Debates sobre la cuestión agraria

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Desde el 2 de septiembre de 2005 el Proceso de Liberación de la Madre Tierra viene adelantando la recuperación de tierras, afectando los intereses del ingenio Incauca. Foto David Oliveros

Para los principales medios corporativos de comunicación, desde el pasado 7 de agosto se viene adelantando una “ola de invasiones” que afectan el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, desconocen procesos de ocupación popular con 17 años de existencia. Al respecto, el presidente Gustavo Petro ha dado la instrucción de agilizar la reforma agraria

Redacción Campo

El lunes 5 de septiembre el presidente Gustavo Petro reunió en la Casa de Nariño a los funcionarios del alto gobierno responsables del sector agrario. A partir de ahí los ministros y directores de las entidades han comenzado a planificar las medidas concretas para realizar la reforma agraria por la cual votaron más de la mitad de los electores.

Antes, los grandes propietarios de tierras quisieron imponer su agenda y se inventaron una “ola de invasiones después del 7 de agosto”. En realidad, existen diversas ocupaciones de tierras en el país, casi todas iniciadas antes de la transmisión de mando presidencial y en la mayoría de los casos varios años antes. Son diferentes las agrarias a aquellas que en ciudades como Neiva o Valledupar se realizan por familias sin vivienda.

El caso Tamalameque

Los predios rurales Matarredonda y Machín Berlín en Tamalameque, Cesar, fueron ocupados por 150 familias desde abril de 2021, porque determinados terratenientes quieren apoderarse de ellas, siendo sabanas y playones comunales de la ciénaga de Zapatosa. Esos playones fueron desecados por terratenientes para su provecho particular, afectando a las comunidades campesinas.

Luis Quiñones, el líder de los campesinos de la región, fue asesinado el 2 de agosto. Antes, el 25 de noviembre de 2021 asesinaron a Albert Mejía, otro campesino protagonista de esta disputa territorial.

A finales de febrero de este año, fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur quienes desde hace siete años abanderaron la ocupación de tierras en San Martín, Cesar, también playones comunales. Como líderes del campesinado denunciaron la apropiación ilegal de predios por parte de terratenientes.

Liberación de la madre tierra

Algunas fincas en proceso de extinción de dominio en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, fueron ocupadas en las últimas semanas, pero no se puede ocultar que en realidad casi todas las ocupaciones de predios de la SAE comenzaron hace años y varios de estos procesos se dan en una dinámica urbanizadora para tener vivienda.

Lo que la prensa incluye en la “ola de invasiones” y los indígenas llaman “liberación de la madre tierra”, en el norte del Cauca, comenzó hace 17 años, al amanecer del 2 de septiembre de 2005, cuando centenares de comuneros Nasa se atrevieron a hacer cumplir el compromiso del Estado colombiano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para entregar tierra a los indígenas como parte de la compensación por la masacre de Nilo, ocurrida en diciembre de 1991.

Las fincas que los propietarios querían vender al Incora e Incoder fueron sistemáticamente arrendadas por el ingenio Incauca, que se dedicó a bloquear tanto la compensación acordada con la CIDH, como el cumplimiento de otros acuerdos entre gobierno e indígenas. Ése y no otro es el origen del conflicto, que para Semana y Blu Radio comenzó el 7 de agosto, pero que cubre más de lo que va de este siglo.

El 13 de septiembre de 2005 tres mil quinientos indígenas ocuparon dos haciendas. El 12 de octubre siguiente, campesinos e indígenas Nasa y Misak tomaron 15 haciendas más. Sucesivos episodios de tomas y desalojos ocurrieron desde 2008 hasta el 7 de agosto pasado, destacándose los de 2014.

Cosecharon tempestades

Antes de posesionarse Gustavo Petro como presidente, los “liberadores de la madre tierra” tenían ocupados 25 predios, sin que los gobiernos de Álvaro Uribe (2006-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022) lograran desalojarlos, a pesar de repetidos ataques por parte del Escuadro Móvil Antidisturbios, Esmad, y hasta del Ejército nacional.

Lo nuevo desde el 7 de agosto ha sido que el ingenio Incauca, la Policía Nacional y enmascarados con armas de fuego apoyaron a afrocolombianos que desalojaron a los indígenas de la finca El Chimán, mientras los guardias de la empresa que pertenece a la Organización Ardila Lulle agredían a los ocupantes de Guayabal. Después de estos hechos, ministros, senadores y diversos funcionarios se reunieron en el Cauca con representantes de las comunidades negras e indígenas, concertaron y establecieron una ruta de solución para el conflicto de tierras.

Pero, en una sorpresiva, improvisada y descoordinada rueda de prensa el 30 de agosto, con presencia de tres ministros, de manera equivoca se usó el concepto de “invasores”, se habló del respeto a la propiedad privada, pero no de la propiedad colectiva ni de los compromisos de los gobiernos ni del derecho de los campesinos a acceder a la propiedad de la tierra.

El ministro de Defensa Iván Velásquez, acosado por los periodistas, terminó por mencionar que dentro de las 48 horas siguientes a una ocupación de hecho la Policía puede desalojar a los ocupantes. Es lo que dice el código que rige a la fuerza pública.

Entonces la gran prensa impuso el titular “el gobierno da 48 horas de plazo para desalojar a los invasores”. Organizaciones y líderes campesinos e indígenas se pronunciaron contra el supuesto ultimátum. Los “liberadores de la madre tierra” fueron más allá: ocuparon más fincas. Incauca sembró vientos y cosechó tempestades.

Cansados de esperar

El alto gobierno tiene una clara instrucción presidencial: coordinar la planificación, propuestas y realización de la reforma agraria. Al respecto, pensamos que se requiere multiplicar por diez el presupuesto que el gobierno de Iván Duque había proyectado para la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en 2023, además de modificar las normas que regulan la agencia, para que pueda cumplir sus funciones.

El uribismo desde 2007 limitó la capacidad de adquisición de tierras del Incoder, hoy ANT y es necesario restituir el artículo 31 de la Ley 160 de 1991 a su texto original, para facilitar sus tareas de reforma agraria. El decreto 2015 de 2015 necesita ser modificado para dar a la ANT una estructura adecuada que le permita constituir reservas campesinas, titular baldíos a campesinos, cumplir la sentencia SU-288-22 de la Corte Constitucional y el Acuerdo de Paz, agilizar los procesos de resguardos y territorios colectivos y adquisición de tierras para ellos. El Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en construcción debe priorizar la reforma rural integral y establecer las normas para realizarla.

Un noticiero entrevistó a los campesinos “invasores” de Curumaní, Cesar. Ellos dijeron que no quería tomarse la finca por vías de hecho y les preguntaron entonces para qué estaban ahí: la respuesta fue clara: “para que ustedes vengan y le informen al país que necesitamos tierra y estamos cansados de esperar”