El monstruo de las EPM

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Cañón del río Cauca.

La construcción de Hidroituango en Antioquia es considerada un hito de la ingeniería colombiana. Pero también deja muerte, destrucción de comunidades, desplazamientos e irreparables daños a ecosistemas

Juan Carlos Hurtado F.

El proyecto fue pensado por primera vez a finales de la década de los 60, cuando se realizaron los primeros estudios. Con la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, en la gobernación de Álvaro Uribe, se empieza a desarrollar la obra aunque sin mitigar los impactos, lo que ha producido resistencia de varias comunidades.

VOZ habló con la socióloga e historiadora Isabel Cristina Zuleta, vocera para Antioquia del movimiento Ríos Vivos, quien por ser oriunda de Ituango, estudiosa del tema y haber hecho seguimiento a la obra, ha conocido de primera mano lo que miles de pobladores tienen que soportar para que “la tecnocracia antioqueña” saque el proyecto adelante.

–¿En qué consiste el proyecto de Hidroituango?

–Es el megaproyecto más grande que tiene el país. Pretende generar 2.400 megavatios, que es entre el 17% y 20% de toda la energía de Colombia. Tendría la capacidad del monopolio de la energía. A mi modo de ver es el proyecto energético más politizado, quienes han estado en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia han marcado la historia del megaproyecto. En 2018 debe estar generando energía.

–Si los estudios se hicieron hace tanto tiempo, ¿cómo se retoma la idea para desarrollarla?

–En los años 80 EPM dice que no es viable, no le interesaba. Pero luego con una jugada de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, hacen que las acciones entre la ciudad y el departamento en EPM queden equiparadas. Con la llegada a la gobernación de Luis Alfredo Ramos se dispara el proyecto, su campaña política la hizo con la idea de hacer Hidroituango y realiza una jugada que llamaron “la toma hostil”, donde logró comprarle a los pequeños accionistas su participación. Eso está en investigación por la Procuraduría.

–Pero se dice que el ex gobernador y ex presidente Álvaro Uribe ha sido clave en el desarrollo del proyecto.

–Uribe siempre ha estado detrás del megaproyecto y reinicia su desarrollo en 1997 con la creación de la Sociedad Promotora de Pescadero Ituango. Empieza a promover las masacres en la zona y con él llega toda la arremetida paramilitar, más o menos desde 1995 con su gobernación. Del municipio de Ituango al momento más 17 mil personas han sido desplazadas. Los 12 municipios de impacto del proyecto han tenido desplazamientos en números mayores al 50% de su población. La primera gran masacre se da en Valdivia en el 96 y en La Granja, en Ituango; luego la masacre de El Aro. Es un genocidio. Desocuparon el territorio para la llegada del megaproyecto.

La avanzada paramilitar

–¿Cómo entran los paramilitares a la zona, con qué pretextos?

–Dijeron que se iban a tomar la zona donde estaba una de las retaguardias más importantes que ha tenido la guerrilla, que es el Nudo de Paramillo. Hicieron creer eso. Carlos Castaño anunció mil hombres para acabar con la guerrilla. Esa guerra la ganó la guerrilla porque mató a todos los paramilitares, en hechos ocurridos desde 1995 hasta 2005. Uribe estaba empeñado en desocupar la zona; presta helicópteros y el aparato militar para meter a los paras que no habían podido entrar. Eso se demuestra en una sentencia de la Corte sobre las masacres de El Aro y La Granja.

–¿Sabe cuántas masacres se cometieron?

–He contabilizado 17. La más lamentable fue la que se dio en 2008, en Orobajo -corregimiento que quedará inundado-, donde mataron al último cacique nutabe: don Virgilio. Él era la memoria de ese pueblo indígena. La gente lo tuvo enterrado en el caserío hasta el año pasado que fue sacado en silencio por la Fiscalía y lo entregó este año. Eso generó desplazamiento de la comunidad nutabe que actualmente está hacinada en las laderas de Medellín. A esa comunidad había que hacerle consulta previa, libre e informada y eso nunca pasó. La relación entre paramilitarismo e Hidroituango está siendo investigada por la Fiscalía.

–¿Qué impacto ambiental tendrá la obra?

–Es el megaproyecto que más hectáreas va a afectar; afectará a un bosque seco tropical de los mejor conservados del país. No lo habían tocado porque era una zona de guerra. Es una zona de 26 mil hectáreas con muchísima agua y de gran biodiversidad, 3.800 a inundar, 79 kilómetros de largo. Todos los pasivos ambientales se los han pasado, los han burlado. Es el proyecto que más violencia ha generado y nadie ha tenido la osadía de decirle algo a EPM porque es un monstruo que ha llegado con todo su aparato militar, criminal, financiero y tecnocrático a la zona.

Cambios culturales

–¿De dónde salen los recursos para el proyecto?

–El proyecto se hace con deuda pública, están endeudando al país. Tiene una deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, empieza a endeudarse para realizarlo por un costo de seis mil millones de dólares. Fuera de eso, todo es ejecutado por extranjeros. El Consorcio CCC de Brasil desarrolla las obras más importantes. La empresa pública es intermediaria y solo responderá por los grandes desastres.

–¿Cuántos trabajadores utilizarán?

–En el pico de la obra está pensado para cinco mil trabajadores, en este momento hay tres mil. El pico inicia ahora con la desviación del río, luego con la construcción del muro. Es ahí donde todas las empresas se lucran. Hemos visto que la hidroeléctrica no es un negocio en sí mismo sino lo es por las alianzas que hacen. Las grandes cementeras son las que más se benefician, y efectivamente Argos está allá y le quitó el río San Andrés a la gente. Allá estaban los areneros o paleros que son quienes se dedican a llenar las volquetas y les pagan por eso. Los sacaron porque privatizaron el río y no los dejan entrar.

Los trabajadores no pueden conocer sus propios contratos. El año pasado alrededor de 60 hicieron una protesta por sus condiciones laborales y a todos los echaron. Los encierran en los campamentos y no pueden salir sin autorización de los ingenieros. Trabajan mucho sin pago de horas extras.

Hemos denunciado accidentes donde trabajadores se han partido las piernas y nadie les responde. Hay un impacto negativo porque con el hecho de que los campesinos se vuelvan obreros cambia la vocación productiva de la zona, y solo es por una temporada y luego los echan. El tiempo que duran allá en medio de maltratos y humillaciones es de un mes en promedio. Les dan contratos de dos meses pero la gente no aguanta. Dicen: “A los de aquí nos dan comida podrida y a los que traen de otra zona comida mejor”.

–Aparte del cambio de la vocación productiva de la zona y las nuevas relaciones laborales, ¿qué otros choques culturales han visto ustedes?

–Recordemos que Argos es del Grupo Empresarial Antioqueño, del que también es Bancolombia. Entonces a los trabajadores -muchos de ellos nunca han tenido una cuenta bancaria- les exigen sacar una cuenta en ese banco. Son campesinos que para qué iban a tener una cuenta. Les pagan miserias y les quitan dinero por manejo de cuenta y otras cosas. La gente dice: “cómo así que me cobran por manejo si yo la manejo”. Cargan la tarjeta de la cuenta para todas partes, se les pierde constantemente, es un caos… Es un choque cultural complejo. Es la tecnocracia antioqueña.

–¿Qué estudios de impacto ambiental y social se han hecho?

–Ellos mismos hacen un estudio de impacto ambiental que no es confiable. De sus estudios salen tres impactos positivos y 27 negativos. De los tres dicen que es el empleo, que es un desastre. Las obras de desarrollo, donde dicen que han dado cien millones de dólares para eso, pero gastan más en el boom mediático que en la escuelita. No son obras de desarrollo, es para tapar los impactos reales del proyecto. Primero hay que compensar los impactos que según ellos son 27 y según nuestros estudios son 130. Han violado 17 derechos humanos. Y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Pero hay que ver que las comunidades reubicadas estén bien y contentas. Tampoco es llevarles la energía a comunidades que nunca habían tenido pero que van a ser inundadas, como lo hicieron en Orobajo y Barbacoas. Las comunidades son culturas de río y deben ser reubicadas cerca de uno, pero ellos dicen que no hay río. Se privatizan las aguas de la zona y le quitan los ríos a la gente.

–Si la obra está tan avanzada al punto que ya desviaron el río Cauca, ¿por qué no han reubicado a las comunidades?

–Porque si los reubican con mucho tiempo de antelación, las comunidades van a hacer exigencias que pueden interrumpir el desarrollo de la obra. Es una estrategia. Sólo han ubicado a las dos comunidades más pequeñas y ellos aceptaron, al resto no le han preguntado, les dan dinero. A los trashumantes no los pueden reubicar ni les dejan río.

Al ver hacia arriba de Hidroituango está Cañafisto, otro megaproyecto. Hacia abajo está Espíritu Santo, otro megaproyecto. Más abajo la represa de Tarazá. Es decir, en términos del cañón del río Cauca sí se acaba el río. No han reubicado a alguien pero les dan golosinas, les dan energía, les pintan la escuela a comunidades que van a desaparecer y a eso le llaman obras de desarrollo. Es un desastre.

También hablan del fortalecimiento de las organizaciones sociales de la zona. Pero dicen que es el que menos se va a ver. Porque las organizaciones sociales quedaron diezmadas ya que gran número de líderes fueron asesinados por los paramilitares, acusados de ser guerrilleros. Quedaron muy pocas organizaciones. Dan charlas de capacitaciones a juntas de acción comunal y ya…

–La organización Ríos Vivos, ¿hace cuánto está realizando trabajo con las comunidades de la zona?

–Empezamos con el movimiento hace tres años, cuando con el Esmad empezaron a desalojar a la gente, a los barequeros les quemaron los ranchos, les tiraron las herramientas al río. En un sector de Briceño sacaron a más de 200 personas, en otro sector 100, en un sector de Ituango 100. Ya no eran los paras, era directamente el Estado. En estos tres años nos han matado a dos líderes. Por protestar contra el proyecto 11 estamos judicializados. Estamos amenazados 23.