María Monsalve
El hambre sigue siendo un flagelo que afecta a 868 millones de personas en el planeta; de los cuales 49 millones se hallan en América Latina y el Caribe, de acuerdo con las actuales cifras de la FAO.
En Colombia, con alguna frecuencia, se modifica la metodología de medición de la pobreza para disminuirla por centenares de miles en las estadísticas, en contravía de las secuelas que dejan las medidas económicas injustas y discriminatorias como las reformas laborales, pensionales, en salud, tributarias, comerciales y de inversión extranjera. Según los mismos datos oficiales, en el país habría cerca de 20 millones de personas que padecen hambre.
Este flagelo y la desnutrición asociada, va en contravía de los derechos humanos básicos por su conexidad sustancial con el derecho a la vida, pues el hambre crónica conduce a la desnutrición aguda y a una muerte prematura. La niñez que carezca de alimentación nutricional de calidad en forma permanente, está condenada al retraso en el crecimiento y a la aparición de enfermedades evitables como la tuberculosis, las infecciones y el parasitismo.
El hambre guarda una relación directa con la pobreza y la desigualdad económica. Según el DANE, para el 2011, en Colombia, la incidencia o tamaño de la pobreza monetaria fue del 34%, pero al examinarla por departamentos indica que los más afectados son Chocó (64 %), Cauca (62 %) y Córdoba (61,5 %), a la vez que en estos mismos departamentos cerca de la mitad de los pobres se hallan en situación de pobreza extrema, que les impide satisfacer las necesidad básicas.
Las causas de esta condición humana inadmisible se hallan en la inequitativa distribución de los ingresos y en los recursos disponibles para adquirir los bienes básicos de una familia. En efecto, la abultada inequidad del ingreso en el país lo ubica en el tercer lugar entre 192 naciones. La fuente principal de las familias colombianas para adquirir una canasta familiar básica es el salario. Pero más de dos millones de colombianos están desempleados y cerca del 52 % tiene empleos precarios según el DANE. De manera que los pobres deben asumir la adquisición de los bienes básicos como la alimentación, la salud, el abrigo, la vivienda, los servicios, el transporte y los gastos educativos en un medio donde sólo cuenta la capacidad adquisitiva y, por lo tanto, los excluye de las oportunidades sustantivas de acceso y de resultados, originándose así un círculo perverso que reproduce la pobreza y el hambre intergeneracional.
En nuestro país la situación se agrava aún más porque la burguesía en el poder ha preferido convivir con el rezago feudal de la posesión de la tierra a enfrentar una reforma agraria que otorgue seguridad alimentaria a millones de compatriotas. Así, el país ha soportado que los grandes terratenientes poseedores de predios de más de 500 hectáreas de tierra ocupen el 60% del área total de los predios rurales, mientras que los pequeños agricultores sólo poseen el 3.2% de los mismos (Incoder 2012), lo que se expresa en el escandaloso indicador Gini de desigualdad en la propiedad rural de 0.86 en 2009. Asimismo se dedican más de 38 millones de hectáreas a la ganadería extensiva y sólo 4.9 millones a la producción agrícola, cuando una hectárea agrícola en 2009 era 12.5 veces más productiva que una hectárea ganadera.
Al mismo tiempo el gobierno mide su éxito económico por el número de TLC aprobados, a sabiendas de que traen la ruina de los productores agrarios nacionales por cuenta de los subsidios que la contraparte extranjera recibe del Estado. A lo que se agrega la apertura a las transnacionales que explotan los recursos del subsuelo en condiciones lesivas para la economía y el bienestar de las generaciones presentes y futuras y para la soberanía alimentaria, todo lo cual está dando lugar a un modelo de desarrollo económico y social bastante endeble en tanto no se están aprovechando los recursos disponibles y escasos para darles valor agregado que generen empleo de calidad e ingresos suficientes para superar las condiciones vigentes de baja demanda y pauperización de la gente.
Así pues, con hambre y desnutrición no habrá paz sostenible, y este problema va más allá de la sola producción de alimentos, ya que compromete su distribución efectiva per cápita, el control de los precios de los alimentos y los insumos, la educación de la población y la planeación y ejecución de programas de salud preventiva a gran escala.
