Los granjeros europeos buscan poner fin a la crisis financiera que viven y recuperar la competitividad del sector agrícola de cada país. También se oponen a las importaciones masivas de cereales baratos procedentes de Ucrania y exigen una compensación por las pérdidas causadas
Ricardo Arenales
Los países integrantes de la Unión Europea, en el propósito de profundizar un proceso de transición energética, que alivie los efectos del cambio climático, pusieron en marcha el Pacto Verde Europeo, con el que pretenden cumplir las metas en dirección a la mitigación de los desórdenes climáticos.
Pero, en el proceso de implementación del Pacto Verde, se le colgaron una serie de disposiciones que afectan de manera grave a los granjeros de la comunidad. Por ejemplo, el incremento exagerado en el precio de los combustibles para tractores, la eliminación de subsidios agrícolas, al tiempo que se introducen al mercado de varios países productos agrícolas importados de Ucrania, a precios dos o tres veces inferiores a los de la comercialización en Europa, con lo que arruinan la economía de los agricultores.
En cada país, además, los productores del campo tienen reivindicaciones particulares, con un denominador común: los efectos de la aplicación del Pacto Verde y las secuelas de la guerra en Ucrania, que desestabilizan la producción en el campo. Como ha señalado, recientemente, la cadena británica BBC: “el efecto dominó de la guerra en Ucrania ha provocado protestas en casi todos los rincones de Europa”.
Secuelas de la guerra
La guerra llevó al cierre de las rutas comerciales en el Mar Negro. Como respuesta, la Unión Europea levantó de inmediato las restricciones a las importaciones provenientes de Ucrania. Pero la medida se tradujo en que ciertos productos agrícolas ucranianos inundaron los mercados de la UE a precios mucho más bajos, principalmente en los mercados vecinos de Hungría, Polonia y Rumania.
En estas condiciones, procurando la reivindicación de intereses particulares y generales, en estos momentos se realizan movilizaciones de productores agrícolas en Alemania, Irlanda, Francia, Bélgica, Polonia, Lituania, Rumania, Italia, Grecia y, más recientemente, en España. Las movilizaciones más fuertes se han presentado en Alemania, Francia y España.
El 29 de enero, el sector rural francés convocó a un ‘sitio de París’, hasta donde movilizaron sus tractores y bloquearon al menos ocho lugares estratégicos de las principales autopistas, especialmente las que comunican con la capital.
Las vacas visitaron ministerios
Los granjeros franceses llevan varios días manifestando su descontento con las políticas agrícolas del gobierno de Emmanuel Macron y de la UE, mediante el bloqueo de carreteras, concentraciones frente a edificios gubernamentales y marchas de tractores. En la ciudad de Agen, arrojaron intestinos de animales, estiércol y otros desechos en la sede administrativa de los gobiernos de Lot y Garona.
En diciembre pasado, además de las movilizaciones de tractores, los granjeros irlandeses marcharon con sus vacas hasta las sedes de tres ministerios. En cincuenta ciudades españolas, los agricultores marcharon a las calles y protagonizaron protestas sociales inéditas.
En Alemania, las protestas comenzaron cuando el gobierno suprimió las subvenciones al gasóleo agrícola, un subsidio que se mantenía hace más de setenta años. Ese subsidio y un alivio en el impuesto a vehículos para el sector son importantes para la competitividad de la agricultura, dicen los manifestantes.
Durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, los tractores se convirtieron en barricadas en varias ciudades europeas, cuando miles de agricultores se lanzaron a las calles y a las carreteras, protagonizaron enormes plantones.
Competencia desleal
Los granjeros buscan poner fin a la crisis financiera que viven y recuperar la competitividad del sector agrícola de cada país. En este contexto, también se oponen a las importaciones masivas de cereales baratos procedentes de Ucrania y exigen una compensación por las pérdidas causadas por esa perturbación del mercado, puesto que, además de generar una competencia desleal, el grano ucraniano también ha provocado rebajas de precios.
Ante este desequilibrio, Ignas Hofmanas, presidente del Consejo Agrícola Lituano, expresó en un mitin con sus compañeros: “Decimos basta ya, basta de política antiagrícola, basta ya de desinformación, basta ya de ensuciar la agricultura, y no vamos a dar marcha atrás en nuestras reivindicaciones. Esperaremos a las decisiones del gobierno, y con su apoyo y fuerza intentaremos conseguir las soluciones más justas para la agricultura”.
Las reglas de juego difícilmente pueden ser parejas: una granja orgánica ucraniana promedio tiene alrededor de mil hectáreas. Sus equivalentes europeos solo cuarenta y una. Una diferencia notable que, prácticamente, impide que los agricultores de la Unión Europea puedan competir con la producción a gran escala y los precios menores de los productos procedentes de Ucrania.
Tras la apertura inicial al mercado ucraniano, la UE no pudo ignorar el descontento de sus propios Estados miembros ni evitar una política inconsistente. Se dieron así de forma cambiante, aperturas comunitarias, cierres temporales e incluso, en algunos casos, decisiones nacionales proteccionistas de parte de los países afectados.
