El crecimiento exponencial del negocio trae un acumulado de riquezas para unos pocos capos, pero no para intermediarios y cultivadores, y menos para las naciones donde se cultiva
Alberto Acevedo
Desconciertan las últimas noticias sobre las actividades de las mafias de narcotraficantes en Colombia y en América Latina. Hay un grado de audacia y desfachatez en la manera como los delincuentes se inventan métodos para extender el comercio y el consumo de alcaloides, que ya algunos analistas plantean la hipótesis de que los carteles de la droga tendrían la capacidad de incidir en los destinos del continente entero.
Un recorrido por los titulares de los principales medios regionales podría arrojar luces sobre esta tesis, que de por sí resulta escabrosa. Sorprende una noticia reciente de que, en Bogotá, hace un par de semanas se llevó a cabo una cumbre de capos del narcotráfico de Albania, Polonia, España, y desde luego Colombia.
Algunos de estos capos tienen órdenes de captura de la Interpol y sin embargo se mueven como pez en el agua en sus mercados habituales. La información habla de novedades en el comercio de alucinógenos. Varios de esos cabecillas, entre los que se cuentan los de Albania, unos de los más sanguinarios en el mundo, prefieren hacer sus negocios personalmente y por eso han llegado a suelo colombiano.
Lugar de estacionamiento
Esta versión, por cierto, confirma la sospecha de algunos analistas en el sentido de que Colombia se ha venido convirtiendo paulatinamente en sitio de estacionamiento de grandes carteles internacionales. Y que los escenarios predilectos de estas mafias son en la actualidad Bogotá, Cali y Barranquilla.
Pero volvamos a los hechos. La confirmación, a raíz de un operativo policial en Venezuela, de que el llamado Tren de Aragua tiene una extensa base de operaciones en Colombia.
La versión de que en la vereda Boca de Manso, en Tierralta, Córdoba, el grupo de militares que atacó la población, lo habría hecho acompañado de al menos dos miembros del Clan del Golfo, en clara connivencia entre militares y paramilitares; y aún el reciente asesinato de un parapentista en Tuluá, a manos de uno de los carteles de la droga que opera en esa región, son eslabones de una cadena de hechos, que corroboran los temores planteados en esta nota.
Áreas cultivadas
Pero lo más contundente es el incremento en el volumen del mercado de las drogas, según informe reciente del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que reporta un incremento del 13 por ciento del área de droga sembrada en el país, que pasa de 204 mil hectáreas en 2021 a 230 mil en 2022.
De acuerdo con Naciones Unidas, de los 1.122 municipios que tiene el país, 185 tienen presencia de cultivos de coca, cuatro más que en 2021, el 88 por ciento de los cuales han persistido más de diez años.
Un caso puntual llama la atención del informe de las Naciones Unidas. En el caso del departamento del Putumayo, limítrofe con el Ecuador, el aumento del cultivo de hectáreas fue del 77 por ciento. Esta cifra se liga con la situación calamitosa que se vive en el vecino país.
Algunos analistas aseguran que el narcotráfico prácticamente ha copado la institucionalidad en el Ecuador y la influencia criminal se extiende a todos los poderes públicos, sin excepción. De todas las áreas administrativas, una de las principales, la región de la costa pacífica, está en manos de los carteles de la droga.
Intervienen en política
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, las amenazas y muerte de otros candidatos a corporaciones públicas en las elecciones que aún no concluyen y las condiciones de extrema inseguridad y peligro en que se mueven los dos aspirantes a la primera magistratura en la segunda ronda electoral, muestran en el caso particular del Ecuador, que la influencia de los carteles les permite intervenir en política, en favor de sus torvos intereses.
En el cono sur del continente, las mafias de la droga han creado nuevos centros de operaciones, de acopio y de transporte de alucinógenos a Estados Unidos, Europa y África. Centroamérica y el Caribe, se han convertido en corredor del mismo tráfico.
Pero el crecimiento exponencial del negocio, trae un acumulado de riquezas para unos pocos capos, no así para intermediarios y cultivadores, y menos para las naciones donde se cultiva. A este respecto, dice el analista Aram Aharonian:
“Lo que hizo a este fenómeno tan grave en nuestro continente es la desigualdad social, que es escandalosa. Por ejemplo, las periferias están superpobladas por personas que no tienen la menor oportunidad de conseguir empleo en el mercado legal y ven una salida en el tráfico. ¿Negocio? Gran negocio. Una tonelada de cocaína se obtiene a mil dólares estadounidenses en Bolivia y se vende a 35 mil en los puertos europeos”.
América Latina debe discutir seriamente su política de combate a las drogas, y abandonar de una vez por todas las recetas prohibicionistas y militaristas de los Estados Unidos, el principal consumidor.
Hay retos muy grandes por delante. El informe de las Naciones Unidas indica que, por ejemplo, en el caso de México, los carteles de la droga son el quinto empleador en el país. En economía, se entiende que el principal empleador de una nación es el Estado. Después siguen grandes consorcios de empresas comerciales e industriales, de capital privado o economía mixta.
Por encima de Bimbo
En el caso de México, el quinto gran empleador es el narcotráfico, que contó entre 160 mil y 185 mil miembros en 2022. En promedio, los 150 carteles de los que se tiene cocimiento en México reclutan cada año 19 mil personas nuevas, en parte para compensar las bajas, pues muchos de ellos terminan asesinados en enfrentamientos con bandas rivales o con la policía.
Esta provisión de empleos por las mafias está por encima de firmas emblemáticas mexicanas como Bimbo o la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex.
El presidente Gustavo Petro, en distintos foros internacionales, ha hecho una variedad de propuestas para buscar una solución integral al problema, teniendo en cuenta los intereses de los campesinos cultivadores, de los consumidores y el combate a los grandes capos. El mandatario ha sido consecuente con su discurso, y en el caso colombiano ha impulsado una reforma que obedece a estos criterios.
Es la política denominada “sembrando vida, desterrando el narcotráfico” que plantea un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas, una apuesta innovadora y valerosa, una respuesta alternativa a uno de los más graves problemas de Colombia a partir de los años sesenta.
