Nayib Bukele fue reelegido y, según se autoproclamó, ganó con casi el 90 por ciento de los votos depositados en las urnas el domingo 4 de febrero
Redacción internacional
Seis artículos de la Constitución Nacional de El Salvador prohíben expresamente la reelección inmediata de presidentes en ese país. Bajo ninguna circunstancia, dice la norma, un jefe de Estado puede repetir período. Sin embargo, el actual mandatario, Nayib Bukele, fue reelegido, y según se autoproclamó, ganó con casi el 90 por ciento de los votos depositados en las urnas el pasado domingo 4 de febrero.
El hecho se explica en que, con miras a su reelección, Bukele consiguió una mayoría parlamentaria suficiente para cambiar la Constitución, con su influencia logró un concepto favorable a la reelección por parte del Consejo Nacional Electoral y gradualmente fue copando a los diferentes órganos de justicia, además de que contó con el respaldo de la prensa oficialista, que lo acompañó a lo largo de la campaña, que ahora le permitirá gobernar otros cinco años más, en una ejecutoria que defensores de los derechos humanos no vacilan en calificar como dictadura.
En esas condiciones, y en medio de notables irregularidades, los resultados, aun sin el conteo final, arrojan el 83 por ciento de los votos en favor del partido Nuevas Ideas, del actual mandatario, y un 7.1 por ciento para Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, segundo en la votación.
Elección anormal
Expertos constitucionalistas y sectores políticos independientes coinciden en señalar las principales anormalidades que rodearon la campaña:
El presidente no podía legalmente postularse a un segundo mandato; el uso de fondos públicos de manera ilimitada y sin control para la propaganda y la campaña del gobernante; a las Juntas Receptoras de Votos se impidió el acceso de testigos o jueces electorales, previamente capacitados por las autoridades electorales; las elecciones se realizaron bajo un régimen de excepción y durante la jornada se registraron al menos 110 ataques contra la prensa.
Durante la gestión de Bukele aumentaron la pobreza y la migración de personas a otras latitudes buscando una mayor prosperidad. El deterioro de la economía es evidente. La gestión de Bukele se ha ejecutado bajo el imperio del estado de excepción, que aún defiende y que le permitió meter a la cárcel a unas 76 mil personas, muchas de ellas señaladas falsamente de pertenecer a las pandillas de Los Maras.
En ese ambiente de represión, las venganzas personales y los enfrenamientos entre vecinos han llevado tras las rejas a personas denunciadas como mareras, cuando en realidad no son más que víctimas del caos generado por el estado de excepción. Las redadas policiales hacen víctimas igualmente a quienes se sospecha que son o han sido militantes de izquierda o sus simpatizantes.
Es parte de una realidad que apunta hacia la construcción de una dictadura “de nuevo tipo” en los distintos cuerpos deliberativos y ejecutivos del Estado. Este cuadro de control lo completa el hecho, ya reivindicado por el mandatario reelegido, de que el bukelismo obtuvo unos 58 escaños parlamentarios, de 60 que aproximadamente tiene la corporación.
También la Asamblea Nacional (parlamento) fue objeto de una reforma por las mayorías oficialistas, que redujeron de 80 a 60 el número de diputados y se incorporó un sistema de elección que favorece a los partidos mayoritarios, como Nuevas Ideas, de Bukele.
