Santos debe abandonar su actitud conciliadora ante la extrema derecha y reconocer que este ejército no garantiza el desarrollo de la política de paz que salga de los diálogos de La Habana, por tanto debe ser sustituido por el ejército que defienda la democracia participativa
José Ramón Llanos
Aunque la extrema derecha a través de su vocero natural, Álvaro Uribe, trine o truene, aunque en La Habana no se negocie o debata la profunda reforma del viejo ejército nacional, este será necesariamente reformado o mejor totalmente reformado. Las razones están plenamente justificadas: las nuevas condiciones de un país empeñado en la convivencia y la paz, con fundamento en el ejercicio pleno de su soberanía, con políticas equitativas y estrenando democracia participativa.
Ante esta realidad, resultan obsoletas, disfuncionales, unas Fuerzas Armadas, formadas casi que exclusivamente para reprimir los movimientos sociales que exigen el reconocimiento de sus derechos y la superación de la exclusión social y las políticas orientadas a defender los privilegios de la clase gobernante.
Con el agravante de que, debido a estímulos equivocados para garantizar su labor represiva, especialmente el ejército, o por lo menos una parte de sus oficiales y suboficiales, terminaron eliminando a jóvenes pobres y presentándolos como guerrilleros muertos en combate. Para colmo de males el país descubrió que esas prácticas de lesa humanidad y otras más denigrantes no son cuestión de individuos equivocados, sino que, por un sentido inmoral de solidaridad, estructuras de jerarquía superior terminaron encubriendo esos desafueros y conductas delictivas. Incluso la Justicia Penal Militar incurrió en esos desatinos, como veremos a continuación.
En sentencia, difundida por medios de toda América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de investigar exhaustivamente la retoma del Palacio de Justicia, condena al Estado colombiano. En su pronunciamiento destaca que la Justicia Penal Militar permitió que se alterara la escena en el levantamiento de los cadáveres, con lo cual “ha impedido el esclarecimiento de los hechos”.
El contenido de la sentencia de la CIDH, infortunadamente, prueba que hubo un encubrimiento institucional para evitar que fueran juzgados y condenados los militares que torturaron y desaparecieron a ciudadanos inocentes y asesinaron a un magistrado, Carlos Horacio Urán.
La contundencia de los hechos anteriores exigen un nuevo ejército. El presidente Juan Manuel Santos debe abandonar su actitud conciliadora ante la extrema derecha y reconocer que este ejército no garantiza el desarrollo de la política de paz que salga de los diálogos de La Habana, por tanto debe ser sustituido por el ejército que defienda la democracia participativa, la equidad y la convivencia que surgirán de los acuerdos entre la insurgencia y el gobierno.
