Una familia colombiana le pide al jefe de Estado que no extradite al firmante de paz Aldemar Soto Charry, exguerrillero, campesino y cabeza de hogar. El caso anónimo evidencia los entrampamientos orquestados por la DEA y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para hacer trizas el Acuerdo de Paz
Juan Guillermo Soto Medina
Señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Mi nombre es Juan Guillermo Soto Medina, músico y periodista de la ciudad de Neiva. A nombre de mi familia quiero pedirle, respetuosamente, que no extradite a mi padre, Aldemar Soto Charry, exmilitante de las antiguas FARC, firmante del Acuerdo de Paz de La Habana, acusado por narcotráfico y entrampado miserablemente por la DEA y por la Fiscalía General de la Nación. Brevemente le hablaré del caso.
Mi padre se llama Aldemar Soto Charry, identificado con cédula número 12.117, de la ciudad de Neiva. Es un campesino del Huila y excombatiente de las antiguas Farc, firmante del Acuerdo de Paz. Salió de la cárcel en 2017 gracias a la amnistía de la que fue beneficiado producto del proceso.
Perfidia al Acuerdo de Paz
Mientras intentaba rehacer su vida en el marco de la legalidad y a la espera del llamado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para rendir su versión sobre su participación en el conflicto armado, fue víctima de una trampa, de un plan orquestado por la DEA (en alianza con la Fiscalía General de la Nación) para acusarlo de narcotraficante, como también se ha hecho con otros excombatientes.
Fue una constante durante el gobierno de Iván Duque, por parte de las personas que a toda costa han querido fracturar el Acuerdo de Paz de La Habana: asesinar a excombatientes o culparlos de narcotráfico para así entramparlos y extraditarlos.
Mi padre jamás ha traficado con droga. Nunca ha enviado cocaína u otro tipo de sustancias a los Estados Unidos ni a ningún otro país; tampoco tiene conocimiento ni nexos con grupos que se dediquen a ello (sus finanzas en cero, y los limitados ingresos económicos de mi familia, así lo evidencian. De hecho, invito a la JEP, a la Fiscalía, la Contraloría o a cualquier otra instancia, a que investigue sus finanzas y las de mi familia, y encontrará los ingresos y deudas de una típica familia colombiana estrato dos).
El “amigo”
Cuando salió de la cárcel, su vida se limitó a cumplir con los requerimientos y compromisos con la JEP, a compartir con su familia (después de casi 20 años de separación), y a esperar los recursos prometidos por el Gobierno para poder sembrar fríjol en el campo.
La esperanza de una nueva vida se vio truncada cuando apareció un “amigo” que mi padre tuvo en la cárcel, “amigo” que resultó ser un agente de la DEA. Esta persona lo buscó para “ayudarlo”, instigarlo a negociar con droga. Eso mismo hizo con otras personas. Mi padre nunca accedió. Aun así, fue incriminado.
Mi padre es un campesino, exmiliciano, que no ha sido escuchado por la JEP, ni para rendir su versión de los hechos en torno al conflicto armado colombiano, ni para defender su inocencia en torno a lo que hora se le acusa; que no tiene pruebas en su contra (además la DEA nunca envió las supuestas pruebas que tiene) y lo más importante, que sigue comprometido en su empeño de aportarle a la verdad, justicia y reparación para con las víctimas del conflicto armado.
Palabra y diálogo
El caso de mi padre no es el único. Ya son muchas las pruebas que lo demuestran, como bien lo evidenció la Comisión de la Verdad en su reciente informe llamado ‘Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia’, o los apartados ‘Contexto y patrones de la violencia contra exguerrilleros de las FARC-EP entre 2017 y julio de 2022’ e ‘Inseguridad Jurídica como incumplimiento’, en donde cabe mencionar el caso de Jesús Santrich y las innumerables pruebas que ratifican la intención de la DEA de incriminarlo.
Señor presidente: Mi familia y yo hemos apoyado el proyecto político del cambio. No solo creemos que este es posible, sino que a diario ponemos nuestro granito de arena para ello. Mi padre también cree en el cambio, en el derecho que tenemos como sociedad a vivir en paz.
Pese a que, durante su proceso de reincorporación en la vida civil, recientemente, se le ha querido culpar de narcotráfico (siendo inocente) y se le quiere extraditar, sin pruebas, sin ser escuchado; pese a que se le vulneró su derecho a un debido proceso, y de paso el derecho de las víctimas del conflicto armado a conocer la verdad de lo ocurrido y las razones detrás de los terribles hechos, sigue en su firme propósito de aportarle verdad, justicia y reparación a este proceso de paz.
Él y nosotros conservamos la esperanza que todos los colombianos podamos vivir en paz, enfrentando nuestros conflictos con la palabra y con el diálogo. Él y nosotros confiamos en la justicia y confiamos en usted.
Septiembre 2 de 2022. Neiva, Huila.
