El Gobierno nacional tendrá que responder los cuestionamientos sobre el manejo del recurso hídrico en dos megaproyectos con impacto ambiental: el río Ranchería y el Canal de Dique
Redacción Política
A responder el Gobierno nacional por sus ejecuciones en el departamento de La Guajira. Por iniciativa de la senadora Aída Avella, fueron citados el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo Enrique Zea, la Consejera Presidencial para las Regiones Ana María Palau, el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico José Luis Acero, la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina Arbeláez, y al gobernador del departamento Nemesio Raúl Roys Garzón por la problemática que presenta el departamento en materia de hambre, salud y agua potable.
“En el departamento de La Guajira se sufren a diario la pobreza, el hambre y la desnutrición, mientras el agua es secuestrada por las multinacionales que explotan los recursos naturales. El abandono estatal ha llegado a niveles tan alarmantes que la Corte Constitucional tuvo que proferir la Sentencia T-302 de 2017 para tutelar los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayuu en La Guajira”, expresó la senadora Avella.
Después de cinco años de haberse declarado un estado de cosas inconstitucional, aun no se han ejecutado las acciones necesarias y suficientes para superarlo, en especial aquellas encaminadas a proveer de agua potable a los habitantes del departamento. La convocatoria al ministro Zea se debe a los proyectos colectivos de desarrollo agrario que encontró la parlamentaria en su más reciente visita a la comunidad indígena de la región.
Canal del Dique
También irá a debate la ruta fluvial 5G de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ante la publicación por parte del Ministerio de Transporte de los pliegos de adjudicación del proyecto que impactaría a los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico y el agua del Magdalena.
La citación tiene por objetivo revisar los procesos de consulta previa del proyecto a las comunidades aledañas el Río Magdalena en los departamentos del Caribe. Y revisar esos mismos procesos en comunidades que viven del agua que le van a despojar.
“Queremos preguntarle al gobierno por qué siendo la Ciénaga de Maríalabaja, la zona considerada de Amortiguación Del Proyecto, donde viven comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia directa, cómo va el proceso de consulta porque esas familias están expuestas a inundaciones y pérdidas de capacidad productiva de sus tierras por la conexión con la ciénaga a ciénaga (Matuya, Zarzal, Tupe, Jobo Atascosa, Maríalabaja)”, señaló Aída Avella.
Los debates fueron aprobados por la Comisión Cuarta de Senado y está a la espera de señalar fecha de asignación y la respuesta a las entidades gubernamentales citadas.
