Basado en el pensamiento neoliberal, el Ministerio de Vivienda ha orientado sus acciones en el subsidio y la operación de los esquemas de prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, con clara preferencia hacia los prestadores privados. ¿Por qué debe cambiar esta política en la administración de Gustavo Petro?
Raúl Pacheco Granados
El pasado 7 de agosto en las horas de la mañana el presidente Gustavo Petro designó a Catalina Velasco Campuzano como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien venía de coordinar el proceso de empalme con la entidad. La designación tuvo buen recibo en el sector.
Si bien en algún momento, por diferentes medios de la gran prensa, se rumoró que la cartera sería ocupada por alguien del Partido Liberal, finalmente el presidente Petro escogió a la economista que tiene conocimiento y trayectoria en derecho urbanístico. Según las diferentes declaraciones de la ministra Velasco Campuzano, el nuevo gobierno es consciente de los retos para cerrar las brechas en vivienda, agua potable y saneamiento básico.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad, y Territorio es un ministerio joven, creado hace 11 años mediante la Ley 1444 de 2011 con objetivos y funciones del escindido Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los objetivos principales que persiguió su creación fueron formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país. Tiene dos viceministerios: el viceministerio de vivienda, y el viceministerio de agua y saneamiento básico.
La idea de reorganizar
El Ministerio ha tenido una inspiración en el pensamiento neoliberal, su acción se ha centrado en la definición del marco regulatorio para otorgar el subsidio de vivienda, la operación de los esquemas de prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, con clara preferencia hacia los prestadores privados.
El equipo de empalme evidenció que el Ministerio ha permitido que las acciones del sector vivienda, ciudad y territorio se dispersen por fuera de este en otras entidades del gobierno nacional como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, que ejecuta mejoramientos de vivienda en municipios categoría 5 y 6; el Ministerio de Agricultura que ejecutaba la política de vivienda rural; la Superintendencia de Servicios Públicos que vigila las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado, adscrita al Departamento Nacional de Planeación; y el Fondo Nacional del Ahorro que financia la compra de vivienda y está adscrito al Ministerio de Hacienda.
Así las cosas, el nuevo gobierno tiene como objetivo del Ministerio reorganizar todas las funciones y programas dispersos para dar respuestas integrales a las demandas de vivienda y agua de la población.
El legado
El hoy expresidente Iván Duque le dejó al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez una serie de problemas en el sector, algunos por falta de atención, otros por desidia y otros por claras maniobras corruptas.
Los casos de mayor atención son el incumplimiento en la reconstrucción de vivienda en Mocoa, Putumayo, después de la ola invernal de 2017, donde se contrató la construcción de 909 unidades de vivienda que terminaron en denuncias por sobrecostos valorados en 38 mil millones.
El alcantarillado pluvial de San Andrés requiere recursos adicionales por 23 mil millones; la planta de tratamiento de agua potable de Providencia cuyo contrato está suspendido con avance de 10,5%; el programa Guajira Azul tiene atrasos de seis meses en la ejecución y hallazgos por parte de la Contraloría.
El programa Todos por el Pacífico que tiene por objetivo construir sistemas de acueducto y alcantarillado en 13 municipios del departamento de Chocó (Acandí, Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Istmina, Medio San Juan, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Quito, San José del Palmar, Tadó y Unión Panamericana), tiene problemas de ejecución en Medio Baudó y Nóvita, y obras no recibidas en Itsmina.
La construcción del sistema de captación alterna de María La Alta para el acueducto de Villavicencio, tuvo un contrato que finalizó y no se ejecutó; y finalmente los estudios para la construcción del Sistema de Acueducto por Gravedad para Quibdó que fueron devueltos al municipio sin mayores avances. En total el equipo de empalme encontró que “76 proyectos por valor de 830 mil millones de pesos están suspendidos a la fecha (53 de ellos financiados con recursos de la Nación), principalmente por motivos como ajustes técnicos y problemas con contratistas”.
La deuda con el Acuerdo de Paz
La deuda con la paz también tiene su arista en el Ministerio de Vivienda. Según el informe de empalme, existe “incumplimiento en 7 de 15 indicadores del Plan Marco de Implementación, PMI, del Acuerdo Final: 1) Viviendas mejoradas entregadas: 0%; 2) Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET: 0%; 3) Viviendas nuevas entregadas: 0.08%; 4) Viviendas nuevas entregadas en municipio PDET: 0%; 5) Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada en municipios PDET: 0%; 6) Viviendas mejoradas entregadas a mujeres: 0%; y 7) Viviendas nuevas entregadas a mujeres: 0.09%”.
La precariedad laboral de la cual el Estado es el principal promotor también se expresa en el Minvivienda, este tiene una planta de empleados de 399 cargos, de los cuales 284 están ocupados, 63 están vacantes con recursos provistos y 52 vacantes no tienen presupuesto.
El personal que labora en el ministerio mediante la figura de órdenes de prestación de servicios suman 712, de los cuales 646 –equivalentes al 90.7%– culminan su contrato el próximo 30 de septiembre y los otros 66 vencen el 31 de diciembre. Hay que decir que la financiación para contratación de personal mediante órdenes de prestación de servicios no la dejó asegurada el anterior gobierno.
Los retos
Minvivienda debe regresar a la conducción efectiva de la política sectorial en vivienda, ciudad, y territorio. Un primer paso ya enunciado está en asumir las competencias que están en otras entidades y que impactan negativamente al sector.
El Ministerio debe trascender el enfoque de acción para atender la solución al problema habitacional (proveer vivienda), cambiando a un enfoque de provisión de hábitats integrales que incluyen vivienda y equipamientos (colegios, puestos de salud, espacios para recreación y deporte) para la vida en colectivo. La política nacional urbana debe ser orientada por el ministerio evitando duplicidad con el Departamento Nacional de Planeación.
Algunos programas que tienen identidad con el programa presidencial ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ deberán ser ajustados. En el caso de ‘Mi Casa Ya’, programa que otorga subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés para adquirir Vivienda de Interés Social a familias con ingresos entre 0 y 4 salarios mínimos y que Duque dejó con 634 mil millones sin financiar para 2022, se debe restructurar el modelo de subsidio y la estrategia de focalización para priorizar grupos de especial protección.
Por su parte, ‘Casa Digna Vida Digna’, programa de mejoramiento de vivienda se debe complementar con una política de mejoramiento barrial. El programa ‘Guajira Azul’ debe aumentar la cobertura saneándolo de la corrupción; el programa de conexiones intradomiciliarias se debe convertir en un gran programa de normalización en agua potable y saneamiento básico; y el ‘Proyecto Buenaventura’ derivado del paro de 2016 debe ser honrado.
Otro de los retos que tiene el Ministerio es hacer de la política en vivienda y acceso a los servicios públicos un proceso de empoderamiento popular y de fortalecimiento de la organización comunitaria. Las organizaciones populares de vivienda deben ser parte del proceso para hacer del hábitat, vivienda y servicios públicos derechos del pueblo colombiano.
