El presidente Gustavo Petro y las ministras de Agricultura y Ambiente firmaron el decreto que reconoce al campesinado organizado en Zonas de Reserva Forestal y Zonas de Reserva Campesina
René Ayala B.
@reneayalab
La Ley Segunda de 1959 sobre Economía Forestal de la Nación fue incorporada al marco constitucional colombiano en un momento histórico en el que la protección ambiental se consideraba una cuestión aislada de las dinámicas sociales y productivas. Esta normativa llevó a la declaración de millones de hectáreas como reservas forestales, lo que restringió el uso del suelo y limitó el acceso formal de las comunidades campesinas a la tierra.
La guerra en Colombia, estrechamente vinculada al uso de la propiedad de la tierra, expulsó a millones de campesinos, quienes conformaron los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Además, el conflicto los obligó a expandir la frontera agrícola al colonizar los baldíos del Estado o las tierras designadas como Zonas de Reserva Forestal. Desde entonces, estas comunidades campesinas han construido sus proyectos de vida, economías familiares y procesos de organización y resistencia para garantizar su permanencia en el territorio.
Esta realidad de la ruralidad reñía con la normatividad, generando una relación conflictiva con el Estado, la cual se agudizó por las intenciones de las economías ilícitas. Estas actividades se apoderaron de estas regiones, provocando una nueva ola de expulsión de campesinos colonos y pobres. Así creó un ciclo perverso de segregación que obligó al campesinado de la periferia a seguir abriendo la frontera agrícola, no por ser depredador, sino por la supervivencia en zonas más lejanas, a las que fue empujado por la violencia de las elites y la hegemonía.
Violencia y colonización
A pesar de la exclusión y la violencia, estas comunidades campesinas construyeron un sólido tejido social. Sus luchas se tradujeron en la promulgación de la ley 160 de 1994, que dio forma a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Muchas de estas zonas, debido a la estructuración del territorio por la guerra, coincidían geográficamente con las Zonas de Reserva Forestal, lo que se convirtió en un obstáculo para consolidar el proceso de reordenamiento en las regiones rurales de conflicto.
Los gobiernos, al interpretar la norma, ignoraron la realidad del conflicto y, en retaliación contra el campesinado de estas regiones, implementaron acciones militares de gran dimensión para expulsarlo de sus tierras. En ningún momento se reconoció la presencia casi centenaria de campesinado en estos territorios. La violenta operación Artemisa, llevada a cabo por el gobierno de Iván Duque, representó la última acción desarrollada de este tipo, militarizando extensas regiones, destruyendo propiedades y criminalizando a líderes campesinos.
El Gobierno del Cambio, con la finalidad de fortalecer la política de reforma agraria, impulsa las ZRC, busca superar este dilema y conflicto que genera en la ruralidad la contradicción entre las dos normas.
Histórica decisión
El campesinado ha planteado la posibilidad de impulsar la medida de sustracción, contemplada en la ley, para fortalecer las iniciativas de figuras territoriales campesinas como las ZRC, pero es un proceso paquidérmico. Sin embargo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y la ministra de Ambiente Susana Muhamad concretaron un verdadero avance para superar esta encrucijada legal al firmar, con la anuencia del presidente Gustavo Petro, la modificación al Decreto 177 de 1996, que reglamenta las ZRC, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Además, amplía el reconocimiento de las dimensiones social, ambiental y política del campesinado y los pueblos étnicos sobre el trabajo de la tierra y el cuidado de la biodiversidad.
El decreto representa una profunda transformación al reconocer en las áreas de las Zonas de Reserva Forestal la presencia histórica de campesinado. Establece la regularización de su ocupación y tenencia, con el compromiso del Estado de acompañar a estas familias en procesos de conservación y restauración. Lo más importante es que brinda la posibilidad de seleccionar, delimitar, reconocer y constituir ZRC dentro de las Zonas establecidas por Ley Segunda.
“Los territorios de hombres y mujeres dedicados al trabajo, producción de alimentos, construcción de territorialidad, llevan décadas pidiéndole al Estado que los reconozca, y que cese la estigmatización y criminalización de la vida campesina. Con la modificación de este decreto, les decimos que este Gobierno ha construido los instrumentos y asumido el compromiso de reconocer al campesinado no solo como sujeto de especial protección constitucional, sino también como guardián y protector de la naturaleza”, señaló, desde Florencia, Caquetá, la ministra Carvajalino, al consumar este crucial hecho político.
El movimiento campesino celebra esta determinación, pero planteó inquietudes frente a la implementación. Así lo expresó, al ser consultado por este Semanario, el líder campesino de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Arnobis Zapata:
“Frente a la resolución creemos, desde ANZORC, que es un gran avance frente a los temas de reconocimiento de campesinos que habitan, incluso en zonas que tienen especial protección ambiental. Pero creemos que toca revisar todo lo que tiene que ver con el régimen de uso de suelos en esas Zonas de Reserva Forestal, porque pensamos que hace rato se perdió la vocación de uso forestal en esas áreas.
»Creemos que es importante garantizar claridades, porque nada hacemos con tener reconocimiento si no se generan las condiciones de vida digna para que las y los campesinos habiten este territorio y puedan hacer sus actividades de economía campesina. Estamos en mora de ello y de revisar también la posibilidad de sustraer las Zonas de Reserva Forestal que ya no cumplen el propósito para las que fueron creadas y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina”.
El Gobierno del Cambio avanza en clave de reconocer a las comunidades que la guerra obligó habitar estas regiones. Por eso, es, además de una deuda de justicia social con las comunidades, un mecanismo para proteger el ecosistema que las familias campesinas han habitado y cuidado. Igualmente, significa escuchar sus voces, que han sido irreductibles: quieren seguir protegiendo la tierra, pero necesitan que el Estado les reconozca su derecho a habitar y trabajar en estos territorios.
