El Gobierno del cambio se ha propuesto implementar el Acuerdo de Paz, garantizar los derechos campesinos, estimular la compra y subsidio de tierras, optimizar el uso productivo de las mismas y cumplir con la función social y ecológica de la propiedad rural. ¿Qué se necesita para lograrlo?
Fabián Briceño
@ricardosantiz
Es vital que los sectores democráticos puedan centrar todos los esfuerzos en el proceso de creación e implementación de las reformas con la finalidad de garantizar la construcción de un modelo más democrático dentro del mundo rural y con plenos derechos para las personas campesinas, afrodescendientes e indígenas.
A continuación, se mencionarán una serie de elementos que desde el campo popular y técnico deben fortalecerse para cumplir con esos objetivos.
Financiación
Desde el campo popular es necesario reconocer que un elemento determinante será garantizar una adecuada financiación de las políticas públicas agrarias. En esta vía, es ineludible lograr superar el delicado estado de desfinanciación que dejó el gobierno de Iván Duque, especialmente, todo lo relacionado con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, superando su asfixia y avanzando en un nuevo momento de plena ejecución de la Reforma Rural Integral para la profundización de un proyecto democrático.
En esta vía, se debe dar un proceso adecuado de planeación para cubrir de manera pertinente los gastos de las políticas públicas, programas y los proyectos respectivos. Un apropiado “costeo” de estas políticas es un requisito indispensable para la garantía de derechos.
En el anterior gobierno, se realizaban procesos de planeación y proyección de manera arbitraria sin contar con todas las variables de una política pública, sin tener los contextos territoriales y/o regionales, o los procesos comunitarios de control ciudadano a la ejecución de las políticas públicas, ya que esto era visto de manera despectiva y se asociaba a “demoras para la operación”.
Será vital que los nuevos funcionarios que llegan al gobierno del Pacto Histórico tengan presente la importancia de materializar los enfoques territoriales. Por ejemplo, los procesos de intervención no son los mismos en zonas de alta montaña, como en el caso del Sur del Tolima, que en la zona baja de la depresión del Río Cauca en la subregión de La Mojana.
El programa agrario
El reciente anuncio del fortalecimiento presupuestal dentro del sector agrario es un significativo avance, si se tiene en cuenta la esperanza depositada por millones de campesinos que con expectativa esperan avances en el programa del Pacto Histórico.
Este busca garantizar los derechos de las comunidades rurales; la compra de tierras y subsidios para el campesinado, comunidades étnicas y personerías jurídicas; apuestas por el uso productivo de la tierra y que cumplan con la función social y ecológica de la propiedad; propuestas con la meta de avanzar en los procesos de la democratización de la tierra en vía de una reforma agraria real.
El otro elemento clave para el Gobierno del Pacto Histórico es garantizar la financiación del Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural (Resolución 382 de 2021), garantizando el avance en conjunto de los municipios focalizados, que deben ampliarse de 14 a más de los 127 señalados por el Ministerio de la Agricultura, con los criterios de priorización señalados dentro del Plan Marco del Acuerdo de Paz y lo contemplado dentro del PDET que se encuentra dentro del Observatorio de Tierras.
En el marco del desarrollo de la intervención se debe priorizar todo lo relacionado con la recolección de la información predial de las zonas rurales en lo que se ha denominado el Catastro Multipropósito, sin desligarlo del Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, con la finalidad de esclarecer la realidad jurídica/física de los predios (Privados, Fiscales, territorios colectivos, predios pretensión étnica, predios de pretensión de Zonas de Reserva Campesina, entre otros) de acuerdo con los fines misionales contemplados dentro de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
Barrido Predial Masivo
El Gobierno del Pacto Histórico se ha puesto como meta lograr avanzar en el fortalecimiento del Fondo Nacional de Tierras en más de tres millones de hectáreas, no obstante, con la perspectiva que las mismas sea óptimas para la producción y cumplan con los criterios establecidos por el Acuerdo de Paz y la Ley 160 de 1994.
Es pertinente aclarar que lo anterior solamente se logra identificar a partir de la intervención conjunta y la medición por medio de la metodología del Barrido Predial Masivo con fines del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, OSPR, ya que esta información no se puede recolectar solamente, bajo el modelo de oferta, debido a que mucho de los presuntos acaparadores de baldíos no van a manifestarlo de manera voluntaria ante el Estado.
En consecuencia, se requiere fortalecer la implementación de la metodología garantizando la efectiva participación de la comunidad y la ciudadanía buscando optimizar las acciones para la efectiva resolución de los problemas relacionados con la tenencia de la tierra.
Lo anterior requiere que el proceso del Catastro Multipropósito, en cabeza del IGAC, se pueda articular debidamente con las intervenciones realizadas por la ANT, donde se pueda fiscalizar por parte de estas dos entidades el desarrollo de su ejecución.
Por su parte, los procesos de recolección de la información puedan ser debidamente validados por las comunidades de los territorios y se pueda unificar de manera óptima la información, para saber cuáles son los predios que podrían hacer parte de la reforma rural integral.
Derechos campesinos
El desarrollo de esta política es uno de los principales insumos para garantizar un proceso de racionalización del uso del suelo y modernización de las relaciones de tenencia, debido a que Colombia es uno de los países del continente en donde nunca se dio una reforma agraria.
Los intentos y frustraciones de reforma agraria desde el comienzo del siglo XX hasta el reciente proceso de implementación del Acuerdo de Paz, caracterizado por la inoperatividad y la perfidia de las elites, no han permitido el avance de políticas mínimas que logren identificar la realidad jurídica, social y material de los predios.
Lo anterior, requiere de un gobierno decidido con iniciativa para lograr desde el ámbito técnico y político la voluntad para avanzar en este proceso. Dejando de lado el lastre y la captura del tecnicismo neoliberal y uribista que durante las últimas décadas han capturado las instituciones, volviéndolos fortines políticos, sin permitir el más mínimo avance en el reconocimiento de los derechos campesinos.
