encaminadas para avanzar en este aspecto, que pasa necesariamente por la democratización de la energía. En esa tarea, existe todo un equipo de personas jóvenes, formadas y comprometidas, como Nelson Mauricio Rey.
Él es un experto en planeación y gestión de políticas públicas; estuvo al frente de la estrategia de comunidades energéticas y hoy es el director de energía eléctrica del Ministerio. VOZ conversó con Rey frente a la realidad del sector para ubicar la raíz del debate y sus perspectivas.
¿Cuál es la situación real de la oferta de energía eléctrica en el país?
La oferta de energía eléctrica está diferenciada entre el Sistema Interconectado Nacional, SIN, y las Zonas No Interconectadas, ZNI. A nivel nacional, el 93% de los usuarios cuenta con acceso a energía, ya sea dentro del SIN o en las ZNI.
Aunque el Sistema Interconectado Nacional ha alcanzado una cobertura significativa en los grandes centros de consumo, aún persisten brechas en regiones apartadas, donde el acceso a la electricidad es limitado o inexistente. Estas áreas, principalmente en las Zonas No Interconectadas, se ven afectadas por la dispersión geográfica, la limitada infraestructura y altos costos de operación.
Por ello, el Gobierno le apuesta firmemente a la estrategia de transición energética justa, que, mediante soluciones provenientes de fuentes renovables, busca llegar a todos esos hogares que carecen de energía eléctrica aplicando principios de justicia ambiental, justicia social y justicia distributiva.
¿Cuál es la apuesta del Gobierno en perspectiva de la transición energética justa?
Con el propósito de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, el Gobierno nacional ha promovido la Transición energética justa, TEJ, como un pilar clave en la estrategia para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad.
Esta ambiciosa política no solo busca transformar los sistemas energéticos del país hacia alternativas más limpias y sostenibles, sino también abordar retos sociales como la pobreza energética multidimensional. En este sentido, la TEJ se propone democratizar el acceso a la energía, garantizando que las comunidades más vulnerables sean protagonistas y beneficiarias directas de esta transformación.
Además de reducir desigualdades, la TEJ busca el empoderamiento de las comunidades en los procesos de generación, comercialización y consumo de energía. Este enfoque contribuye a la transformación del modelo económico extractivista hacia una economía diversificada, incluyente y sostenible, consolidando la soberanía energética del país.
¿Y el compromiso con las comunidades que aún no tienen cobertura?
El Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades que aún no tienen acceso a energía eléctrica, reconociendo que la electrificación es esencial para garantizar derechos como la salud, la educación, la generación de ingresos y la conectividad. Al posibilitar el acceso a la energía, se busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades en aspectos como alimentación, el bienestar térmico en las viviendas y el acceso a actividades de recreación y ocio.
¿Cómo van las comunidades energéticas?
Las Comunidades Energéticas son el eje central de la estrategia nacional de transición energética justa. Estas iniciativas promueven sistemas locales, colaborativos y descentralizados, donde se busca que las comunidades sean las protagonistas en la producción, comercialización y uso de energía mediante modelos asociativos. Su enfoque en fuentes no convencionales y renovables permite garantizar el acceso a energía en regiones sin cobertura, fomentando el desarrollo social y económico de las comunidades.
Las claves son incrementar la eficiencia energética aprovechando los recursos renovables locales, democratizar la energía mediante la participación de la ciudadanía, descentralizar la generación, almacenamiento y consumo de energía mediante modelos asociativos locales, descarbonizar la economía a través de la promoción de generación de fuentes renovables, promover economías locales justas, incluyentes y sostenibles, ofrecer tarifas de energía accesibles e incorporar estrategias de protección y conservación del medio ambiente en los modelos energéticos.
¿Dónde se han consolidado?
Avanzamos en 29 departamentos. Para la priorización y focalización de las Comunidades Energéticas, se han considerado criterios orientados a reducir las brechas socioeconómicas y energéticas en las regiones más vulnerables del país. Estos criterios incluyen indicadores como: niveles de pobreza multidimensional; presencia de comunidades étnicas; territorios afectados por el conflicto armado y alta dependencia del carbón como fuente de energía.
Durante el proceso de convocatoria, se recibieron 17.465 postulaciones, reflejando un fuerte respaldo a la estrategia de Transición Energética Justa.
Por último, ¿esto incide en combatir los elevados costos de energía eléctrica?
Históricamente, la producción y distribución de energía eléctrica ha dependido del Sistema Interconectado Nacional y de fuentes convencionales no renovables. La consolidación de Comunidades Energéticas, donde las poblaciones sean propietarias de la producción y distribución de energía, contribuirá a reducir costos y aumentar el acceso al servicio, generando un impacto positivo en el desarrollo social y económico de las regiones más vulnerables.