Se equivocan de cabo a rabo los que creen que los diálogos de La Habana no son de competencia de los colombianos y las colombianas. Los puntos de la agenda tienen que ver con históricos y graves problemas del país, que afectan las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares, como también lesionan el tamaño de la democracia casi inexistente. No se trata solo de la reforma agraria, primer punto de la agenda, porque siguen otros que tienen que ver con las reformas políticas y sociales, en buena medida causas del largo conflicto, y anhelos de los sectores democráticos y avanzados del país para lograr mejores condiciones de vida y bienestar.
En La Habana o en eventuales y necesarios diálogos con el ELN y el EPL no se pueden resolver todos los problemas nacionales, pero el sentimiento generalizado es que al menos deben modificarse las causas que originaron el conflicto de casi seis décadas. La permanencia de ellos en la problemática colombiana, no obstante el paso del tiempo, es la demostración de la mezquindad de la clase dominante y de su desinterés porque Colombia haga el tránsito a un país moderno y de progreso social. La resistencia obedece a que la oligarquía, acostumbrada a gobernar mediante el ejercicio implacable de la violencia contra la lucha social y la oposición política de izquierda, le tiene pánico a los cambios democráticos. Un nuevo régimen pluralista, de tolerancia y de plena vigencia de las libertades fundamentales, es el anuncio del fin de una larga y tortuosa dominación de injusticia social.
En este sentido, en La Habana lo que está en juego es la paz con democracia y con justicia social. Nadie amenaza la propiedad privada o pretende la dictadura del proletariado, en la campaña que esgrime la derecha, difundidas en los medios de una prensa burguesa descarada al servicio del gran capital y de los monopolios.
¿Qué interés tiene esa prensa desbordada en cuestionar la concentración de la propiedad sobre la tierra, cuando pertenecen a poderosas empresas transnacionales o nacionales monopólicas que concentran el control sobre los más importantes medios de comunicación? En las últimas semanas, por ejemplo, RCN asumió el control de la cadena radial Súper y Caracol Radio, del Grupo Prisa, compró Radio Santafé, emisora de tradición en Bogotá y que había resistido la presión de las cadenas más grandes en los últimos años. Al final cedió ante la “confianza inversionista”, propia del inequitativo e injusto modelo de acumulación neoliberal del capital en la actualidad.
Preocupa, entonces, que el Gobierno Nacional esté cerrado a discutir temas de fondo y de interés nacional en aras de la paz. Clausura la posibilidad de avanzar hacia acuerdos concretos y de beneficio nacional. ¿Cómo excluir el tema de la concentración de la tierra en pocas manos o de la explotación minera por transnacionales o del medio ambiente o de mayores recursos sociales para la población más necesitada o de la salud, la educación y las pensiones? Los noes del Gobierno, como se le ha llamado al rechazo a que la agenda contemple discusiones vitales para el país, como si la misma fuera estrecha e inocua, se levantan como un muro de la infamia en el camino de la paz avanzada, del fortalecimiento de la democracia y de la justicia social.
Sin embargo, hay que saludar, en medio de los anuncios fatales gubernamentales, los comunicados de la Mesa que registran coincidencias y avances en el primer tema. Pero falta un mayor compromiso y decisión del Gobierno en función de los temas que están planteando las organizaciones sociales y populares. De ahí la importancia de la movilización popular en defensa de los diálogos de La Habana y de cara a las protestas en marcha en el país en un ambiente de ebullición social. La gran marcha sobre Bogotá, el 9 de abril, con ocasión del 65 aniversario del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, debe ser expresión del torrente popular que demandan diálogo y soluciones a graves problemas. El tamaño y los alcances de las reformas van a depender de la presión de las masas y de la participación del pueblo.
