La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz entrega nuevamente un informe que convalida la situación critica en derechos humanos en diferentes regiones del país, esta vez en un periodo de elecciones y la reactivación del conflicto armado
Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
El pasado 15 de marzo en la sede de la ONIC, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz dio sus declaraciones sobre su último informe en materia de derechos humanos en diferentes regiones del país, esto tras haber presentado ante la JEP el pasado lunes, diecisiete informes acerca de la situación crítica de Colombia, así como los documentos de 21 años de exilio de la dirigencia social del país en Asturias, entregados a la Comisión de la Verdad.
Esta declaración enfatiza en cómo las elecciones están en medio del deterioro de los derechos humanos y de la reactivación del conflicto armado, afirmando las pocas garantías que existen para el ejercicio electoral, frente a ello mencionan en su informe que recorrieron varias de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para verificar la situación de los DDHH, el desarrollo del Acuerdo de Paz y las garantías y libertades para que las víctimas del conflicto elijan sus representantes a la Cámara.
“No había seguridad para las candidaturas, ni para las víctimas que son sus votantes, y las libertades políticas están en manos de paramilitares, insurgencias y bandas que controlan a la población, y el incumplimiento del gobierno en la financiación de las campañas para las candidaturas de las víctimas, las dejó en condiciones de desigualdad, de franca desventaja frente a candidatos bien financiados que usurpan, con el apoyo de partidos tradicionales, candidaturas espurias, como la del hijo de Jorge 40 en el Cesar.”
Con estas declaraciones, la comisión constató la inexistencia del Estado en múltiples regiones de Colombia, así como el fortalecimiento de grupos armados, donde “la población está sometida al control de los grupos narco-paramilitares, guerrillas, bandas delincuenciales y en ocasiones al accionar de miembros de la misma fuerza pública, violatorios de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar.”
El informe fue realizado entre el 4 y el 12 de marzo, e hizo presencia en 16 regiones, entre las que están el Bajo Atrato; en Urabá, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; en Córdoba, Tierralta y Montería, Ovejas, Montes de María, Catatumbo, Tibú, Cúcuta en el barrio Nuevo Horizonte, Arauca y Saravena, Caquetá, Florencia, en la Bota Caucana, Piamonte y Villa Garzón/Putumayo.
Con este informe, La delegación asturiana cumple 18 años ininterrumpidos viajando desde Asturias, en el norte español, a diversas regiones de Colombia, para establecer el estado de los de los derechos humanos en zonas de conflicto social y armado, y en los últimos cinco, para acompañar los anhelos legítimos de paz y justicia social de una población cansada de la inequidad que se profundiza con el modelo económico neoliberal y por esta guerra interminable.
