Cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese salario y en algunas regiones pagan por debajo del 50 por ciento
Alfonso Velásquez
Durante los días 3, 5, 7, 11 y 15 del presente mes, se adelantarán reuniones de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en cuyos temas está la definición del salario mínimo legal y subsidio de transporte para el año 2015 en el país.
Históricamente ha sido un ejercicio donde los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo por un lado, porque el costo de la canasta familiar es el doble del monto del salario mínimo y al aplicar un porcentaje igual (IPC) a las dos cifras, en pesos, el resultado es que el costo de la canasta mínima para los salarios más bajos crece en pesos a una velocidad mayor que el salario.
Pero además, cada vez hay más trabajadores que devengan menos de ese mínimo convirtiéndose en una burla el mal denominado “acuerdo”; el 91 por ciento de los trabajadores del campo devengan menos de esos mínimos y en algunas regiones (Sucre, Chocó y Cauca) pagan menos del 50 por ciento del mínimo. Inclusive hay empresas que les exigen a las personas que para ingresar a laborar deben presentarse con el Sisben para evadir y eludir los pagos a la seguridad social. No en vano, las cifras demuestran que solo 36 de cada 100 colombianos de la población económicamente activa aportan al sistema pensional.
Entonces se ha convertido en una farsa, pero también porque hay actores en la mesa que le hacen el juego a los propósitos patronales ya que son los principales expositores de la tercerización (contratos sindicales) y en consecuencia para nada les interesa que se corrijan esas injusticias, aunque su discurso sea distinto frente a los medios de comunicación.
Por lo tanto, lo más sensato será que en lugar de buscar un acuerdo como el del jinete con su caballo, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, debe aprovecharse la farsa para publicitar la concepción de paz que nos corresponde a los trabajadores: paz con justicia social.
Y esto es la disminución de los aportes a salud del sector pensional (4 por ciento), trabajo con seguridad social y demás derechos, negociación colectiva para todos los trabajadores (sector público y privado), derogando el decreto 089 y optimizando el 160 de 2014, libertad sindical, eliminación de la tercerización (que el Estado dé ejemplo), una inspección de trabajo que cumpla su papel de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recargos nocturnos y pago de horas extras, dominicales y festivos como antes de la ley 789 de Uribe, y otros temas referentes a la protección del salario.
Al finalizar el presente año, el sector financiero obtendrá utilidades por encima de los 16 billones de pesos. Sarmiento Angulo está entre las personas más ricas del mundo y sus trabajadores votan la huelga y resisten al contrapliego, en varias regiones del país los trabajadores mineros no tienen seguridad social, mientras las transnacionales se llevan del país enormes utilidades y los pobladores de esas regiones enferman y la naturaleza padece los abusos con funestas consecuencias, en el Valle del Cauca los ingenios despiden y reprimen a sus trabajadores, etc.
Es una oportunidad para mostrar que existen posibilidades de concertación entre contrarios y será un mensaje para que los colombianos adquieran la seguridad de que las negociaciones entre el Estado y la insurgencia son posibles y los acuerdos serán respetados y honrados por las partes, con la participación de la población. Además, que se avanzará hacia una asamblea nacional constituyente que logre parir una nueva concepción de sociedad distinta a un modelo depredador y excluyente como el neoliberal.
El 10 de diciembre tendremos una movilización por el respeto de los derechos humanos, el avance de las negociaciones entre las guerrillas y el Estado, y la construcción de paz con justicia social, ahí nos vemos.
