José Ramón Llanos
Todos los ciudadanos de cualquier país que se reclame democrático exigen unas fuerzas armadas respetuosas de los derechos humanos, defensoras de la soberanía nacional y garantes de la inviolabilidad del territorio nacional. Además, todos los integrantes de esos cuerpos armados deben hacer honor a su uniforme, ciñendo sus actuaciones a lo estipulado por las normas legales y constitucionales y los principios éticos impuestos por la cultura humana.
En consecuencia, desde el soldado raso hasta coroneles, generales y almirantes tienen el compromiso y el ineludible deber de tener una acrisolada honestidad, un lenguaje no solo correcto, sino además de gran pulcritud. Deben observar un supremo respeto por todas las instituciones democráticas.
Cuando nosotros examinamos la historia de las fuerzas armadas colombianas, especialmente en los últimos 80 años, encontramos que parte de los oficiales y suboficiales no solo se ha demostrado que trafican, y aun roban los bienes públicos que deben estar al servicio de la institución armada y en beneficio de toda la ciudadanía, sino que ponen las armas de la República al servicio de crímenes de estado, que llaman eufemísticamente el gobierno y los medios de comunicación “falsos positivos”.
Las Fuerzas Armadas, incluida la Policía, infortunadamente han incurrido en repetidas ocasiones en bárbaras acciones contra la población civil. Es de ingrata recordación la llamada policía chulavita, cuyos desafueros están documentados en los libros de historia. Las FARC-EP son la respuesta de los campesinos de Marquetalia y otras zonas rurales a los bombardeos de la aviación nacional, puesta al servicio del Plan Laso, que obedecía a las imposiciones norteamericanas.
El actual proceso de paz, que acaba de recibir el contundente apoyo de la ciudadanía, exige un nuevo ejército, que responda a los intereses nacionales, al servicio del pueblo colombiano. Que haga de la defensa de los derechos humanos un valor fundamental, y se incluya en el contenido primordial de los planes de estudios de los cursos de formación de todos los miembros de las fuerzas armadas.
Para que las fuerzas armadas sean real garantía de la paz, es ineludible que se elimine el viejo ejército, que los integrantes del nuevo ejército no sean educados en los manuales de las fuerzas armadas norteamericanas, que señalan al pueblo como enemigo interno y por tanto debe ser reprimido cada vez que reclama el respeto a sus derechos. El nuevo ejército no debe fundamentar su razón de ser en la defensa de los intereses del empresariado, los latifundistas, la inversión extranjera y los intereses yanquis. Las fuerzas armadas deben apoyar instituciones efectivamente democráticas y gobiernos al servicio de la igualdad económica y social.
