La decisión del Ministerio Público es por posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento en el contrato de compraventa en la Triple A. El Gobierno nacional se defiende argumentando que hay un detrimento de 1.3 billones en el negocio y que la sanción busca reversar los cambios institucionales de la entidad
Simón Palacio
@Simonhablando
La Procuraduría General de la Nación ha abierto investigación formal con suspensión por tres meses al presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas Medellín. La medida se extiende también al vicepresidente jurídico Sebastián Caballero y al vicepresidente de sociedades Jairo Alonso Bautista. Además, el Ministerio Público también sancionó al superintendente de servicios públicos Dagoberto Quiroga.
La decisión fue tomada el pasado 10 de febrero, “por posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A”.
Una vez conocida la noticia, la opinión pública y las redes sociales reaccionaron a favor y en contra de la decisión. Sin embargo, lo que evidencia este embrollo no solo es la extraña rapidez de la sanción emitida por los órganos de control, sino el protagonismo que ha adquirido la SAE en los seis meses que lleva el Gobierno del cambio, sobre todo en las recientes entregas de tierras, que se encuentran bajo la administración de la entidad, a comunidades campesinas organizadas.
El lío de la Triple A
La Triple A es la empresa que maneja los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros 14 municipios en el departamento de Atlántico, con ingresos por 618 mil millones de pesos, utilidades de 95 mil millones de pesos y con más de 1.700 empleos directos en la región Caribe.
En 2018 la empresa entró en proceso de extinción de dominio por un proceso de corrupción que comprometía al antiguo socio, el Grupo Inassa, cuyo capital es de origen español. Desde ese momento, el 82% de las acciones pasaron a ser administrados por la SAE.
En noviembre de 2021, el gobierno de Iván Duque decidió vender el paquete accionario a la empresa K-Yena S.A.S (una empresa barranquillera que maneja el alumbrado público en la capital de Atlántico) por un valor de 565 mil millones de pesos.
Sin embargo, está decisión fue reversada por la nueva junta directiva de la SAE argumentando que el paquete accionario valdría tres veces más que la cifra proyectada, pues según la Superintendencia de Servicios Públicos, el valor ascendería a 1.9 billones de pesos. Es decir, existiría un evidente detrimento patrimonial al momento de enajenar las acciones.
Tierras para la Paz Total
“Nosotros tenemos la firme convicción que estamos haciendo bien las cosas. El presidente de la entidad, Daniel Rojas, tiene todo nuestro respaldo. Lo cierto de todo esto es que las iniciativas que estamos sacando adelante están provocando una reacción en los poderosos, lo cual nos ha permitido darnos cuenta que el cambio tiene una oposición institucional”, dice Jaime Osorno, vicepresidente de bienes muebles e inmuebles de la SAE.
Para el funcionario, si bien las decisiones de los organismos de control deben ser respetadas y acatadas, también es evidente que hay una clara intención por detener el enfoque que el presidente Gustavo Petro le ha delegado a la entidad.
De hecho, es vehemente a la hora de argumentar el viraje institucional: “La SAE tiene una nueva misionalidad aprobada por la junta directiva. Tenemos además una propuesta estratégica con los inmuebles rurales y urbanos que tenemos bajo nuestra administración. En esa estrategia hemos diseñado el programa Tierras para la Paz Total”.
Para Osorno es fundamental poner el foco en el viraje estratégico de la SAE, porque se articula a la política de reforma agraria que ha activado el Gobierno nacional. “La instrucción del presidente de la República y del presidente Daniel Rojas es que nos concentremos en la implementación de la estrategia. El cambio radica en la transformación de los territorios. No solamente se trata de entregar tierras, sino el paquete completo: Crédito, inversión, el proyecto productivo andando, la comercialización del mismo. Es cerrar el circuito de la economía y no dejar solo a su suerte al campesino y campesina con su tierra. Se trata que como Estado podamos dar las condiciones para que el campesinado produzca y comercialice lo que emerge de la tierra, y sigan el ciclo reproductor de la riqueza”.
Reacciones
Una vez notificada la suspensión y la apertura de investigación formal por parte de la Procuraduría, el presidente Daniel Rojas Medellín dijo en la entrega de tierras en San Benito Abad, Sucre: “No podemos dejarnos llevar al campo del odio porque allí nos ganan, debemos constituir el campo del amor porque allí ganamos, el amor con el que venimos a entregar 243 hectáreas de tierra a los campesinos en San Benito para producción agroalimentaria”.
También el presidente de la República Gustavo Petro se pronunció en la entrega de tierras en la subregión de San Jorge. “Daniel Rojas hace parte de esos jóvenes a los que llamo de la línea roja, que son algunos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del Estado”.
