José Ramón Llanos
La burguesía nacional que ha tenido todas las oportunidades de gobernar —dicho con más precisión, que ha gobernado este país 193 años— debía entender que tiene el deber de darle oportunidad a fuerzas políticas emergentes, a que apliquen otra ética, otras estrategias de desarrollo, diferentes y novedosas formas de organización a nuestra nación. Pero como sabemos que las clases explotadoras no cesan la explotación, por cuestiones morales, estamos seguros que únicamente las movilizaciones sociales y la presión de la FARC en Cuba serán los agentes del cambio en Colombia en esta coyuntura.
Claro que no se trata de “cambiar balas por votos”, como lo afirman el presidente Juan Manuel Santos y sus áulicos y les hace eco la prensa del sistema. No. La cuestión es de más calado y envergadura. Se trata de implantar una auténtica democracia que dé real poder al constituyente primario, que acabe con todas las instituciones generadoras de inequidad y de pauperización material y espiritual del pueblo.
Tiene que ver también con la fundamentación de una reflexiva conciencia política del pueblo que lo habilite para tomar determinaciones que tengan en cuenta sus intereses y la soberanía nacional, no los intereses de la burguesía y de los latifundistas que por casi 200 años han esquilmado a los asalariados del país.
Es necesario, también, destacar que lo que exigen los intelectuales, los políticos progresistas y las FARC-EP, el derecho a participar en la política colombiana, no es un hecho insólito en la historia nacional. Es la forma como la burguesía, desde el siglo XIX, puso término a las numerosas guerras civiles que conservadores y liberales organizaron para tratar de llegar al gobierno cada vez que perdían las elecciones.
Incluso el cruento proceso llamado “La Violencia”, de los años 40 y 50, terminó no sólo con el perdón de los principales responsables, el Partido Conservador y Laureano Gómez, ideólogo, justificador y organizador de la persecución “a sangre y fuego” de liberales, comunistas y demócratas. Además, le encimaron el 50% del gobierno.
Por tanto, la extrema derecha colombiana, principal responsable de las depredaciones e iniquidades que han asolado nuestra patria, no tiene ninguna autoridad moral para oponerse a la legalización de la FARC-EP y a permitir que traten de socializar sus propuestas y programa político. Su oposición es la expresión de sus miedos a perder sus privilegios y su patrimonio obtenido con la violencia, el engaño y las grandes pérdidas del pueblo raso.
Juan Manuel Santos tiene el compromiso de garantizar las condiciones que faciliten el quehacer político de la FARC-EP, los nuevos movimientos políticos, y también al Partido Comunista Colombiano, que perdió su personería jurídica por las leyes antidemocráticas impuestas por las minorías que gobiernan ahora.
