Un análisis de la legislación bolivariana protectora de los indígenas, fautora de la primera reforma agraria en Colombia, y los desafueros de una alcaldesa
José Ramón Llanos
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 en Colombia hay 1.900.000 indígenas, es decir, un 4,4% del total de la población del país. El 50,1% son mujeres y el resto, hombres. Los emberas katíos son 77.714 y viven en Antioquia, Chocó y Córdoba.
Los indígenas emberas, que tienen dos años de deambular por las calles de Bogotá, han pasado del Parque Nacional a dos refugios temporales denominados Unidad de Protección Inmediata, UPI, de la Florida y la Unidad de Protección Inmediata La Rioja que les dio la alcaldesa Claudia López; han recibido maltratos verbales de las autoridades citadinas, incluidas las palabras ofensivas de la mandataria. También han recibido golpes de la policía.
A raíz de estos atropellos de los policías a los indígenas emberas y del maltrato verbal de la alcaldesa a las autoridades de la misma etnia, es pertinente y oportuno mostrar a los lectores de VOZ la actitud y la legislación protectora de Simón Bolívar a todos los indígenas de las distintas comunidades residentes en Colombia.
En realidad, Claudia López y su equipo nombrado para el caso de los emberas en Bogotá (niños, mujeres y ancianos), no ha resuelto adecuadamente los problemas y las necesidades múltiples de estos indígenas. Esta situación acusa una vez más la negligencia de la clase dirigente, desde el siglo XIX hasta hoy para atender debidamente el problema de la habitación, de la alimentación y de la educación para los niños y los problemas de salud que, especialmente, afectan a los ancianos. Estas carencias no han sido atendidas eficazmente.
Leyes y Decretos bolivarianos que protegen a los indígenas
La clase dirigente actual ni siquiera puede alegar que no cuenta con una legislación que los obligue a proteger a los indígenas, ya que desde la segunda década del siglo XIX Simón Bolívar se ocupó en decretos y leyes de tratar de resolver los problemas del lugar de residencia y la educación de los indígenas que habitan en Colombia.
El 20 de mayo de 1820, El Libertador firmó un decreto en favor de los indígenas, en el considerando de este leemos: “Deseando corregir los abusos introducidos en Cundinamarca en la mayor parte de los pueblos naturales, así contra sus personas como contra sus resguardos y aún contra sus libertades, y considerando que esta parte de la población de la República merece las más paternales atenciones del gobierno por haber sido la más vejada, oprimida, y degradada durante el despotismo español. He venido a decretar, y decreto; Artículo 1. Se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos…”.
En efecto, en el contenido del artículo primero, El Libertador expresa el hecho de que los únicos propietarios legítimos de todas las tierras, que formaban los resguardos, eran los indígenas. En el artículo tercero, El Libertador ordena devolverles las tierras usurpadas a los indígenas y repartirlas dando una extensión de terreno a cada familia en relación con el número de miembros.
Además, en el artículo sexto ordena la creación de las escuelas que se establecerán en cada pueblo y determina también que los salarios de los maestros serán cubiertos con los terrenos sobrantes que serán vendidos y se destinarán al pago de estos educadores y para cubrir otras necesidades que implique el funcionamiento de las escuelas.
Primeros actos de corrupción
La aplicación de este decreto de El Libertador puso de presente, ya en época tan temprana, cómo se cometieron los primeros actos de corrupción de la clase gobernante. En efecto, los encargados de aplicar el decreto engañaron a los indígenas y lógicamente se quedaron con algunos de los predios que debieron distribuir. Por esta razón, el presidente Simón Bolívar ordenó al secretario Revenga sancionar a quienes hubieran hecho mal uso de las tierras que debían devolverse a los indígenas y que, efectivamente, se corrigieran esos errores.
En vista de que “los indios, lejos de ser mejorados y haber adquiridos sus tierras… han sido despojados de ellas y confinados a terrenos estériles, y reducidos a una menor extensión que la que gozaban antes”, para evitar que se sigan cometiendo esos abusos con los indígenas, Bolívar decide sancionar a los gobernadores incursos en esas conductas privándolos de las atribuciones de aplicar esos decretos y transfiriéndolas al Comandante General de la Provincia.
El regreso al Parque Nacional
¿Y la alcaldesa que ha hecho para resolver la calamitosa situación de los niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, y los ancianos enfermos? ¿Por qué no resolvió con prontitud la atención médica de los niños que murieron por la atención médica tardía? ¿Por qué debe esperar a que los indígenas protesten y regresen a El Parque Nacional para ser atendidos?
Según el reportaje de la revista Cambio, esta fue la realidad de los indígenas emberas katíos que pernoctaron el año pasado en el Parque Nacional y que hoy vuelven a tomarse el monumento nacional: “Están bajo condiciones higiénicas invivibles, esperan desde hace meses que el Distrito le dé una salida a su incertidumbre. Los refugios construidos con maderos viejos y bolsas de basura no alcanzan a resguardar de la lluvia, ni las heladas noches capitalinas; y para alimentarse los indígenas improvisan hogueras en las que preparan sopas y coladas con los pocos alimentos que pueden conseguir”.
Una es la acción bien organizada, eficaz, apta para resolver los múltiples problemas de los emberas katíos y otra es la creencia de que vociferando repetidamente que se han gastado nueve mil millones en la atención a los indígenas y que estos se los han gastado bebiendo licor. ¿Cuántos cientos de litros de licor se requieren?, ¿Cuánto tiempo para que 400 indígenas consuman nueve mil millones de pesos en licor?
No será que, como suele suceder cotidianamente, unos son los dineros asignados para resolver el problema y solo una pequeña parte se emplea en la solución y la mayor parte en coimas que terminan beneficiando más a los funcionarios que a los sujetos a quienes deben resolvérseles los problemas. Claro que hay una gran diferencia entre El Libertador Simón Bolívar y una alcaldesa del montón.
La dignidad se vuelve costumbre
Si el espacio lo permitiera, podríamos señalar el abundante número de decretos y leyes que a lo largo del siglo XIX Bolívar, Santander y otros gobernantes escribieron y trataron de aplicar para concederle a los indígenas y a otros excluidos como los negros para que usufructuaran los mismos derechos y las mismas oportunidades para educarse, para alimentarse y para vivir en condiciones humanas óptimas. Ya está claro que con los gobiernos anteriores no fue posible, pero hoy tenemos un gobierno del Cambio y con acciones positivas para que la dignidad se vuelva costumbre.
Ante esta situación, estamos seguros que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez, quienes conocen la posición pro indígena de Bolívar expresadas en decretos, leyes, proclamas y cartas, intervendrán con eficacia para poner fin a las condiciones infrahumanas en que están viviendo en estos momentos los indígenas emberas que se volvieron a tomar las instalaciones del Parque Nacional ‘Enrique Olaya Herrera’.
