El asesinato de once personas en Puerto Leguizamo, Putumayo, evidencia el aumento de la violencia en Colombia. Aunque también crecen los electores que exigen un país en paz
Pablo Arciniegas
¿Habrá una última masacre en la historia de Colombia? De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, este tipo de hechos violentos van en aumento desde el 2018, cuando básicamente se triplicó su número después del primer año del Acuerdo, que fue el inicio de la administración Duque. En cifras, pasamos de 11 a 29 masacres, y de ahí en adelante lo que hemos visto es un aterrador crescendo en la violencia dentro de nuestras fronteras.
Según la ONU, en 2019 el número de masacres creció a 36, y luego, en 2020 el año de la pandemia, cuando Duque le concede superpoderes a la Policía y a las fuerzas armadas, el número creció a 91. Además, ese año, el presidente y su gabinete trataron de maquillar estas vergonzantes cifras con un término igual de vergonzoso: “homicidios colectivos”.
Bueno, en el 2021, el número de esos supuestos ‘homicidios colectivos’ fue 96. Y, quienes son expertos en cálculos macabros, dirán que por lo menos la cosa se mantuvo, pero eso sería obviar la ola de violencia que ocurrió en el marco del paro nacional, a manos de agentes del Estado o de aparatos paramilitares.
El panorama no es agradable para este año. Con el lamentable asesinato de 11 personas en Puerto Leguizamo, Putumayo, en una operación militar que Duque y su ministro de Defensa Diego Molano aplaudieron, porque supuestamente arremetió contra disidencias de las FARC, se hizo más evidente el regreso de los falsos positivos ―algo que ya había advertido el periodista Nicholas Casey del New York Times en 2019― y se contó la masacre número 28 del 2022.
Esto es sumamente preocupante porque solo hasta mediados de abril del año pasado se había alcanzado esa misma cifra, lo que significa que es muy probable que este año terminemos con un número de masacres más alto. Aunque también es preocupante que solo los medios internacionales e independientes le den la cobertura que merece a esta tragedia.
Un problema multidimensional
La violencia que hoy se vive en Colombia tiene distintos orígenes: la pobreza que arrastra a miles de campesinos a sembrar cultivos de uso ilícito y a sus hijos a servir como lavaperros de los carteles, la necesidad del Gobierno por inflar cifras en un frente (seguridad) en el que supuestamente era experto y, por supuesto, una intolerancia incubada por los sectores políticos más tradicionales, que justifican su existencia para frenar la verdad, el comunismo, el ambientalismo, la juventud y la ideología de género.
En ese sentido, no puede existir una sola respuesta para detener las masacres. Ni tampoco hay una respuesta inmediata (tipo Enrique Peñalosa interviniendo el Bronx) que nos garantice cero víctimas. Quizás, la oportunidad más cercana que tuvo la sociedad colombiana para darle fin a una parte del conflicto fue el Acuerdo de Paz, pero al dejar sus ejes de reforma agraria y de despenalización de la droga en veremos, abrió un vacío que ocupó el crimen.
Por supuesto, las víctimas de este desacierto han sido la gente más humilde. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por ejemplo, señala que en el 2021 el desplazamiento forzado aumentó en un 181% en comparación con el 2020. En cifras, esto significó que 18.494 familias abandonaron su hogar por hostigamiento de grupos armados. Lo más doloroso es que 53.159 de estas personas seguían sin regresar a su hogar en diciembre del año pasado ―y hoy no está muy clara su situación―.
El caso es que de donde proviene la mayoría de estos desplazamientos son los territorios del país olvidados. El informe de la OCHA básicamente describe a Chocó como un departamento sumido en crisis. En municipios como Nóvita, Condoto, San José del Palmar y el turístico Nuquí, el reclutamiento infantil, la matanza de líderes sociales y las amenazas son el pan de cada día. Y lo mismo en Argelia y El Tambo (Cauca), Buenaventura (Valle del Cauca), Roberto Payán, Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), así como en Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y La Guajira.
Y ahora con las elecciones
Si uno cruza la anterior información con la tasa de desempleo del DANE, se observa que, en el segundo semestre del 2021, las regiones pacífica, caribe y oriental presentan una tasa del 12%, ciertamente menor que en la pandemia, pero todavía cuatro puntos encima del 8% de desempleo que siempre ha medido Fedesarrollo y que la administración Duque, con su economía naranja y los siete enanitos, no quiso alcanzar.
Ahora, el informe de la OCHA establece un claro nexo entre violencia y pobreza, pero también existe esa misma relación con la época electoral. Los atentados y los hostigamientos son un clásico para constreñir votantes, pero, además de eso, las esperanzas de que haya paz en Colombia se diluyen con el impulso que medios como Semana y El Tiempo le dan al candidato del continuismo, Federico Gutiérrez, a quien lo han inflado con cifras y proyecciones, que “no son necesariamente ciertas”, como expresó Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría.
De todas formas, para nadie es un secreto que “Fico” no tiene ni siquiera un plan de gobierno, más allá de incriminar a Petro y de plasmar un reguero de ideas, que son la misma agenda de Iván Duque, pero con otro nombre.
La pregunta es qué pasará, si “Fico” sale electo, ¿acaso se reducirán las 245 mil hectáreas de coca que Colombia sembró en el 2021, según la Casa Blanca, y debajo de las narices de la doctrina de “Paz con Legalidad”?, y cuando dice que va a impulsar el agro, ¿se refiere a mejores oportunidades para los campesinos o más auxilios para los agroindustriales?, ¿y será que dándole más gabelas al Esmad que mató a Nicolás Neira y declarándole la guerra a la JEP, tal como hizo el presidente, va a alcanzar la reconciliación que proclama? La foto del capo Otoniel sonriendo puede servir como respuesta.
Las verdaderas alternativas
El Pacto Histórico como principal fuerza política del país ha dejado claro que para detener los ríos de sangre que están corriendo por Colombia son necesarias propuestas programáticas y progresivas. Lo dejó claro Petro, en su debate en la universidad Externado, cuando señaló que no se puede hacer una sustitución total de cultivos por marihuana, como propone Luis Pérez, sino algo más estudiado, ya que, la planta no es productiva en cualquier altura.
Y esta misma sensatez se extiende a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, que como lideresa social y ambiental, es una parte de la representación política para los nadies y las nadies, porque para ella es muy claro que no se puede mermar la violencia, si no hay un cambio en el discurso de los colombianos que ven a los pueblos afro e indígenas, a los homosexuales, transexuales y feministas y a las juventudes como sujetos que atentan contra los valores de una idea de familia y sociedad tradicional.
¿Cuándo se detendrán las masacres y la violencia en Colombia? No podemos ver el futuro, pero sí el presente; actuar en ese ahora es la verdadera transformación. El Acuerdo de Paz lleva cinco años sin implementarse como debía, y seguramente el plebiscito terminó resucitando al uribismo, pero también han sido la base de muchos ciudadanos para reclamar un país sin guerras: lo fue durante el paro y lo será el próximo 29 de mayo.
