El 21 y 22 de febrero, en Chicoral, los campesinos y el Gobierno se reunirán para construir el pacto por la vida y la tierra. Los primeros serán los protagonistas. La reforma agraria se reivindicará en el mismo lugar donde pretendieron enterrarla
René Ayala B.
@Reneayalab
En la memoria colectiva de la cuestión agraria en Colombia sobresale el carácter progresivo que representó la ley 200 de 1936, promulgada durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Esta norma respondió a los conflictos agrarios que irrumpieron en los años 20 del siglo pasado, los cuales cuestionaban el régimen de hacienda y aparcería. Este sistema sumía al país a un modelo con fuertes visos semifeudales y condenaba a las masas campesinas a la pobreza y la segregación.
La ley estableció, a favor del Estado, la extinción de dominio sobre tierras incultas y garantizaba que quien la explotara durante cinco años continuos la adquiriera. Asimismo, constituyó los jueces de tierras, protegió el bosque y las fuentes de agua de la deforestación asociada al acaparamiento de baldíos poniéndole coto a la expansión terrateniente.
A pesar de sus deficiencias, como la falta de regulación de la situación de los arrendatarios, quienes estaban sometidos a condiciones desventajosas e injustas, la ley de tierras logró regular la gran propiedad y reivindicar al campesinado. Más allá de esto, la ley buscaba, ante todo, articular la producción agropecuaria con el desarrollo económico del país.
La Reforma agraria siempre postergada
Los conflictos rurales no desaparecieron; por el contrario, se agudizaron y profundizaron. Sin embargo, el Estado, hurtado por los intereses de la gran propiedad, no respondió en clave de seguir impulsando reformas que modernizaran el modelo de tenencia de la tierra. Como colofón, los regímenes conservadores impusieron leyes que desbarataron el propósito transformador de este intento de reforma agraria.
El nuevo ensayo, desde la institucionalidad y como respuesta al ascenso de la lucha campesina, se materializó en la ley 135 de 1961, en el reconocimiento y legalización en 1967 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), y la creación del Instituto para la Reforma Agraria, INCORA. Pero el ascenso del gobierno conservador de Misael Pastrana, representante de los intereses de la gran propiedad, presagiaba una contrarreforma agresiva.
Esta situación tuvo respuesta de la organización agraria, que el 21 de febrero de 1971 ocupó simultáneamente 316 fincas en trece departamentos, movilizando a más de 16.000 familias, una acción que se profundizó especialmente en el Caribe.
Frente a esta acción del movimiento campesino, el gobierno, en lugar de construir espacios de diálogo y acuerdo, decretó el estado de sitio y señaló al movimiento campesino como expresión de un plan subversivo, desatando la persecución y criminalización.

Un pacto de élites
El colofón de la rabiosa cruzada del Gobierno, representante del latifundismo, contra el movimiento campesino se dio el 9 de enero de 1972, cuando funcionarios de las agencias agrarias, grandes propietarios y políticos liberales y conservadores, llevaron a cabo un conclave reaccionario en la hacienda Almaviva, a 20 minutos de Chicoral, corregimiento del municipio del Espinal, Tolima.
En este encuentro utilizaron la triquiñuela de buscar una salida legislativa a los conflictos en torno a la Reforma agraria, pero lo que realmente hicieron fue transfigurar su esencia, eliminando la expropiación al latifundio improductivo e impulsando un modelo de desarrollo empresarial agrario por encima de las economías familiares campesinas.
Fue un pacto de élites que consideró al campesinado ya no como un aliado, sino como un enemigo que había que extirpar. Esta decisión dio origen a un nuevo período de persecución y violencia política que también desató la resistencia.
“Lo de Chicoral fue un acuerdo entre compadres, de los que han sido siempre dueños del país. Allá se juntaron para intrigar contra los campesinos, para acabar la ANUC porque se les había salido de las manos, la dividieron. La gente iba por la reforma agraria, no por migajas. Ahí empezó la persecución más berraca, los terratenientes se envalentonaron y empezaron a organizar bandas de pájaros para asesinar líderes campesinos, y con más veras contra los que éramos organizados.
»Ese Chicoralazo es responsable de haber generado la guerra en Cundinamarca, el Magdalena medio y en la costa donde había un fuerte movimiento”, eso nos dijo don Lorenzo Camacho, hace algunos años en la vereda Ojos claros en la Zona Campesina del Valle del río Cimitarra, donde había llegado con su familia desde Yacopí, expulsado y perseguido para refugiarse en las estribaciones de la serranía de San Lucas, donde con otras familias campesinas reconstruyó su proyecto de vida colonizando, obligado por el pacto perverso que sepultó la Reforma agraria.
Persecución y resistencia
Su historia es la de millones de hombres y mujeres del campo. Ellos tuvieron que dejar las fincas que habían levantado con su trabajo, que ahora habían sido sobrepasadas por las cercas del latifundio, impuestas a sangre y fuego. A don Camacho lo recuerdo con su guitarra, cantando las trayectorias de vida y resistencia de su gente. Murió de viejo, en su nueva tierra, pero siempre con la esperanza de volver. Construyó una organización campesina que defendió su territorio y consolidó la Zona de Reserva en medio de la guerra. “La paz es la tierra viejo”, decía, “la paz es que no nos arrebaten los sueños como en Chicoral”.
No logró ver el nuevo gobierno, por el que trabajó con ahínco, que reivindica al campesinado como sujeto de derechos y redime la justicia para los campesinos. Este Gobierno impulsa, con la consigna de la revolución por la vida, la anhelada y postergada Reforma agraria.
Hoy, más de 50 años después, sus vecinos y compañeros de la Asociación campesina alistan sus maletas, no para huir, sino para llegar a Chicoral. Esta vez su fin es resignificar lo que es casi un mito de la tragedia campesina, con el objetivo de construir con el gobierno del cambio y el campesinado un nuevo pacto por la tierra y la vida. Que este momento sea recordado como el punto de inflexión que impulsará la reforma, para que hombres como don Lorenzo Camacho y su memoria descansen en paz, porque hay tierra.
